Finalmente este martes quedó confirmado el proceso de extradición que involucra al empresario Federico “Fred” Machado tras la decisión de la Corte Suprema de la Nación, que avaló el pedido formulado por la justicia de Estados Unidos.
Machado debe ser juzgado por una serie de delitos graves, entre los que se incluyen asociación ilícita, narcotráfico, lavado de activos y fraude electrónico.
El fallo de la Corte fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, y se basa en consdierar que el pedido de extradición formulado por la justicia de los EE.UU. se ajusta a las normas sobre cooperación internacional en materia judicial.
La causa se inició a raíz de la solicitud de extradición presentada por autoridades estadounidenses, que buscan someter a Machado a juicio en el Distrito Este de Texas, donde un Gran Jurado Federal dictó un auto de procesamiento contra él y otras ocho personas.
El expediente detalla que sobre Machado pesan cinco cargos principales:
- El primero lo acusa de integrar una organización criminal dedicada a la posesión, con intención de distribuir, de al menos cinco kilogramos de cocaína.
- El segundo y tercer cargos amplían la imputación a la fabricación y distribución de la misma cantidad de droga, con la presunción de que sería importada ilegalmente a Estados Unidos, y lo señalan también como cómplice en la comisión de estos delitos.
- El cuarto cargo lo vincula a una asociación ilícita para cometer lavado de dinero, mientras que el séptimo lo implica en una conspiración para perpetrar fraude electrónico.
La defensa de Machado y sus principales argumentos
Durante el proceso judicial, la defensa de Federico Andrés Machado —representada por los abogados Norberto F. Oneto y Roberto Rallin— presentó múltiples objeciones ante la Justicia Federal.
Entre los planteos, alegó la ausencia de “doble incriminación”, cuestionó la imparcialidad del juez interviniente por el rechazo de pruebas y la negativa a su recusación, y denunció una supuesta violación al principio de igualdad de armas, debido a la participación de tres representantes del Ministerio Público Fiscal frente a solo dos defensores.
También planteó la inconstitucionalidad del artículo 30 de la ley 24.767, que regula el alcance de los juicios de extradición, e invocó el principio de “ne bis in idem”, que prohíbe ser juzgado dos veces por el mismo hecho.
Qué pasos siguen ahora
La decisión final sobre la extradición recae en el Poder Ejecutivo Nacional.Tras la notificación del fallo, la Corte Suprema remitirá el expediente completo a la Cancillería, que deberá elevarlo al Ejecutivo.
Según la ley, el Gobierno dispone de diez días hábiles para aceptar o rechazar la medida, y puede negarla solo por “razones de soberanía nacional, seguridad u orden público” o por “otros intereses esenciales del país”.
