El Frente de Todos buscará trazar la hoja de ruta del juicio político contra la Corte Suprema de Justicia y propondrá citar a los primeros testigos, mientras que Juntos por el Cambio intentará evitar “excesos” en el proceso y planteará su propia lista de convocados, entre los que figura el ministro de Economía, Sergio Massa.
La Comisión de Juicio Político, que preside Carolina Gaillard, volverá a reunirse este jueves a las 11, luego de que el oficialismo aprobara, con mayoría propia, la apertura del proceso que busca destituir a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
La idea del oficialismo, según confió a este medio una alta fuente del bloque, es proponer un cronograma inicial de “tres o cuatro reuniones” (que se extenderán más allá del período extraordinario) y citar a los primeros testigos para el próximo encuentro, que podría concretarse el viernes 24.
En el bloque oficialista reina el hermetismo respecto de quiénes serán los primeros convocados. El listado que figura en el proyecto de resolución es amplio y va desde los gobernadores que rechazan el fallo sobre la coparticipación que favoreció a la Ciudad de Buenos Aires, hasta el ministro de Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D’Alessandro, y el colaborador de Rosatti, Silvio Robles, ambos protagonistas de los chats filtrados que el oficialismo ofrece como prueba del mal desempeño de los jueces.
También figuran entre los más de 40 testigos propuestos el ministro del Interior, Eduardo “Wado” De Pedro; el procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el exjuez de la Corte Eugenio Zaffaroni; el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla; organismos de esa área, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo; numerosos funcionarios y empleados de la Corte; y juristas.
La posición de Juntos por el Cambio
Los diputados de Juntos por el Cambio que integran la comisión, con el “lilito” Juan Manuel López a la cabeza, mantuvieron este miércoles un encuentro presencial y otro por Zoom, y acordaron solicitar la presencia de Massa en la comisión, en calidad de testigo. La excusa formal es el fallo de la Corte vinculado a la coparticipación porteña, aunque también es una forma de acorralar al ministro para que blanquee su posición sobre el juicio político.
Juntos por el Cambio también solicitará la presencia del directorio completo del Banco Nación y reforzará el pedido para que concurran De Pedro y los gobernadores. De todas maneras, el interbloque carece de mayoría numérica en la comisión para imponer sus decisiones, ya que el Frente de Todos tiene 16 integrantes sobre 31.
Si bien todavía hay voces que sugieren vaciar la comisión para no prestarse a lo que llaman un “circo”, de momento gana la postura de “no ceder el micrófono” al Frente de Todos y sentarse a dar la discusión, aunque siempre esperando que sea el oficialismo el que junte el quórum.
“Todo depende del volumen que le quieran dar al tema y de las herramientas que quieran desarrollar. Que no quieran cometer ninguna locura, como pedir un cruce de llamadas telefónicas”, dijo un encumbrado diputado de Juntos por el Cambio.
Los cuatro jueces acusados, en tanto, también serán citados a la comisión para hacer su descargo y ejercer su derecho a defensa, aunque pueden presentar un escrito, a diferencia de los testigos, quienes (según coinciden distintas fuentes de la comisión) tienen la obligación de asistir.
De todos modos, los ministros de la Corte serán convocados recién al final de la etapa probatoria, según lo establece el reglamento de la comisión. “Reunidas las actuaciones sumariales se citará al denunciado a fin de que, si así lo considera, informe a la comisión sobre los cargos formulados, agregándose al expediente la versión taquigráfica de la declaración”, reza el artículo 13.
El mismo artículo indica que “también podrá el denunciado presentar un informe escrito, el que se agregará a lo actuado”, y agrega que “la incomparecencia o inacción del denunciado no constituirá impedimento para la prosecución de las actuaciones”.
El eje de la acusación contra los jueces supremos son los fallos sobre la coparticipación porteña, el Consejo de la Magistratura y el cómputo del “dos por uno” de las penas por delitos de lesa humanidad, además de supuestos desmanejos en la obra social del Poder Judicial.
