Los tribunos electos de la oposición, junto con un grupo de legisladores de Juntos por el Cambio en Córdoba, salieron este jueves al cruce del proyecto que presentaron esta semana cuatro parlamentarios del bloque Hacemos por Córdoba en el que plantearon una nueva normativa que regule las funciones y controles del Tribunal de Cuentas de la Provincia.
Desde Juntos por el Cambio denunciaron que se trata de “un golpe institucional” y pidieron que se respete la Constitución Provincial. También aseguraron que se intenta recortar el poder de contralor de sus miembros.
Este proyecto del oficialismo, que fue presentado por la vicepresidenta de la Legislatura, Nadia Fernández, junto con los legisladores de Hacemos por Córdoba Victoria Busso, Matías Chamorro y Ramón Giraldi, establece en sus fundamentos la necesidad de una normativa “más modernizada”, ya que se trata de una ley de 1987, que sufrió algunas modificaciones en 2021, pero que acordaron que requiere un nuevo tratamiento.
Los juecistas María Fernanda Leiva y Beltrán Corvalán, los dos tribunos que ocuparán la mayoría de este cuerpo, por sobre la representante del oficialismo, Silvina Rivero, quien quedará en minoría, apuntaron en una conferencia de prensa al gobernador Juan Schiaretti y a quien será su sucesor, el intendente Martín Llaryora, por tratar en la Legislatura a días que concluya este período legislativo, un proyecto que aseguraron que recortará las herramientas de control de los gastos provinciales.
Los legisladores opositores que se sumaron adelantaron que solicitarán que el proyecto no tenga tratamiento legislativo y que, en caso de ser aprobado, evaluarán judicializar el tema por no respetarse la Constitución Provincial. También denunciaron que hay urgencia desde el oficialismo porque hoy cuenta con una amplia mayoría de 49 bancas y desde el 10 diciembre, con 33, en un empate con Juntos por el Cambio.
“La Constitución Provincial es muy clara. Cuando habla del Tribunal de Cuentas provincial dice que el principal objetivo es intervenir preventivamente en todo acto administrativo que implique gasto. Todo implica todo. No pueden venir a limitar, excluir, eliminar el control protegido constitucionalmente. Se llenan la boca hablando de los 40 años de democracia. Schiaretti hace historia de su paso y de lo que hizo la dictadura con él, pero resulta que está dinamitando el Tribunal de Cuentas. Es un golpe institucional meterse con el control que le corresponde”, expresó Leiva.
“Hacen esto porque pierden el control que han tenido durante 24 años de gobierno. Schiaretti se podría haber ido por la puerta grande, se va por la puerta del baño, blindando a Llaryora y a su ministro en el control del gasto. ¿Tanto miedo tiene que los controlemos? ¿En qué van a gastar que no quieren que nosotros sepamos? ¿Cómo van a gastar que no quieren que la sociedad sepa y controle? ¿Tan sucios están?”, se preguntó Leiva.
Corvalán enumeró algunas de las modificaciones contempladas en el proyecto, las que consideró que afectan el control de las partidas, como la no rendición de pasajes, de contratos a profesionales, de gastos en combustibles y de visados automáticos, tras pocos días hábiles de ingresados.
“No sabíamos que podían ser capaces de presentar este proyecto. Estaban desesperados por quedarse con el control del Tribunal de Cuentas, y no lo lograron, por lo que salen con este proyecto donde nos quitan a los próximos funcionarios atribuciones. ¿Qué quieren hacer?”, también interrogó el dirigente juecista.
“Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los créditos en dólares no los vamos a poder ver, no van a pasar por el Tribunal de Cuentas todos estos créditos. Sabemos que Córdoba es la segunda provincia más endeudada del país, después de la provincia de Buenos Aires. También excluyen, dejan sin control la contratación de personal, los subsidios a personas e instituciones, los gastos de salud, en combustible, así como las transferencias a las transferencias”, insistió Corvalán. “Ni el kirchnerismo se animó a tanto, de qué tienen miedo”, insistió el exconcejal del Frente Cívico.
