En cinco horas, la oposición le mostró los dientes al “partido cordobés” que diariamente trata de alimentar el gobernador Martín Llaryora. A las 4.56 de la madrugada del jueves, el oficialismo tuvo que recurrir al desempate en la Legislatura para salvar la ley de apuestas online que se gestó durante el schiarettismo.
Cinco horas después, a las 10 de la mañana de ayer, los dos principales dirigentes opositores provinciales, Luis Juez y el radical Rodrigo de Loredo, fueron a la Legislatura a pedir el juicio político contra el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
En pocas horas, la oposición le apuntó a lo que considera dos puntos débiles de la gestión llaryorista: los efectos negativos que produce el juego online y los problemas de inseguridad que golpean a los cordobeses.
El radicalismo y el juecismo consideran que ambas cuestiones no están terminadas y que atravesarán hasta las próximas elecciones a gobernador en el lejano 2027, según el cálculo electoral que hacen los dos principales espacios opositores.
La conferencia en conjunto de Juez y De Loredo también trató de ser una señal política para el escenario provincial. En medio del trabajo constante que hace el oficialismo para sumar a dirigentes radicales y del PRO al “partido cordobés”, el excandidato a gobernador y el excandidato a intendente capitalino se mostraron juntos.
Cambio de postura
Juez hace tiempo que viene machacando contra su examigo el ministro Quinteros. Y los legisladores juecistas hace meses que presentaron un proyecto para pedir la derogación de la ley del apuestas online.
Las críticas del senador nacional por ambos temas no sorprendieron. El que cambió de actitud sobre ambas cuestiones fue el radicalismo que lidera De Loredo.
Los legisladores radicales habían presentado un proyecto para mejorar el control de las apuestas digitales. Pero el miércoles se plegaron al pedido del juecismo de pedir directamente la derogación de la norma vigente, aprobada el 29 de diciembre de 2021.
Mientras, los juecistas también venían enarbolando un pedido de juicio político al ministro Quinteros.
El radicalismo provincial, que quedará en manos del deloredista Marcos Ferrer, se sumó a la embestida contra el ahora funcionario llaryorista y exjuecista.
Para este cambio de actitud del radicalismo, habría incidido la embestida del PJ contra De Loredo. La semana pasada, cinco diputados radicales colaboraron para sostener el veto presidencial a la ley de movilidad jubilatoria.
A través de las redes sociales y de los medios, legisladores peronistas responsabilizaron directamente a De Loredo por no haber sostenido la norma que garantizaba un aumento del alrededor del 8% a los jubilados nacionales.
De los diputados radicales cordobeses, Luis Picat fue el único que se plegó a los “87 héroes”, como llamativamente denominó el presidente Milei a quienes ratificaron el veto.
De Loredo reiteró su voto a favor de la movilidad jubilatoria, de la cual fue uno de sus impulsores.
Según admiten en su entorno, al diputado radical le dolió la campaña en su contra que gestó el PJ local.
Ningún deloredista admitirá que aquellas críticas en los medios y en las redes sociales de los peronistas, que incluyeron pasacalles frente a la Casa Radical, fueron el motor para plegarse a la embestida de Juez contra la gestión llaryorista, pero algo de eso hubo.
Ante este pedido de juicio político, que no prosperará en la Legislatura, Quinteros tiene la certeza de que el gobernador no le soltará la mano. De Loredo y Juez también están seguros de que seguirán cuestionando al ministro de Seguridad.
