Un grupo de jubiladas y jubilados provinciales del interior comenzaron un nuevo proceso de recolección de firmas para presentar un proyecto de ley como Iniciativa Popular, que tiene como objetivo reformar distintos aspecto de las normativas vigentes que rige para el sector pasivo provincial.
Esta iniciativa es impulsada por un grupo de jubiladas docentes, la mayoría del interior provincial, que febrero pasado presentaron en la Legislatura provincial el aval de 36.055 firmas para modificar la ley de jubilación provincial.
Sin embargo, el departamento de Legales de la Legislatura rechazó el pedido, con el argumento de que las firmas no estaban certificadas por ningún poder público.
Antes esa situación, desde la semana pasada, este grupo de jubiladas, a las cuales se sumaron otros jubilados de distintas localidades, comenzaron nuevamente con el proceso de recolectar avales certificados para la Iniciativa Popular.
Luego de reunirse con la jueza electoral provincial Marta Vidal, las impulsoras de la iniciativa coordinaron las comisarias y los juzgados de paz de cada localidad y ciudad, para que certifiquen los avales de los adherentes a la propuesta.
Según lo establece la ley que rige para la Iniciativa Popular, los proyectos deben llevar el aval de un porcentaje del padrón electoral provincial (8x1.000).
En este caso, los promotores de la medida deberán conseguir 24.500 firmas certificadas, para que la Legislatura provincial se vea obligada tratar el proyecto para modificar la actual normativa que rige para el sector pasivo provincial.
En síntesis, el proyecto de ley que impulsan las jubiladas y jubilados provinciales exigen el cobro del 82%, que se elimine el diferimiento para el cobro de los aumentos de los activos; la eliminación del descuento del aporte solidario establecido en el Artículo 58; garantizar la participación de los jubilados y los gremios estatales en la conducción de la Caja de Jubilaciones y el mejoramiento de la atención y prestaciones de la Apross para los jubilados provinciales.
Si se juntan las firmas que determinó la jueza electoral, obligaría a que el proyecto sea tratado por la Comisión de Previsión y Trabajo de la Legislatura.
En la presentación que realizaron en febrero pasado, todos los bloques opositores se comprometieron a apoyar la iniciativa. Aunque las jubiladas que se hicieron presentes en aquel momento en la Legislatura, remarcaron que la iniciativa “no tenía ninguna connotación política-partidaria”.
María del Carmen Robbiati, es una de las jubiladas que impulsa el proyecto. Admitió que es difícil conseguir la certificación de las firmas en las comisarías y Juzgados de Paz, pero aseguró que ya llevan 9.000 avales, en dos semanas de trabajo en el interior.
“En primer lugar, quiero destacar la predisposición de la jueza electoral Marta Vidal, quien nos brindó toda la información para que la Iniciativa Popular ahora esté avalada por firmas certificadas. También estamos recibiendo mucha colaboración de las 132 comisarias de toda la provincia, donde los ciudadanos tienen que ir a firmar las planillas”, afirmó Robbiati, una docente jubilada de la ciudad de Alta Gracia.
La iniciativa partió de un grupo de jubiladas del interior, además de Robbiati, también la impulsaron Adriana Carranza (Las Varillas); Griselda Crespi (Río Cuarto); Alicia Monje (Río Cuarto); Zulema Biolatto (Porteña) y Amalia Piana (Córdoba Capital).
Sobre las posibilidades de que la modificación a la ley provincial se apruebe en la Legislatura, Robbiati se mostró optimista, aunque se sabe que el oficialismo que responde al gobernador Martín Llaryora no apoyará la iniciativa.
“Sabemos que no será fácil. Pero los votos en la Legislatura están ajustados. Confiamos en que si presentamos un proyecto con más de 25 mil firmas, los legisladores se verán obligados a tratar el proyecto, y ahí sabremos si los legisladores están del lado de los ciudadanos comunes. Nosotros no pertenecemos a ningún partido político. Somos jubilados que sólo queremos cobrar por lo que aportamos durante toda nuestra vida como trabajadores activos”, expresó Robbiati.
La jubilada pidió a los cordobeses que respalden esta iniciativa. “No es fácil para la gente tener que ir a una comisaría o juzgado de Paz para firmar el aval, pero el esfuerzo vale la pena. Todos los trabajadores estatales cordobeses terminarán siendo jubilados. O tienen algún jubilado provincial en su familia. Vale la pena el pequeño esfuerzo de tener que ir a firmar las planillas”, concluyó Robbiati.
Larga espera
El 5 de febrero pasado, un grupo de alrededor de 40 jubiladas y jubilados se hicieron presentes en la Legislatura para presentar el proyecto, con el aval de las 36.055 firmas.
Fueron recibidos por legisladores de distintos bloques opositores, pero ningún legislador oficialista se hizo presente para apoyar la iniciativa.
Tuvieron que esperar más de cinco horas, hasta que fueron recibidos por el secretario Legislativo Guillermo Arias.
Como antes de que fueran recibidos por el funcionario legislativo, ningún empleado o funcionario legislativo quiso recibir el proyecto con las cajas que contiene las más de 36 mil firmas que avalan el pedido, los jubilados pidieron la presencia de un escribano público.
Finalmente, con la intervención del secretario legislativo, fueron recibidos el proyecto y las firmas –que según Arias– fueron remitidos al departamento Legal de la Legislatura.
Luego de un par de meses de análisis, el departamento Legal dictaminó que las firmas no estaban certificadas, por lo cual se rechazó el proyecto.
Desde el 2 de junio pasado, las jubiladas y jubilados provinciales reiniciaron el proceso de recolección de avales, ahora con la certificación de las distintas comisarias y Juzgados de Paz.
El plazo que les brindó la jueza electoral vence el 31 de agosto. Deberán recolectar más de 25.500 firmas, para que la Legislatura se vea obligada a tratar el proyecto.
Si esto ocurre, luego se debería tratar en el recinto, donde hasta ahora, el oficialismo logró que no salga ninguna ley que afecte a al Gobierno provincial.
