En una nueva ronda testimonial del juicio político a la Corte Suprema de Justicia, el Frente de Todos insistió con la hipótesis de que la denominada “mesa judicial” del gobierno de Mauricio Macri operó para lograr el polémico fallo del “2x1″, que beneficiaba a represores y fue puesto como causal para destituir a los magistrados.
Los cuatro exfuncionarios macristas que habían sido citados para responder sobre ese tema pegaron el faltazo: el exministro de Justicia y Derechos Humanos, Germán Garavano; quien fuera su segundo, Santiago Otamendi; el exjefe de asesores de Macri José Torello; y el operador Fabián “Pepín” Rodríguez Simón, que se encuentra en Uruguay prófugo de la Justicia.
Tanto Garavano como Otamendi pidieron posponer su declaración y adujeron que se encuentran de viaje, mientras que Torello, actual senador nacional del PRO, se negó a asistir amparándose en sus fueros y argumentando que en caso de testificar, quedaría “inhabilitado” para juzgar en el Senado si la acusación prospera en Diputados.
El Frente de Todos volverá a citar al exfuncionario macrista y, si se reitera la inasistencia, le pedirán a la vicepresidenta Cristina Kirchner que lo sancione. “Tiene la obligación de comparecer porque ha sido citado como testigo, no como imputado”, justificó Gaillard a pesar del rechazo de Juntos por el Cambio, expresado por Juan Manuel López (Coalición Cívica).
En tanto, Rodríguez Simón quedó a un paso de ser extraditado a la Argentina: mientras transcurría la reunión de comisión, se conoció que la Corte Suprema de Uruguay rechazó el pedido de asilo político de “Pepín”, prófugo hace más de 800 días y con pedido de captura de Interpol.
Fallo del “2x1″
El eje de la reunión de este martes fue el fallo del “2x1″, dictado en mayo de 2017, que permitía reducir la pena de prisión para condenados por delitos de lesa humanidad. Ese fallo se basó en una ley sancionada en 1994 y derogada en 2001, que establecía que después de los primeros dos años de prisión preventiva, cada día de prisión se computaría doble.
La Corte falló de esa manera ante un pedido de Luis Muiña, un civil condenado por la desaparición de trabajadores del Hospital Posadas durante la última dictadura militar. La sentencia fue firmada por Carlos Rosenkrantz, Elena Highton y Horacio Rosatti, quienes se basaron en el principio de ley penal más benigna, mientras que Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda votaron en disidencia.
La hipótesis del Frente de Todos es que existió una negociación entre la “mesa judicial” del gobierno de Macri y Rosenkrantz para asegurarse el apoyo de Highton, cuyo voto fue el que definió. La jueza estaba próxima a cumplir los 75 años y había presentado un amparo para seguir en el cargo.
En ese momento Otamendi, exsecretario de Justicia, dio la orden de no apelar el amparo de Highton “en aras de evitar un dispendio jurisdiccional innecesario”, según consta en la nota. Para el Frente de Todos, el Ministerio conducido por Garavano le dio la derecha a Highton a cambio de que votara a favor del “2x1″.
Por ese motivo testificó este martes Horacio Diez, quien fue director de Asuntos Jurídicos del Ministerio y recibió la orden de Otamendi. Diez dijo no recordar “haber recibido ninguna indicación especial” de sus superiores sobre el tema, e interpretó que esa decisión estuvo “alineada con la doctrina del precedente Fayt”, quien continuó en la Corte después de los 75 años.
También declaró Federico Morgenstern, que como integrante de la vocalía de Rosenkrantz intervino en la elaboración del fallo del “2x1″. “No tengo idea de nada extrajurídico. Mi experiencia en la Corte trabajando con el caso Muiña desmiente la cosa espuria que ustedes están insinuando”, descartó. Reconoció que en ese momento se reunió dos veces “a solas” con Highton, pero se negó a revelar qué hablaron.
El oficialismo insistió en su teoría. “Llamativamente el Ministerio de Justicia no apeló el amparo de Highton, y cuando queda firme, se cambia la doctrina con el fallo Schiffrin, que estuvo retenido en la vocalía de Rosenkrantz hasta que quedara firme lo de Highton. Hubo una política para llevar adelante beneficios a represores orquestada entre el Poder Ejecutivo y la Corte”, concluyó Gaillard.
También brindaron su testimonio en la comisión Gladys Cuervo, secuestrada en noviembre de 1976 dentro del centro clandestino montado en el Hospital Posadas; y Zulema Chester, hija de Jacobo Chester, otro trabajador de ese centro de salud que fue secuestrado y asesinado a manos de la “patota” de Muiña.
