La incorporación en las últimas horas de 46 artículos al proyecto del paquete presupuestario 2025 que envió el Gobierno de Martín Llaryora a la Legislatura generó este miércoles duros cruces entre el oficialismo y la oposición. Sobre todo, la modificación para que personal formado por las Fuerzas Armadas pueda sumarse a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA) provincial.
El PJ aseguró que esto permitirá reforzar nuevas delegaciones de la fuerza antidrogas, mientras que para los opositores, “fue un atropello” legislativo por la falta de discusión.
A 24 horas del debate de los proyectos de Presupuesto, de la Ley Impositiva y de las modificaciones al Código Tributario, los legisladores se reunieron en las comisiones de Economía y Presupuesto; Asuntos Constitucionales, Justicia y Acuerdos; y de Legislación General para analizar los últimos cambios. Y este fue el escenario donde se dio una discusión, en la que el PJ se impuso con un despacho por la mayoría en el que se fija que se podrán sumar agentes con formación militar como efectivos de la FPA y se otorgan nuevas facultades al Ministerio de Justicia y Trabajo.
En la reunión, presidida por los oficialistas Ricardo Sosa, Bernardo Knipscheer y Victoria Busso, el PJ defendió la posibilidad de sumar estos cambios por tratarse de un proceso anterior al debate de la segunda lectura. En este punto, Sosa aclaró que se modificó la partida referida a comedores sociales y que se “triplicó el monto, que será de 2.400 millones de pesos”. Aunque los cuestionamientos de la oposición se centraron en la “necesidad de más tiempo para analizar las modificaciones”.
El punto más discutido de los cambios fue el artículo 14, el que establece el ingreso de integrantes de las Fuerzas Armadas. “Podrá también solicitar la incorporación a la Fuerza Policial Antinarcotráfico en los grados y categorías que correspondan, de las personas que hayan obtenido los títulos que otorgan las entidades de formación de las Fuerzas Armadas de la República Argentina, necesarios para acceder a los grados de oficiales o suboficiales de dichas instituciones”, se detalló en el escrito.
Y se agregó que será condición para hacer efectiva la incorporación, el cursado y el ingreso la formación profesional con orientación en persecución del narcotráfico. Este personal “deberá pasar por una aprobación por parte de la autoridad educativa de la Provincia”.
La postura de la oposición
“La sesión conjunta de comisiones en la Legislatura ratificó la naturaleza autoritaria y prepotente del peronismo cordobés. Quieren aumentar otra vez el aporte de los empleados públicos al desastre que ya es Apross. Meten reformas en materia de seguridad, justicia y derechos humanos sin debate, dentro del paquete económico”, señaló el legislador Gregorio Hernández Maqueda.
También el presidente del bloque del Frente Cívico, Walter Nostrala, cuestionó la decisión de sumar incorporaciones a horas de ingresar al recinto “y sin posibilidad de discutirlas en las comisiones”. Al igual que Hernández Maqueda le pidió “un gesto” a la oposición, ya en que en el tratamiento en primera lectura del Presupuesto 2025 acompañaron en general la UCR y el PRO.
“Pretenden introducir cambios importantes aprovechando el tratamiento de la ley de Presupuesto sin llevarlos a comisión. Cambios para la FPA, delegación de facultades al ministro de Justicia. Argumentaron que esto hace 25 años que lo hacen. Y eso no significa que esté bien. Está tremendamente mal. No me extraña que el Gobierno haga este tipo de cosas, pero la oposición no lo puede permitir”, expresó Nostrala.
También el legislador Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) expresó su preocupación. “En el despacho de la ley de Presupuesto el oficialismo está tratando de incorporar un artículo modificativo de la ley antinarcotráfico. A último momento vienen con esto que no tiene nada que ver con la ley de Presupuesto y sin que se hayan expedido las comisiones correspondientes”, se quejó.
El presidente del bloque de la UCR, Matías Gvozdenovich, también cuestionó el nulo debate en comisiones y sumó otros cambios que no llegan a ser debatidos.
La defensa del proyecto
Rápidamente desde el oficialismo salieron a advertir que esta es una etapa de análisis y cambios del proyecto presupuestario. Nadia Fernández, vicepresidenta de la Legislatura, explicó que de esta forma se abrirá la posibilidad de ingresos a la FPA de personal que haya integrado las Fuerzas Armadas debido a que Provincia necesita más agentes de la fuerza antidrogas.
“Incorporamos una modificación de la ley que le da funciones a la FPA, que es la 10.227, para que se puedan convocar a miembros de las Fuerzas Armadas de la República Argentina en los grados y en las categorías que correspondan, hasta el grado de capitán, para que habiendo rendido, cursado y aprobado como aspirantes los trayectos de formación profesional en orientación en persecución del narcotráfico puedan incorporarse a esta fuerza”, resumió.
El cambio que el oficialismo provincial introdujo en el paquete económico 2025 respecto a la posibilidad de que personal de las Fuerzas Armadas pueda incorporarse a la Fuerza Policial Antinarcotráfico es apenas la primera parte de un proyecto que quedará expuesto luego en un decreto reglamentario. Ahí se establecerá la formación mínima, la operatoria para el cambio de fuerza y el contenido de la capacitación de los nuevos integrantes de la fuerza Antinarcotráfico.
El tema formaba parte de la propuesta electoral del gobernador Martín Llaryora, como la inclusión de civiles.
Según lo informado por Juan Manuel Delgado, titular del Ministerio Público Fiscal y responsable de la FPA, el objetivo de la propuesta es duplicar la cantidad de agentes de la fuerza, que hoy cuenta con unos 450 policías. Hasta ahora todos esos agentes provinieron de filas policiales y desde ahora también podrán provenir de las Fuerzas Armadas.
“Tenemos un programa de estudios de tres años y un problema de falta de egresos de policías, por lo que decidimos convocar a personal de las Fuerzas Armadas con formación militar que esté interesado en realizar la formación específica de la tarea antinarcotráfico e integrarse a la FPA”, indicó Delgado. Informó que se abrió un registro y se inscribieron cerca de 1.900 personas con formación militar, de las cuales un millar están en condición de integrarse a la fuerza provincial.
“Es un desafío enorme de inducción y capacitación, porque será la primera fuerza de seguridad que incorpore agentes de otra fuerza”, explicó el fiscal General.
Entre los beneficios que la FPA les ofrece a los miembros de las Fuerzas Armada, se encuentra un nivel salarial superior, la posibilidad de desarrollar una carrera en la fuerza –la movilidad es mínima en las fuerzas militares– y la certeza de permanencia en Córdoba.
Entre los muchos temas a resolver por vía reglamentaria se encuentra también la fijación de los sueldos, que incluirá el reconocimiento de la pensión al personal retirado y el pago de un complemento salarial.