En la conferencia de prensa también estuvieron los actuales legisladores radicales Marcelo Cossar, Dante Rossi, Daniela Gudiño y Elisa Cafaratti, además de Cecilia Irazuzta (bloque Independiente), quien realizó un recurso de amparo para que se dé cuenta sobre los ingresos a cargos jerárquicos en las últimas semanas al Tribunal de Cuentas.
Este grupo de parlamentarios de la oposición adelantó que pedirá en el recinto que el proyecto no sea tratado.
“Esta ley lo único que busca es relajar los controles, seguir permitiendo que se hagan gastos que poco tienen que ver con la gente, que tienen que ver más con los privilegios. Quieren quitarle al órgano de cuentas las facultades. Por eso venimos a denunciar. No se puede ir el gobernador enviando los proyectos que van a influir decididamente en los próximos cuatro años. Prestemos atención a lo que va a pasar en la Legislatura en los próximos días”, denunció Cossar.
Punto por punto algunos de los “no controles”
De acuerdo con el proyecto oficialista, que establece la derogación de la ley 7630, del año 1987, quedan excluidos del control preventivo, salvo expreso pedido de la administración, un total de 10 actos especificados en el artículo 19. Por lo que se fijó no ser materia de verificación:
· Retribución de los servicios personales prestados en relación de dependencia.
· Aportes a institutos privados de enseñanza.
· Fondo Nacional de Incentivo Docente.
· Convenios de pasantías.
· Servicios profesionales prestados por personas humanas que tengan autorización del Ejecutivo.
· Los actos que autoricen gastos que por razón del monto puedan efectuarse por contratación directa.
· Los actos administrativos que dispongan gastos en conceptos de subsidios o ayudas económicas cuando el importe sea de hasta cinco veces el índice 1 por la Ley de Presupuesto General.
· Los actos que autoricen contrataciones con organismos del Estado, Sociedades de Economía Mixta y toda otra persona jurídica en las que tenga participación el Estado Nacional, los Estados Provinciales y Municipales.
· Los actos administrativos dictados por los funcionarios del Ministerio de Salud.
· Gastos en combustible en vehículos de flotas oficiales.
· Compra de pasajes aéreos para viajes oficiales al exterior.
· Gastos por tasas, impuestos y servicios, incluidos honorarios, flete y gastos operativos de aduana asociados a la importación de repuestos para la flota de aeronaves provinciales.
· Ajustes por variación del tipo de cambio por contrataciones con actos administrativos previamente visados.
· Demás actos que así disponga el Tribunal de Cuentas.
Qué dicen los fundamentos del proyecto
La propuesta de una nueva ley que establece el alcance del Tribunal de Cuentas expresa en sus fundamentos que, tras una reunión de legisladores y miembros del Tribunal de Cuentas, se habló de la necesidad de una “modernización y actualización de los procedimientos”.
Si bien se aclara que rige una resolución de 2021 con algunas actualizaciones sobre este órgano de control, los legisladores firmantes aseguraron que es necesaria una nueva normativa.
“Creemos que, con base en las disposiciones de esa resolución de 2021, que es la que rige el procedimiento de actuaciones del Tribunal, se hace necesario adecuar la legislación para que la misma contemple la realidad del Tribunal y su protocolo de actuación. Con el objeto de fortalecer el proceso de modernización es necesario efectuar adecuaciones normativas y procedimentales tendientes a lograr, por ejemplo, la implementación de una gestión electrónica”, se describió.
“Es imprescindible que las cláusulas allí contenidas sean elevadas al rango de ley para otorgar certidumbre, seguridad jurídica y certezas a todos los servicios administrativos de los tres poderes del Estado... Con esta nueva normativa se mejora la eficiencia de los procesos conforme la realidad de los servicios administrativos y procedimientos internos del Tribunal de Cuentas; se incorporan aspectos de digitalización y otras funciones adaptadas al presente, y la interoperabilidad, interconectividad y unificación de datos”, se precisó en el escrito.
