La baja de la presión tributaria nacional y la evolución de los recursos provinciales parecen, a primera vista, dos debates separados. Sin embargo, los últimos trabajos del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (Iaraf) muestran que forman parte de un mismo fenómeno.
Esto es un proceso de alivio impositivo que se apoya, casi por completo, en una restricción creciente sobre las finanzas de las provincias y de CaBa. Menos impuestos a nivel nacional no significaron, en los hechos, más holgura fiscal para los gobiernos subnacionales, sino todo lo contrario.
Según el primer informe del Iaraf, la presión tributaria efectiva nacional cayó de manera acumulada 0,8 puntos porcentuales del PBI entre 2024 y 2025. El dato central no es solo la magnitud de la baja, sino su distribución: el 92% de esa reducción fue absorbida por las provincias y la CaBa, mientras que la Nación explicó apenas el 8%.
Cuando se analiza la recaudación en términos relativos al tamaño de la economía, el panorama se vuelve aún más claro. En 2025, con una economía que habría crecido en torno al 4%, tanto la recaudación que queda en manos del Gobierno nacional como la que se transfiere a las provincias vía coparticipación perdió peso en relación al PBI.
La recaudación nacional se redujo en 0,9 puntos porcentuales del producto, mientras que la correspondiente a provincias y CABA cayó 0,2 puntos. En conjunto, la presión tributaria efectiva nacional descendió 1,1 puntos del PBI en los dos años analizados.
Si la comparación se extiende a 2023, la conclusión es todavía más contundente: tanto la Nación como las provincias y la CaBa perdieron 0,5 puntos porcentuales del PBI cada una en términos de recursos relativos.
Esta caída define una nueva restricción presupuestaria estructural para ambos niveles de gobierno, en un contexto donde el gasto público ya venía ajustándose y para el cual casos como el de Córdoba, con la necesidad de financiar el gasto previsional, aparecen en un lugar crítico.
El comportamiento diferencial entre 2024 y 2025 resulta clave para entender el resultado acumulado. En 2024, la Nación logró aumentar el peso relativo de la recaudación que recibe, impulsada principalmente por la suba del impuesto Pais y de los derechos de exportación, tributos no coparticipables.
En ese mismo año, las provincias y la CaBa sufrieron una caída relativa de recursos, afectadas por la reforma del impuesto a las Ganancias y cambios en la administración del IVA.
En 2025, el proceso se revirtió: la recaudación nacional cayó con fuerza, mientras que la de las provincias mostró una leve suba nominal, insuficiente para compensar el crecimiento de la economía.
El resultado final, al acumular ambos años, es una baja neta de 0,8 puntos del PBI en la presión tributaria efectiva nacional respecto de 2023. De ese total, la Nación aportó apenas 0,06 puntos del PBI (8%), mientras que las provincias y la CaBa explicaron 0,73 puntos (92%).
Transferencias automáticas
El segundo trabajo del IARAF pone el foco en otro aspecto clave: el comportamiento de las transferencias automáticas nacionales y su impacto sobre los ingresos totales provinciales en 2025. Aquí Córdoba es una de las juridicciones más perjudicadas.
El resultado general es elocuente: las provincias y la CaBa tuvieron un aumento real interanual de sus ingresos totales de apenas 0,8%.
Al desagregar por jurisdicción, aparecen diferencias relevantes. Las provincias con mayor suba real de ingresos derivados de transferencias automáticas fueron Salta (+2,85%), Buenos Aires (+1,52%) y Tucumán (+1,5%). En el extremo opuesto, La Pampa, Córdoba, la CaBa y Santa Fe no registraron variaciones reales respecto de 2024. En el consolidado de las 24 jurisdicciones, el incremento fue mínimo.
Este desempeño se explica por la combinación de dos factores: la importancia relativa que tienen las transferencias automáticas en cada provincia y el comportamiento que esas transferencias tuvieron durante 2025.
En aquellas jurisdicciones más dependientes de los recursos nacionales, incluso una suba moderada tiene impacto. En las provincias grandes, con mayor peso de recursos propios, el efecto fue prácticamente neutro.
El diagnóstico del Iaraf es que el margen fiscal de las provincias y CaBa para aumentar el gasto público sin deteriorar su resultado fiscal previo fue prácticamente nulo en 2025. Varias jurisdicciones cerraron el año con stocks mínimos de recursos atesorados y con resultados fiscales extremadamente ajustados.
El caso de las provincias grandes resulta ilustrativo. Córdoba y Santa Fe, dos de las más afectadas por la dinámica de los recursos nacionales, necesitarían haber aumentado sus recursos propios alrededor de un 2% real solo para lograr un crecimiento del 1% real en sus ingresos totales.
2026 viene bravo
De cara a 2026, el panorama fiscal provincial aparece particularmente desafiante. Con escaso margen de maniobra, los gobiernos subnacionales deberán administrar el gasto con extrema prudencia, aun cuando tengan más presión en las erogaciones. Según el Iaraf, para evitar un desorden fiscal, el aumento real del gasto no debería superar el 3%, lo que equivale a una suba nominal cercana al 28%.
Si el objetivo, además, es reducir el peso relativo del gasto en la economía y avanzar en una baja de impuestos, los incrementos deberían ser incluso menores.
En ese contexto, la discusión sobre alivio tributario, federalismo fiscal y sostenibilidad del gasto aparece inevitablemente entrelazada. Los datos muestran que, hasta ahora, la baja de impuestos tuvo un costo que se pagó, en gran medida, desde las cuentas provinciales.
