Entre las opiniones más alarmantes tras el ataque a Cristina Kirchner, estuvo la de Juan Grabois. Para él, el atentado contra la vicepresidenta fue el primer acto terrorista del siglo en la Argentina.
Grabois aseveró, sin dudar, que hubo acciones de reclutamiento, adoctrinamiento, entrenamiento y financiación que configuran el tipo penal previsto en el país para caracterizar lo ocurrido como una acción terrorista. No aportó ningún dato; tampoco indicios.
Pero asegura que sucedió.
Dio por sentado que la Justicia no investigará lo suficiente; que las autoridades nacionales persisten en una lógica negacionista y que el kirchnerismo parece reblandecido en su lectura geopolítica del “contexto de guerra mundial en cuotas, como dice el papa Francisco”, en el que estaría inscripta la agresión a la vice.
Hubo otra voz temeraria en el mismo sentido. La de Mario Firmenich, que de terrorismo conoce, por Montoneros. Firmenich no se detuvo en calificaciones jurídicas. Interpretó que el atentado refleja el resultado de casi 40 años en los que, sostiene, la democracia liberal hundió al país en su más grave crisis histórica.
Libre todavía por el indulto que le firmó Carlos Menem (el más neoliberal de los presidentes peronistas), Firmenich postula que el contrato social en el país colapsó; que la Constitución Nacional es insuficiente para recuperarlo, y que ese vacío es campo fértil para una “guerra civil”.
Como Grabois, subsume esa realidad en el marco más amplio de una “tercera guerra mundial” en desarrollo. Un concepto similar al de Francisco.
Dos ideas
Entre las lecturas del atentado con una modulación menos caótica, quedó entonces la de la propia víctima: Cristina Kirchner (que también se amparó en el Papa y se cuidó de no desautorizar -ni por terceros- la audacia exegética de Grabois y Firmenich).
En su reaparición pública junto a un grupo de religiosos, la vicepresidenta borroneó al menos dos ideas políticas sobre lo ocurrido.
La primera fue poner el hecho en la misma línea histórica de otro atentado, el que padeció Hipólito Yrigoyen. No sólo le devolvió de ese modo a sus críticos las comparaciones ingratas con Raúl Alfonsín. También enfatizó que no fue casual la coincidencia con Yrigoyen. Horas después, el abogado Carlos Beraldi la comparó con Juan Perón. Yrigoyen, Perón, Cristina. Tres nombres, tres liderazgos, para tres momentos de un único movimiento histórico nacional.
La segunda idea de Cristina es la de un colapso del consenso social. Para ella, la bala en la recámara de su agresor destruyó el consenso democrático de 1983. Lo que no ocurrió, por caso, con el terrorismo explícito y los muertos en la Amia, habría sucedido ahora porque el ataque la afectó de manera directa.
Sugirió que urge un diálogo entre quienes piensan distinto, para abordar la crisis terminal de la economía bimonetaria en Argentina.
¿Agenda o Constitución?
Obtuvo dos respuestas de diferente tono en la última fórmula presidencial opositora. Mauricio Macri dijo que sólo se sentaría a dialogar con la Constitución en la mesa. Miguel Pichetto fue más laxo: pidió una agenda de al menos cinco puntos estratégicos.
Incluso después del atentado, Cristina Kirchner propone un diálogo desde una concepción de la política como un simple grado de intensidad del conflicto. Hay que conversar, dice, para garantizar la integridad del orden.
En el único momento en el que bordea una idea distinta (la de la política como coordinación de acciones para alcanzar fines colectivos), la restringe a la revisión de la economía que está socavando al Gobierno.
Tal vez la opinión de Pichetto le sirva de consuelo a las almas bellas de la política que creen que sentando a dos líderes reparan por alineamiento vertical un consenso social que consideran destruido.
La intuición de Macri puede ser más certera: ese consenso ya está escrito en la Constitución.
El atentado contra la vice no debe ser minimizado. Es ciertamente un retroceso de la política, desde la idea del adversario público (hostis) a la del enemigo personal (inimicus). Pero suena exagerado plantear que haya sucumbido por completo todo el consenso democrático del país.
Lo recuperado en 1983 fue una idea que distingue a las sociedades libres, un consensus iuris, un reconocimiento colectivo, existencial, del otro. Germen de las normas que encarnan ese reconocimiento.
No implica la desaparición del conflicto, sino el cauce que evita su desmadre. Lo propio del conflicto político no es su grado de intensidad, sino su referencia a un estado de derecho.
Cristina Kirchner tiene para aportar a ese consenso una declinación valiosa: dejar el pensamiento autoritario en manos de los mesiánicos de la enésima guerra. Abandonar en ellos, para siempre, esa novedad falsaria que propone la conciliación imposible entre el uso arbitario del poder y la vigencia de la legalidad.
