El fiscal Carlos Stornelli, citado por el Frente de Todos para declarar en el marco del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, no concurrió a declarar este martes y alegó que podía testimoniar por escrito. Pero el oficialismo volverá a citarlo y, si se niega a asistir, pedirá su desafuero para llevarlo por la fuerza pública.
Así lo decidió el bloque del Frente de Todos, que volvió a imponer su mayoría numérica en una nueva ronda testimonial del proceso donde se acusa a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda por presunto mal desempeño y comisión de delitos.
Stornelli fue citado por haber aconsejado archivar la causa de los chats filtrados entre el colaborador de Rosatti, Silvio Robles, y el ministro de Justicia porteño, Marcelo D’Alessandro, con el argumento de que la filtración fue producto del espionaje ilegal. En base a ese dictamen, el juez Sebastián Ramos cerró la causa.
El fiscal le envió una nota al procurador Eduardo Casal en la que se amparó en el artículo 63 de la Ley del Ministerio Público para sostener que podía declarar por escrito. Pero la presidenta de la comisión, Carolina Gaillard, consideró que esa ley “es inoponible” porque “habla de la posibilidad de declarar por escrito ante tribunales”.
“Como esta comisión no es un tribunal, no procede esa excepción”, afirmó la diputada oficialista, antes de informar que volverán a convocar a Stornelli y, si se resiste por segunda vez, solicitará su desafuero ante el Ministerio Público Fiscal con el fin de trasladarlo a la comisión por la fuerza pública.
El Frente de Todos se amparó en el reglamento interno de la comisión, que obliga a los testigos a comparecer personalmente (salvo el presidente, el vice y los gobernadores). “Si no tiene nada que ocultar y puede contestar preguntas acerca de hechos de su conocimiento, debe hacerlo”, asestó Gaillard.
Pero, desde Juntos por el Cambio, el jefe del bloque de la Coalición Cívica, Juan Manuel López, advirtió que “no corresponde aplicar el reglamento en este caso” sino la Ley del Ministerio Público y el Código Procesal Penal.
“El fiscal ha dicho que presta declaración, no que es reticente a declarar, solo que va a usar la prerrogativa de declarar por escrito”, diferenció López, y acto seguido denunció una “vendetta” contra Stornelli, fiscal a cargo de causas como Hotesur y “cuadernos”: “Quieren hacer un escarnio público de fiscal cuando tiene la opción de declarar por escrito”.
El kirchnerista Rodolfo Tailhade le salió al cruce: “Plantear la no aplicación del reglamento interno de la comisión en la quinta reunión es improcedente. Perimió cualquier plazo para cuestionar el reglamento, que es la norma con la que arrancamos desde el primer minuto y tiene rango constitucional”.
Desde el PRO, Silvia Lospennato volvió a denunciar una “excursión de pesca”. “Seguimos juntando pruebas de que esta comisión funciona de manera ilegal. Convocan a personas a las que denominamos testigos, en muchos casos para hablar de temas sobre los que no tienen conocimiento, para hostigarlas”, lamentó.
Juicio a la Corte: falso testimonio
El Frente de Todos aprobó, con mayoría propia, remitir a Comodoro Py las actuaciones por presunto falso testimonio del juez Sebastián Ramos, quien al declarar el 23 de febrero negó tener “algún vínculo sistemático” con D’Alessandro y Robles, mientras casi en simultáneo se filtraba una nueva conversación entre el juez y el funcionario porteño, donde se infiere una supuesta devolución de favores. Juntos por el Cambio votó en contra.
Como contrapartida, el macrista Pablo Tonelli impugnó y pidió que sea desechado el testimonio del juez federal Alejo Ramos Padilla por “mentir bajo juramento”, al haber declarado que fue sometido a un “juicio político” en el Consejo de la Magistratura por su actuación vinculada a la causa del falso abogado Marcelo D’Alessio, cuando en realidad, según Tonelli, fue solo una investigación preliminar. La propuesta no prosperó.
Juicio a la Corte: contra Lorenzetti
El testigo principal de la jornada de este martes fue Mario Cimadevilla, quien integró el Consejo de la Magistratura entre 2010 y 2014 en representación de la UCR, y fue citado a pedido de la Coalición Cívica para declarar contra Ricardo Lorenzetti por supuestas irregularidades en el manejo presupuestario cuando presidió la Corte.
“La Corte manejaba un fondo anticíclico que, frente a todas las carencias que tenía el Poder Judicial en materia de infraestructura, en materia edilicia y de personal, creo que tenía un plazo fijo ultramillonario que no se sabía cuál era el destino que le daban”, declaró Cimadevilla ante las preguntas de la diputada Paula Oliveto.
El exconsejero denunció que entre 2008 y 2009 hubo un “debilitamiento del control de la utilización de los recursos”. “Nos costó mucho conseguir información financiera. Nunca pudimos saber cuál era el control en detalle del manejo presupuestario del Poder Judicial”, reveló.
