Cuando todo hacía suponer que este año el Gobierno de Córdoba tenía más garantías que nunca del envío de los recursos que la Anses por ley debe enviar para la Caja de Jubilaciones, el organismo nacional no remitió ni un peso de los 4.300 millones que debían llegar en enero pasado según lo establecido por el Presupuesto Nacional 2023.
La situación no afecta sólo a Córdoba sino a las 13 provincias que no transfirieron sus sistemas jubilatorios a la Nación. Córdoba y otras cinco provincias que tampoco recibieron un peso de la Anses hicieron un reclamo formal. Se trata de Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chubut y Misiones.
Los distritos son administrados por gobernadores de distintos signos político. Esto hace pensar que la demora en remitir los fondos no se debe a cuestiones políticas.
Se sabe del enfrentamiento entre el gobernador Juan Schiaretti y la Casa Rosada, pero entre las que no recibieron recursos hay provincias que son gobernadas por mandatarios con buena relación con el Gobierno nacional, como por ejemplo, el caso de Chubut, gestionado por el massista Mariano Arcioni.
Mientras que Santa Fe y Entre Ríos son gobernadas por mandatarios peronistas que ahora tomaron cierta distancia, pero tienen diálogo con la Nación: el santafesino Omar Perotti y el entrerriano Eduardo Bordet.
Corrientes es administrada por el radical Gustavo Valdés; y Misiones por Herrera Ahuad, del Frente Renovador Misionero, un espacio liderado por el peronismo no kirchnerista.
“Los recursos que la Anses debe enviar a Córdoba equivalen a cerca del 20 por ciento del gasto de la Caja de Jubilaciones de Córdoba. El 20 de enero debió llegar la primera partida de este año y no hubo envíos, por eso el reclamo de las provincias, que primero fue informal y ahora se hace formal”, indicó Osvaldo Giordano, ministro de Finanzas de Córdoba.
Según señaló el funcionario provincial, hasta ahora Anses y el Ministerio de Economía de la Nación no ofrecieron una explicación sobre el atraso en el envío. Este medio intentó tener una versión del organismo previsional nacional, pero hasta anoche no hubo respuesta.
Reclamo
A través del Consejo Federal de Previsión Social (Cofepres) las seis provincias afectadas presentaron una nota ante la Anses por demoras en las transferencias, como parte del régimen de sostenimiento de los sistemas previsionales no transferidos a Nación.
Ante la gravedad de la situación es que el Consejo Federal de Previsión Social envió un documento a las autoridades nacionales solicitando se les informe “el estado de los procesos administrativos y/o presupuestarios para dar cumplimiento de lo dispuesto por la Ley de Presupuestos aprobada por el Congreso”.
La obligación de la Nación de solventar los déficits de los regímenes previsionales no transferidos se remonta al año 1999, cuando se suscribió un pacto fiscal que dispuso que la Nación se compromete a cubrir los déficits de las cajas provinciales no transferidas con el objetivo de ponerlas en igualdad de condiciones con las jurisdicciones que transfirieron a la Anses sus sistemas previsionales.
Para instrumentar esta disposición, desde el año 2017 se dispuso, por ley, que el monto de las transferencias que debe realizar el organismo nacional a cada provincia surgen de simular los desequilibrios que estaría asumiendo el Estado Nacional si el sistema previsional provincial en cuestión hubiera sido transferido a la órbita nacional.
La Anses está obligada, en base a información que aporta cada provincia, a simular cual sería el déficit que generaría el sistema provincial bajo la hipótesis de que se aplicara la normativa previsional nacional.
Durante todo 2022 las provincias reclamaban por la falta de actualización de esos montos, ya que Anses cumplió con los envíos mensuales, pero sobre la base del déficit 2019 de las cajas previsionales provinciales.
“No es habitual que Anses demore los envíos. Para las provincias es un problema serio si el atraso se hace permanente”, admitió Giordano, quien además recalcó que debe cumplirse lo establecido por el Presupuesto 2023, que prevé la actualización automática de los montos. Córdoba debe recibir 4.300 millones de pesos, los 20 de cada mes.
En 2012 la pelea con la Anses terminó en la Corte
El 12 de marzo de 2012, el entonces gobernador José Manuel de la Sota anunció que el Gobierno de Córdoba iniciaba una demanda en contra del Gobierno nacional ante la Corte Suprema de Justicia, por incumplimiento de la ley que obligaba a la Anses a girar recursos para sostener el sistema previsional provincial, que no fue transferido al poder central.
Luego de cuatro años, la Corte Suprema le dio la razón a Córdoba, en un fallo que se conoció un mes antes de terminar el tercer mandato no consecutivo delasotista, y un mes antes de que Cristina Fernández de Kirchner dejara el poder nacional, en manos del nuevo presidente Mauricio Macri.
Cuando asumió el 10 de diciembre de 2015, Macri debió afrontar este juicio perdido, que también involucraba a Santa Fe y San Luis, además de Córdoba.
Para cumplir con el fallo de la Corte Suprema, el nuevo presidente impulsó un nuevo pacto fiscal con la provincias.
Las versiones indicaron en aquel momento, que el gobernador Juan Schiaretti, quien iniciaba su segunda mandato, tuvo mucho que ver con ese pacto fiscal, que le garantizaba a las provincias que no transfirieron sus sistema previsional el auxilio financiero de la Anses. Con idas y vueltas, la gestión del presidente Alberto Fernández venía cumpliendo lo pactado, hasta enero pasado, cuando no hubo giros a seis provincias.
