Una cordobesa que se encuentra acusada de haber actuado como testaferro del exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, fue beneficiada por dos oportunos “errores”, uno cometido en Buenos Aires y el otro en la ciudad de Córdoba.
El primero de ellos tuvo como autor al cuestionado juez porteño, ya fallecido, Norberto Oyarbide, y el segundo habría sido cometido por el Registro de la Propiedad de Córdoba. Entre ambos habrían facilitado que la mujer vendiera una propiedad que tenía en el country Cuatro Hojas, de la ciudad de Mendiolaza, y que es objeto del juicio oral y público por enriquecimiento ilícito que se lleva adelante contra Jaime y otras 13 personas.
El juez federal cordobés Alejandro Sánchez Freytes dispuso el jueves 23 el sobreseimiento de la mujer, Lorena Silvia Jayo, hija de la pareja de Jaime, Silvia Reyss, por entender que el ilícito que cometió al vender la propiedad en marzo de 2014 se encuentra prescripto. Cuando Jayo vendió la propiedad, hacía ya seis años que había comenzado la investigación judicial alrededor de Jaime.
Al mismo tiempo, el magistrado cordobés desistió de continuar la investigación sobre la responsabilidad que tuvo Oyarbide, ya que se jubiló en 2016 y murió en septiembre de 2021.
Según el expediente judicial, Lorena Silvia Jayo vendió la propiedad en el country de las Sierras Chicas el 5 de marzo de 2014, pese a que existía una medida cautelar de inhibición de bienes.
Para esto fue ayudada por una información errónea que proporcionó el propio juez Oyarbide en 2010 cuando envió un oficio, al denominar a la mujer como “Lorena Silvina”, es decir, agregándole una letra n al nombre.
Esta simple diferencia le habría permitido a Jayo vender una propiedad de la que tenía prohibido desapoderarse. Al venderla, la mujer habría cometido el delito de insolvencia fraudulenta, para el cual el Código Penal establece hasta tres años de prisión.
La Justicia interpretó que no se trató de un error simple de tipeo, sino que el tribunal de Oyarbide lo habría hecho con la intención de beneficiar a los involucrados en la investigación.
Según una información que publicó el portal Infobae, el supuesto delito también se pudo cometer porque el Registro de la Propiedad de Córdoba permitieron que el inmueble se vendiera al no haber hecho un chequeo detallado de los datos personales de la mujer.
En el Registro cordobés sólo habrían buscado los datos de la mujer por el nombre erróneo “Silvina”, y no prestaron atención al número de documento de Jayo, que les habría hecho saber que el inmueble se encontraba inhibido.
La respuesta del Registro a la Justicia señaló que “los criterios históricos de búsquedas de personas físicas, tanto sea de titularidades reales como las demás medidas susceptibles de registración que afecten a las personas, se realizan por nombre y apellido, no siendo el criterio de individualización el documento nacional de identidad como elemento concluyente”.
Es decir, por solamente una letra, el Registro de la Propiedad no habría inscripto la inhibición del inmueble, para que no pudiera venderse, y facilitó la comisión del presunto delito.
Fuentes judiciales cordobesas señalaron la inconsistencia de la investigación, ya que las autoridades judiciales “ni siquiera sabían bien qué estaban investigando”, porque el caso estaba caratulado como “averiguación de delito”.
También señalaron que la acción ya estaba prescripta aún antes que muriera Oyarbide y que las cautelares sólo duran cinco años, y al haberse iniciado la causa en 2008, la medida había cesado para cuando se vendió el bien.
Además llamó la atención que no se haya dado participación en la instancia a la Unidad de Información Financiera (UIF), organismo estatal que busca que se recupere el bien que terminó siendo vendido.
