Luego de conocerse la denuncia de Fabiola Yañez contra Alberto Fernández por violencia de género, el expresidente fue apuntado por otra acusación judicial: “incumplimiento de deberes públicos”. Esta denuncia pone el foco en el rol de la custodia oficial que trabajó en la Quinta de Olivos creando un entorno de desprotección para la exprimera dama.
Esta denuncia fue presentada por los integrantes de Republicanos Unidos, agrupación en la que milita Roberto García Moritán, ministro de Desarrollo Económico porteño. La misma quedó en manos del juzgado de Marcelo Martínez de Giorgi.
“La eventual agresión física a su pareja, por parte del denunciado, de haber existido, constituiría un hecho ilícito que, en principio, por acción o por omisión, habría gozado de la protección de quienes custodian al Presidente y su familia, todos ellos funcionarios que estaban a las órdenes del propio Presidente de la Nación”, argumentan en la demanda.
Y agregaron: “la eventual agresión física a la entonces Primera Dama, por parte del Primer Mandatario, constituiría la vulneración de elementales normas de ética pública de carácter legal y reglamentario”.
Es por esto que argumentan que Alberto Fernández también habría violado “el deber de utilizar la función y los bienes asignados al denunciado con fines lícitos y sin abusar de ellos para la comisión de ilícitos, el deber de rectitud, el deber de evitar acciones que desprestigien la función pública, el deber de seguir conductas que no puedan ser objeto de reproche, el deber de no adoptar represalias, a menos que las mismas emanen del ejercicio del cargo, y el deber de llevar adelante una conducta digna y decorosa”.
La presentación judicial, que fue preparada por el equipo del legislador porteño del partido Yamil Santoro, lleva las firmas de José Lucas Magioncalda (de la Fundación Apolo), Mariana Soledad Crispulo, Gabriel Alejandro Salvatore, Mariano José Mizrahi, Ximena de Tezanos Pinto (vecina de Cristina Kirchner en Recoleta), Felipe Odriozola, Carlos María García y Juan Martín Fazio.
