La defensa de Leonardo Cositorto se opondrá a la elevación a juicio dispuesto por la fiscal Companys, y además buscará contraatacar, presentando una denuncia penal contra la investigadora por supuestos incumplimientos de sus deberes con funcionaria pública.
La fiscal de segundo turno de Villa María, Juliana Companys, elevó el miércoles último a juicio la causa en la que Leonardo Cositorto está acusado, junto a una veintena de personas, de supuestas estafas a través del sistema Ponzi o piramidal, y de integrar una asociación ilícita que tenía entre sus bases a esta ciudad.
Generación Zoe: qué dice la defensa de Cositorto
Guillermo Dragotto, abogado defensor de Cositorto, dijo que están analizando los pasos a seguir. “Seguramente vamos a recurrir y a oponernos ante el juez de Control”, dijo sobre la elevación a juicio, algo que era esperable en este caso como acción defensiva de su cliente.
Pero, además, dijo que piensan ir un poco más lejos y presentar una denuncia formal contra la fiscal Companys: “Por lo que he visto hasta el momento en su requerimiento a elevación a juicio, habla de bienes adquiridos, según ella de manera ilícita, por las supuestas estafas. Tal descripción configuraría el delito de lavado de activos. Lo cual, en su condición de funcionaria pública, al tomar conocimiento de la comisión de un delito como sería, según ella, el lavado de activos, y no informar a la Justicia Federal, está cometiendo el delito de incumplimiento de obligaciones de funcionario público y omisión de los deberes”, dijo el defensor.
Además, entiende que, si se diera esa situación, no es algo que vaya a perjudicar a su defendido.
En este sentido, argumentó que cuando se pidió una pericia a la fiscal para que determinara si Cositorto habría comprado bienes con lo producido en la sede de Generación Zoe Villa María, dijo que “no era posible determinarlo”.
Por lo tanto, consideró que, si el lavado de activos habría sido cometido por Claudio Álvarez, principal referente de Zoe en Villa María, junto a otras personas que trabajaban a su lado en las oficinas locales, “la calificación legal no corresponde, porque mi defendido no tenía participación ni relación con lo que pasaba en Villa María”, aseguró Dragotto.
El abogado recordó además que hizo dos presentaciones ante la fiscalía general de Córdoba advirtiendo supuestas irregularidades en el expediente, “no solamente el proceder (de la fiscal) en toda la investigación, sino en esto omitir hacer las denuncias donde corresponde”.
“Por lo tanto, agotada esa vía, no me queda otra alternativa que hacer una denuncia penal”, concluyó.
Cositorto lleva detenido casi dos años en el penal de Bouwer y es el principal implicado de una causa que tiene más 20 imputados, algunos de ellos en libertad y otros en prisión incluso desde antes que lo detuvieran al líder de la organización.
Según se conoció con el avance de la investigación, Cositorto y su organización prometían ganancias exorbitantes a quienes depositaran sus dólares, hasta que en un punto ahorristas dejaron de poder retirar esos beneficios.
La causa se inició en Villa María, con el allanamiento de la oficina local y la detención de sus responsables, pero luego se ramificó a otras provincias e incluso otros países en los que Cositorto y sus socios pusieron en marcha el mismo esquema de captación de ahorros con promesas de altos rendimientos.
A Cositorto lo acusan de ser supuesto coautor de los delitos de asociación ilícita en calidad de líder organizador y de estafas reiteradas.
El pedido de juicio es por más de 170 hechos con cerca de 80 damnificados que, solamente en Villa María, sumarían más de ocho millones de pesos y medio millón de dólares de perjuicios.
A esto hay que sumarle todos los casos de personas que se sintieron afectadas por depositar sus ahorros en el resto de las sedes que la organización tenía en esta y otras provincias.
