Antes de que Javier Milei contribuyera de modo determinante a que unos 44 mil incautos cayeran en la trampa de una criptomoneda que no existía hasta minutos antes de que él la promocionara y de que los 87 millones de dólares que “invirtieron” se hicieran humo, había transcurrido una semana crítica para el peronismo cordobés que encabeza Martín Llaryora.
Así funciona la política argentina desde hace años, pero la dinámica infernal de la gestión libertaria recalienta a más no poder los engranajes de los escándalos que se desvanecen antes de que lleguen a determinarse siquiera las consecuencias que implican. Y eso que las consecuencias son cada vez más gravosas.
La semana pasada, por ejemplo, el Presidente echó a otro titular de la Anses, en este caso por decir que se planea una suba de la edad jubilatoria después de las elecciones; después echó a la subsecretaria de Ambiente por no poder controlar los incendios en la Patagonia, y luego casi echa a su reemplazante antes de que este asuma. En cambio, permanece sin cargo pero en pleno ejercicio del poder el asesor Santiago Caputo, pese a las sospechas de irregularidades millonarias que rodearon la meneada licitación de la Hidrovía, que finalmente debió ser suspendida.
El impulso a la designación del controvertido juez Ariel Lijo en la Corte Suprema de Justicia y las generalizadas sospechas de que para lograr ese objetivo el Gobierno resignará el proyecto de ficha limpia que dice defender, también ocurrieron en esta semana. La inflación en baja (2,2 por ciento en enero) fue hasta ahora el gran escudo político de La Libertad Avanza, pero aun ese logro tiene sus límites frente a episodios como el de la criptoestafa impulsada por Milei.
Fue tan lejos el Presidente que hasta les pareció mucho a los troles libertarios: no daban crédito a que el primer mandatario estuviese instando a apostar a esa cripto al punto de publicar la dirección del contrato inteligente –algo similar al número de cuenta– donde debían depositar su dinero los inversores. Tampoco daban crédito los sitios web de buena parte del mundo: Bloomberg logró la confirmación del Presidente antes de que la diputada Lilia Lemoine saliera a aclarar que a Milei no le habían hackeado la cuenta de la red X.
Inesperado alivio en el Panal
Hasta el criptoescándalo presidencial, la semana política de Llaryora –hoy, el máximo representante de los 25 años del peronismo cordobés en el poder– era de las más complejas desde su llegada a la Gobernación. Al mismo tiempo, el gobernador enfrenta las consecuencias de sus propias decisiones y el lado más oscuro de la cuantiosa herencia política que recibió: las causas penales de los detenidos Oscar González y Guillermo Kraisman simbolizan dos perfiles muy diferentes e igualmente inaceptables de ejercicio del poder.
No obstante, la máxima preocupación en el Panal sigue siendo la reacción política y productiva por la suba del Impuesto Inmobiliario Urbano y Rural. El hecho de que los cordobeses hayan pagado en mayor proporción los tributos en relación con la misma fecha del año pasado –es lo que sostiene Rentas– no quita que los aumentos sean estrepitosos ni reduce la generalizada sospecha de que las subas aplicadas multiplican con demasiada frecuencia las anunciadas por el Gobierno.
Llaryora partió el jueves a Arabia Saudita con la expectativa de que la conflictividad tributaria se disipe y en el Panal reiteran que no habrá marcha atrás. Volverá en una semana, pero difícilmente cambie mucho el escenario: la oposición llevará a la Justicia la batalla que hasta ahora se libró en los medios, ya que en la Legislatura el aumento de impuestos recién se revisará en un mes.
Rodrigo de Loredo lidera por amplio margen la embestida contra el aumento de impuestos y anunció que el radicalismo evalúa por qué vía irá a la Justicia. No obstante, el Tribunal Superior de Justicia ya receptó otra presentación contra el “impuestazo” y hay varias acciones del sector productivo en análisis. La presión nacional por la baja de impuestos provinciales y municipales insta de modo permanente a que la conflictividad se mantenga en el tiempo: una prueba de resistencia para el Panal.
La persistencia del reclamo de la Iglesia Católica por el avance del juego online y el inminente incremento de tragamonedas en el territorio provincial que habilitó la Lotería representa otro frente que crece. El peronismo cordobés hasta ahora se había ocupado de preservar los vínculos con el Arzobispado y algo empieza a cambiar.
El frente nacional
La relación de la Provincia con la Nación es otro problema creciente. Los vínculos a nivel gestión se van haciendo más insustanciales semana a semana. Los reclamos por el corte de los fondos para la Caja de Jubilaciones quedaron varados en un proceso de “compensación de deudas” que no avanzó un paso desde que fue puesto en marcha, y la Corte Suprema ignora de manera absoluta a las provincias.
Había dos procesos en los que Llaryora tenía expectativas: el acuerdo para que la Provincia finalice la autopista a San Francisco y una negociación incipiente por la continuidad de Fadea en manos de una iniciativa público privada impulsada por el Gobierno de Córdoba. El jueves renunció el cordobés Fernando Sibilla a la presidencia de Fadea y ese proyecto pareció desmoronarse. El viernes la Nación anunció que piensa privatizar casi 9.000 kilómetros de rutas nacionales, incluyendo la ruta 19, que supuestamente pasaba a manos de la Provincia: el desconcierto es total.
Los dos funcionarios del equipo de Guillermo Francos con los que la administración Llaryora había logrado desarrollar un canal para la gestión cayeron en desgracia con Karina Milei y están en la cuerda floja. Las negociaciones que ocasionalmente de desarrollan en el Congreso –por ejemplo, la senadora Alejandra Vigo pasando de la negativa a la abstención respecto de la designación de Lijo– transcurren por carriles diferentes a la gestión. Para el Panal, el Gobierno de Milei es casi inabordable.
El jueves hubo una excepción a esta regla. Luego de años de promesas, se destrabó la negociación para que los pasajeros cordobeses empiecen a usar la tarjeta Sube. ¿Fluidez en la gestión? Más bien, una señal amigable de dos viejos conocidos del cordobesismo: el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogeta, y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, fueron los encargados de esa concreción.
No son muchos más los amigos de Llaryora en el Gobierno nacional. El gobernador se cubre las espaldas financieras buscando nuevos créditos externos: Arabia Saudita y los Emiratos Árabes prometen mucho más que lo que la Nación recorta. El endeudamiento provincial vuelve a escena, una vez más.
