La Cámara Federal porteña revocó este martes el sobreseimiento de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en la causa por supuesto lavado de activos en la que fue condenado el empresario Lázaro Báez y ordenó que siga la investigación en relación a su persona (conocida como la “ruta del dinero K”).
La decisión fue de la sala II del Tribunal de Apelaciones que revocó el sobreseimiento dispuesto por el juez federal Sebastián Casanello.
“Ruta del dinero K”: La Cámara Federal revocó el sobreseimiento de Cristina Kirchner
El sobreseimiento resuelto luego de un planteo al respecto del fiscal del caso Guillermo Marijuán fue apelado por una asociación civil, “Bases Republicanas”, ligada al macrismo y aceptada como querellante por la Cámara luego del dictado de la desvinculación de la Vicepresidenta.
El Tribunal de Apelaciones con los votos de los camaristas Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens y la disidencia de Eduardo Farah revocó el sobreseimiento y dispuso profundizar la investigación que seguirá a cargo de Casanello.
“No habiendo acusación fiscal y no siendo la ONG Bases una parte habilitada legal y constitucionalmente para querellar penalmente en la causa debe estarse al sobreseimiento dictado en primera instancia”, sostuvo Farah en minoría.
Votos
En el voto mayoritario de Bertuzzi y Llorens se hizo lugar a la apelación de la ONG y se ordenó al juez que “reexamine el fondo de la cuestión teniendo en cuenta los lineamientos expresados” en la resolución de la Cámara “y todos aquellos que presenten las partes legitimadas en el proceso”.
En la causa se investigan maniobras de lavado de dinero cometidas por Báez a través de su grupo empresario y ya se hizo un juicio oral en la que resultó condenado al igual que otros acusados.
La expresidenta tenía falta de mérito en el caso y Casanello la sobreseyó por falta de pruebas, una decisión que ahora quedó revocada.
Casanello
El pasado 5 de junio, el juez Casanello había decretado el sobreseimiento de CFK porque ya no quedan acusadores que sostuvieran que debía ser investigada en el caso.
“Sin acusación no hay proceso penal posible”, advirtió el juez, que fundó su decisión en el pedido de sobreseimiento de la vicepresidenta presentado por el fiscal Marijuan, al que adhirieron los dos organismos estatales que intervenían como querellantes en este expediente: la Unidad de Información Financiera (UIF) y la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
