Una fuerte disputa en el corazón del poder se dio en el marco de la discusión por el Presupuesto provincial para el año 2022. En un rincón se paró Silvina Rivero, la ministra de Coordinación del Gobierno provincial y funcionaria de confianza de Juan Schiaretti.
Al frente, Sebastián López Peña, el flamante presidente del Tribunal Superior de Justicia.
El simbólico ring fue la Legislatura, mientras se repartían partidas presupuestarias, en los últimos días de este año. En su desarrollo, la batalla tuvo asaltos para uno y para otro, aunque al final se acordó un empate entre los protagonistas.
La bolsa en juego, los retroactivos que los funcionarios judiciales de Córdoba reciben porque sus salarios están emparentados con los que fija la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
La pelea por los retroactivos
El contexto es la equiparación salarial de los funcionarios del Poder Judicial cordobés con sus pares de la Justicia federal, ley que ata los sueldos locales a los que dicta la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Así, el Gobierno provincial queda a tiro salarial de las pautas salariales establecidas por el máximo tribunal del país.
Para no perder ante la inflación, en los últimos años la Corte Suprema fija importantes retroactivos salariales, que deben derramarse al Poder Judicial cordobés de manera inmediata, en un equivalente al 90 por ciento.
Este año, por ejemplo, la Corte dictó tres retroactivos consecutivos: el primero ya fue cobrado por los funcionarios judiciales cordobeses; y en enero y en febrero serán desembolsados por la Provincia los otros dos.
Esta situación provoca un desorden presupuestario en doble sentido: los recursos financieros extras que demanda y el asiento contable, que incluye la modificación de partidas muchas veces ya ejecutadas. Se trata de los salarios más altos del Estado, e incluye a los jubilados y a los pensionados de este sector.
La jugada del Poder Ejecutivo tuvo la intención de encerrar al Poder Judicial: tras la primera lectura del Presupuesto, se envió a la Unicameral un proyecto para eliminar el pago de estos retroactivos.
El texto decía “incorpórase en la Ley 9725 como artículo 4 bis, el siguiente: Establécese que la equiparación de las compensaciones remuneratorias regirá a partir del primer día del mes en que el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba disponga la aplicación de los incrementos fijados para la Justicia federal”.
Así, se modificaba la ley de equiparación salarial del Poder Judicial y la posibilidad de aumentar los salarios de manera retroactiva quedaba herida de muerte.
López Peña fue notificado de esta iniciativa del gobernador Schiaretti el domingo anterior a la aprobación del Presupuesto en segunda lectura. Rápidamente, llamó a los otros vocales del Tribunal Superior de Justicia e hizo animus societatis con la Asociación de Magistrados, donde no sólo militan los actuales magistrados, sino fundamentalmente aquellos que están jubilados (o son pensionados).
Fuerte reclamo
En ese marco, el presidente del TSJ hizo un fuerte reclamo por el “destrato institucional” y advirtió que expondría el tema de la peor manera para el Gobierno provincial: la intromisión del poder político en la Justicia “entre gallos y medianoche”, dejándolo al filo del kirchnerismo.
Fueron 48 horas de zozobra y tensión entre ambos poderes, confiaron a La Voz fuentes de la Legislatura provincial y del Poder Judicial.
Finalmente, Silvina Rivero volvió sobre sus pasos y la Legislatura sancionó las leyes económicas con esta salvedad: “Cuando se dispongan aumentos salariales con efectos retroactivos (en el marco de la equiparación salarial de la Justicia), los incrementos correspondientes a los meses anteriores al momento de su dictado serán diferidos hasta el próximo ejercicio presupuestario”.
En otras palabras: los retroactivos que dé la Corte durante 2022 pasarán al 2023; y así sucesivamente. Un diferimiento hasta el ejercicio siguiente.
“No perderán el retroactivo, pero el diferimiento de hecho les comerá una porción. Lo más importante es ordenar las cuentas, porque quedábamos a tiro de la decisión de la Corte Suprema y su rosca con la Jefatura de Gabinete”, explicó un legislador que quedó al medio de la cincha y que estaba dispuesto a defender los argumentos de Silvina Rivero antes que los poderes Judicial y Ejecutivo acordaran tácitamente el empate.
