“La empresa Ersa recibirá los SUBSIDIOS correspondientes a los aportes estatales del servicio ejecutado por Tamse, por las líneas objeto del presente acuerdo”.
Este párrafo, que pertenece al artículo 6 del acuerdo colaborativo firmado por las autoridades de la empresa privada de transporte Ersa y la estatal capitalina Tamse en diciembre de 2022, es la “prueba” que el juecismo presentó ante la Justicia federal para denunciar la presunta comisión del delito de defraudación contra el Estado nacional por el desvío de subsidios durante la pasada gestión municipal del hoy gobernador Martín Llaryora.
Con esta denuncia, el senador nacional Luis Juez volvió este miércoles a los tribunales después de una larga pausa que se había autoimpuesto en los últimos años. Se trata de la primera acción directa en contra de funcionarios llaryoristas.
Su última presentación judicial data de 2019, antes de los comicios provinciales en los que Juan Schiaretti logró su reelección. Junto con Mario Negri y Héctor Baldassi –la fórmula provincial de Córdoba Cambia en aquel año–, Juez pidió que se investigara una denuncia contra Manuel Calvo –entonces candidato a vice del PJ– que había formulado el abogado Marcelo Touriño.
“Ya guardé el Renault 12 con el que denunciaba; estoy en otra etapa”, decía el líder del Frente Cívico el año pasado, cuando en la campaña provincial intentó mostrar un cariz distinto, más componedor y alejado del perfil denunciador que lo hizo irrumpir en la política en 2002 tras ser echado por José Manuel de la Sota de la extinta Fiscalía Anticorrupción, cuando incomodó judicialmente al más alto nivel del poder peronista.
El fiscal federal Enrique Senestrari quedó a cargo de la denuncia realizada este miércoles por Juez. Antes de comenzar a investigar, el funcionario deberá establecer si la denuncia es de su competencia. “Si los fondos llegaban directos desde Nación, nos compete; en cambio, si hubo algún otro trámite administrativo que incluyó a la Provincia, la situación cambia”, explicaron desde la fiscalía. El camino de los subsidios nace en Nación, pasa a las provincias y de allí a las empresas.
En la unidad judicial, también dijeron que la información aportada en la denuncia “a priori no demuestra un acto evidente de corrupción”. “Tenemos que comenzar a investigar para determinar si hubo o no delito”, fueron cautos cerca de Senestrari. Este fiscal federal le trae malos recuerdos al juecismo. Senestrari fue quien investigó una denuncia por un servicio gastronómico que contrató el Frente Cívico a un grupo de militares que cocinaron un locro en un acto partidario de Juntos por el Cambio. Por ese hecho, el fiscal allanó la Casa Radical el año pasado.
“Si la ‘guita’ (de los subsidios) entró a Ersa y no a Tamse, como deben marcar los balances, el hecho está probado. Es muy sencillo lo que pasó: Ersa cobró subsidios por un servicio que prestó Tamse. ¿Adónde fue esa plata?”, aseguran y se preguntan cerca de Juez.
Defensa y “pescadería Bermúdez”
En la Municipalidad de Córdoba, niegan que exista irregularidad alguna. Explican que los fondos quedaron dentro de las líneas de colectivos en las que Ersa prestó servicio hasta que dejó la concesión, el 1º de marzo de este año. También aseguran que los $ 1.500 millones que calculó el juecismo en la denuncia y por los que pidió explicaciones surgen de cálculos inexactos.
Tanto en el Centro Cívico como en la Municipalidad aseguran que Juez “compró pescado podrido”. Y apuntan al exfuncionario Gabriel Bermúdez como el dueño de la “pescadería”. El llaryorismo cree que el exsecretario de Transporte echado por el actual intendente Daniel Passerini, luego de ser denunciado por una mujer por un presunto abuso sexual, le está pasado factura al oficialismo por no haberlo sostenido en el cargo.
De ser cierto el supuesto complot, sin embargo, no despeja en absoluto las dudas acerca de si se cometió o no un acto ilegal desde la administración capitalina.
La denuncia, por ahora, sólo tiene al Frente Cívico como promotor. Ni el radicalismo ni el PRO son parte de la movida. Juez dijo que sus concejales de la Capital seguirán alimentando la causa de aquí en adelante.
El juecismo apunta a la Tamse como foco de presunta corrupción en la pasada administración capitalina de Llaryora. Los concejales aseguran que, bajo el paraguas de las emergencias, el oficialismo esconde los balances de la principal empresa estatal que maneja el municipio. Marcelo Rodio, uno de los denunciados por Juez, fue el responsable de Tamse en la Capital. Conocido como uno de los fieles de la primera hora del llaryorismo, es ahora secretario de Transporte de la Provincia. Para el juecismo, Rodio es un eslabón circunstancial. El foco está puesto en Llaryora.
Esa oposición dura había sido adelantada por Juez apenas perdió los comicios el año pasado. La muestra más evidente de esa conducta se corporiza en el Tribunal de Cuentas, controlado desde el 10 de diciembre por el Frente Cívico.
El oficialismo denunció que “Juez busca paralizar la gestión” de Llaryora “poniendo trabas” en el avance de la obra pública y en otras áreas del Gobierno.
Mientras coquetea cada vez más fuerte con el presidente Javier Milei, Juez volvió a poner en marcha el Renault 12, y, con él, la denuncia. Toda una señal de alerta para Llaryora y el peronismo.
