Se puede incentivar a odiar “lo suficiente” a los periodistas o a cualquier otro colectivo social. Se puede plantear que las minorías sexuales son tal o cual cosa, e incluso acusarlas de acciones aberrantes sin la más mínima prueba. Se puede salir más o menos airoso de un escándalo internacional por promocionar una memecoin que terminó siendo ruinosa para miles de personas. Lo que no se puede es ir en contra de la realidad del bolsillo.
Si cada vez más gente siente que se le hace cuesta arriba comprar un trozo de carne, no hay batalla cultural que exacerbar. Los Gordo Dan se vuelven irrelevantes, al igual que la horda de tuiteros rentados por el Estado. Es inútil. Lo saben el presidente Javier Milei y el asesor Santiago Caputo, principal articulador de la usina comunicacional libertaria.
Por errores propios y un contexto internacional desfavorable, promovido por el “amigo” Donald Trump, el oficialismo nacional pasó largas semanas de conmoción, con pérdida de control de la agenda pública; lo contrario a lo que caracterizó al Gobierno en su primer año. Fue una etapa de silencio para los voceros culturales de “las Fuerzas del Cielo”.
Milei y su equipo sólo encontraron oxígeno luego del aventón financiero que llegó de la mano del Fondo Monetario Internacional. Esa ayuda por U$S 20 mil millones posibilitó la salida parcial del cepo cambiario, que por ahora impacta en las personas y no en las empresas.
Ese empujón externo evidenció que, sin una dosis extra de dólares, era insostenible mantener el billete verde barato, principal ancla para contener la inflación, el activo más importante hasta aquí del plan de Milei. Con el dólar flotando entre bandas, y con la intención declarada por parte del Gobierno de que se estacione en la parte inferior, la economía sigue sin terminar de arrancar. El ministro Luis Caputo lo admitió el lunes en una entrevista: “Necesitamos que la economía se remonetice para que el nivel de crecimiento se mantenga o suba”.
La idea de apelar al “canuto” y a los “dólares del colchón” carece de sex appeal en nuestro país: con la idiosincrasia argenta, serán casi héroes quienes decidan cobrar en pesos y gastar en dólares. Es casi un contrasentido. Pero es la nueva apuesta del Gobierno para la etapa preelectoral.
Milei declaró a principios de año que el tiempo del sacrificio había concluido y que lo que vendría a partir de ahora –lo dijo así, literal– eran “sólo buenas noticias”. Sin embargo, los números fríos de la economía muestran otra escena. La actividad se expande, pero al mismo tiempo en el primer trimestre del año los salarios registrados –los de mejor calidad– perdieron contra la inflación. Según las consultoras que miden esa incidencia, las pérdidas oscilan entre dos y cuatro puntos, de acuerdo al rubro. Eso no se parece en nada al fin del sacrificio; más bien, es la continuidad del esfuerzo.
En ese contexto, el incremento esperable de la conflictividad gremial es proporcional a esa incapacidad de los salarios para imponerse a la suba de los precios. La medición de abril, que difundirá el Indec en los próximos días, estaría en torno al registro de marzo, que tuvo un salto frente a enero y a febrero, hasta llegar al 3,7%. El cuatrimestre cerraría cerca del 12%, una cifra alejada de la previsión oficial. Con las elecciones en el horizonte, la expectativa del Gobierno es que en los próximos meses la inflación se desacelere y, en consecuencia, se recomponga el salario real. El problema es que, en paralelo, le está aplicando un cepo a los aumentos de las paritarias, no homologando convenios por encima de la pauta mensual del 1%.
Gente en la calle
El martes, la UTA paralizó el transporte en buena parte del país, incluidos Caba y el conurbano bonaerense, donde el impacto tiene una escala diferente que en el interior.
En la ciudad de Córdoba, la administración del intendente Daniel Passerini está a las puertas de lo que parece ser el conflicto más grande de su gestión con los municipales, que reclaman que se compense un atraso que, proyectado a agosto próximo, estiman en el 30%. Passerini acaba de congelar los sueldos de la planta política hasta ese mes, en un mensaje que los conducidos por Rubén Daniele no tardaron en interpretar como dirigido a ellos. Traducido: no hay plata; van a tener que esperar.
En la provincia, el gobernador Martín Llaryora mantiene la disputa con el Sindicato de Empleados Públicos, y los judiciales vienen paralizando el servicio de justicia con paros y asambleas que afectan las unidades judiciales en las comisarías. La gente víctima de un robo o de un incidente que requiera de la Justicia no tiene quién le tome una denuncia. Todo esto ocurre en paralelo a que el Gobierno presentó este miércoles la puesta en marcha de tres nuevos distritos del flamante Plan de Gestión Territorial, que busca mejorar la celeridad en las investigaciones penales.
Esos gremios que dependen del Estado, así como los del sector privado, empiezan a vivir una experiencia novedosa y poco gratificante: los aumentos propuestos por los empleadores se piensan o se traducen en productos, en especias o en alimentos, y no en porcentajes. Es el efecto que genera la realidad de convivir con una inflación moderada y con el atraso de los sueldos –de los registrados, incluidos los estatales, y de los no registrados– en los últimos años. “Con $ 40 mil, me compro tres kilos de carne”. “El aumento, en mi caso, apenas si me alcanza para pagar un cuarto de la boleta de la luz”. Los ejemplos se multiplican, mientras Caputo pide usar los dólares guardados, al mismo tiempo que garantiza que nadie preguntará de dónde salieron o cómo llegaron al colchón. En los barrios, los líderes del narcomenudeo celebran la inventiva oficial.
Ese deterioro general, que contrasta con el discurso oficial, se puede palpar en los municipios del interior. A mediados de abril, fueron innumerables los intendentes y jefes comunales que pidieron auxilio a la Provincia. “Algunos piden 30 millones; otros, 50, o 60 millones”, reconocen en el Panal.
La caída de la coparticipación se siente fuerte y rápido en los gobiernos locales. No es casual que Llaryora saliera al rescate de varias de esas administraciones la semana pasada, con la firma del Acuerdo Federal, que no es otra cosa que la institucionalización del auxilio económico para que los municipios no terminen de derrapar financieramente. Pura realidad. Cero relato.
