La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó una serie de planteos realizados por las defensas de Julio de Vido y del empresario Lázaro Báez, entre otros, en causas relacionadas a casos de corrupción.
En el caso de Lázaro Báez, la Corte desestimó por “incumplir los requisitos formales de admisibilidad” el recurso de queja que el empresario había presentado hace cuatro años, al ser procesado entonces por el juez federal Sebastián Casanello en la causa conocida como “La Ruta del dinero K”.
En febrero del año pasado, Báez fue condenado a 12 años de prisión. El empresario apeló la sentencia y en mayo se prevé que Casación ratifique o revoque la condena.
La Corte tampoco dio lugar a la queja que Báez presentó contra sus solicitudes de excarcelación negadas y de arresto domiciliario.
Sobre Julio de Vido, la Corte desestimó la queja del exministro de Planificación Federal, a quien la Cámara de Casación había rechazado su recusación del juez Mariano Borinsky en la causa conocida como “Sueños compartidos”.
Esta causa investiga el presunto desvío de más de 200 millones de pesos para la construcción de viviendas, a cuentas de la Fundación Madres de Plaza de Mayo.
En una causa por una maniobra fraudulenta en la importación de gas natural licuado entre 2008 y 2015, en la que también se investiga a De Vido, la Corte rechazó recursos presentados por José Roberto Dromi, exministro de Carlos Menem.
La CSJN también desestimó la queja de los empresarios Aldo Benito Roggio, Carlos Wagner y Carlos Ben por los procesamientos sin prisión preventiva que les confirmó la Cámara Nacional en una causa que investiga el presunto pago de dádivas de empresarios en un proceso licitatorio de la empresa estatal AYSA, la Cámara Nacional.
La Corte, además, desestimó quejas de las defensas del cura Julio César Grassi (uso de fondos de la Fundación Felices los Niños), del ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi (irregularidades en subsidios al transporte público), del sindicalista Marcelo Balcedo (delito de lavado de activos) y del ex director de Publicaciones del Senado, Alejandro Colombo (fraude en la imprenta del Congreso, entre 1993 y 1999).
