La declaración que realizó hace unos días el arzobispo Ángel Rossi sobre el daño que está causando en la sociedad el juego “on line” fue descarnada: “Córdoba le puso un casino en el teléfono a cada chico”.
Esa aseveración del líder de la Iglesia de Córdoba se parece mucho, en cuanto a su impacto político, a otra que lanzó como advertencia en marzo de 2023. Aquella refirió a otro flagelo incontrolable: el avance del narcotráfico, y de la criminalidad asociada a ese negocio en la provincia. Así lo planteó Rossi en aquel momento: “Solemos decir que esto no es Rosario; no es Rosario todavía. Estamos en un momento en el que casi depende de nosotros que esto no sea Rosario, pero si nos descuidamos, va a ser Rosario en tres meses, o ya lo es, y será más descarado a la vista”.
El avance de los sitios de apuestas –los habilitados y los ilegales– no es un problema que sólo atañe a Córdoba. Su expansión y propagación los convierten en una epidemia de carácter nacional, agravada, además, por la incidencia que está teniendo entre los menores de edad, que adquieren la adicción a apostar bajo la trampa de que se trata de un “juego”.
Sólo basta asomarse a la realidad de cualquier colegio o escuela para advertir que el fenómeno explotó en el último tiempo. Hay docentes azorados por la conducta de muchos de sus alumnos. En los grupos de WhatsApp de padres con hijos en esos establecimientos el drama se metió de lleno en la conversación.
Desde el año pasado, el Estado provincial, a través de la Lotería, otorgó licencias para la explotación de esos juegos y apuestas a cuatro empresas.
La discusión parlamentaria que habilitó el juego “on line” fue un verdadero escándalo. Se votó sobre el cierre del año 2021, en medio de las Fiestas. El proyecto contó con el respaldo de los legisladores oficialistas, que en ese momento respondían al gobernador Juan Schiaretti, aunque la iniciativa corrió por cuenta del por entonces jefe de bloque de Juntos por el Cambio, Orlando Arduh.
Legisladores del PRO también firmaron el proyecto que se convirtió en ley por decisión del PJ. El llaryorismo le corre el cuerpo a la responsabilidad de lo votado en aquel momento. “A este negocio no lo pueden cargar en nuestra cuenta”, se ataja un oficialista con despacho en el Panal.
Más allá de la responsabilidades políticas de haberle abierto las puertas al juego “on line” al legalizarlo, lo concreto es que se trata de un fenómeno al que es muy difícil ponerle freno. “Si Córdoba no lo legalizaba, el problema iba a estar igual. Las páginas truchas existen y hay cada vez más, y además desde acá se puede jugar en cualquier sitio habilitado en el resto de las provincias”, aporta otra voz conocedora de la actividad.
El problema del problema
La presión que ejerce la Iglesia al poder político con declaraciones como las formuladas por Rossi es muy fuerte. En el Gobierno provincial no cayeron bien esos dichos. Hay molestia porque el arzobispo remarcó que fue “Córdoba” –en referencia al Estado provincial–, el que le puso un casino en los celulares a los chicos. Rossi no faltó a la verdad, ni exageró.
Antes de esta última contundente expresión del religioso, el gobernador Martín Llaryora ya había ordenado “hacer algo” con el tema. En la Legislatura, el bloque oficialista presentó un proyecto que tiene como objetivo intentar restringir el acceso de los menores de edad a los sitios, reducir el nivel de publicidad de esos portales y una serie de acciones que buscan concientizar sobre los riesgos que encarnan las apuestas. El interbloque de Juntos por el Cambio tiene presentado un proyecto que va en el mismo sentido. Encuentro Vecinal está en alerta por el mismo tema. El bloque del Frente Cívico, en cambio, planteó directamente la derogación de la Ley 10.793. Ese proyecto que recién tomará estado parlamentario la semana que viene, amenaza con generar un fuerte revuelo en la Unicameral.
En el oficialismo acusan a los juecistas de “demagogos”. Aseguran que plantear la rotura de los contratos con las licenciatarias sólo le generaría pérdidas millonarias a la Provincia. “Cortás las concesiones, pero la gente que quiera seguir apostando lo hará en otras provincias. Esa no es la solución”, retrucan desde el bloque peronista.
Sin una ley nacional como marco general para desde ahí accionar de manera más articulada, parece imposible estructurar un esquema que tenga algún nivel de impacto en los 24 distritos.
Al margen de lo que expresan en público, todos los actores involucrados reconocen en privado que es poco lo que se puede hacer para frenar el avance de las apuestas entre los menores de edad. Se trata de un lamentable reconocimiento de que la batalla está perdida.
Ganó el negocio. Cobra la banca. Perdió la mayoría.
