El caso que tiene como protagonista a Guillermo Kraisman no para de sumar intrigas, a poco de cumplirse dos meses desde el momento en que el exconcejal y exdirector municipal intentó cobrar el sueldo de Virginia Martínez, una empleada contratada por la Legislatura provincial, que terminó detenida.
La novedad es que este jueves, la defensa del dirigente justicialista buscará que se revea la prisión preventiva para que Kraisman salga en libertad.
La causa a cargo del fiscal Anticorrupción, Franco Mondino, tiene en vilo a los legisladores oficialistas y opositores desde hace ya varias semanas. Sobre todo, desde el jueves pasado cuando la legisladora y vicepresidenta de la Legislatura, la justicialista Nadia Fernández, reconoció que autorizó el alta del contrato en diciembre pasado de Martínez y que luego, en enero, avaló la baja por “no cumplir con sus tareas”.
Al momento de la detención, Kraisman intentaba cobrar el sueldo en la sucursal de Bancor de barrio General Paz junto con la militante justicialista Luciana Castro. El detalle es que intentó sacar dinero con un DNI no actualizado de Martínez, quien tenía depositado el primer salario por el supuesto trabajo como contratada.
El pedido de la defensa
Este jueves, la defensa de Kraisman le planteará a la fiscalía que “no hubo ardid ni engaño” por parte del exconcejal en ese cobro. Planteará todo lo contrario: se insistirá con que hubo concordancia con Martínez, lo que surge de las conversaciones de chat tomadas del celular del exfuncionario municipal.
“Para que haya delito se deben cumplimentar todos los elementos del delito como ardid, engaño, dolo, pero eso no está, por lo que no hay delito. No hubo por parte de Kraisman ni por Castro una actitud defraudatoria y no se puede desconocer el derecho, ni darse un abuso de autoridad por una detención ilegal. Está claro que no hay delito”, plantearon desde la defensa del exedil, que espera que Kraisman y la mujer queden liberados en cuestión de días.
“Sólo con lo que se vio en los chat de WhatsApp se observa una concordancia entre ellos. Con eso queda claro que no hubo delito de defraudación en contra de Virginia Martínez”, insisten los letrados defensores.
Una de las estrategias que baraja la defensa es plantear que la denominada empleada fantasma haya incurrido en falso testimonio. “Ella dijo que no sabía algunas cosas, y denunció otras”, agregaron desde el entorno del exconcejal, que buscará sostener que Martínez no fue una víctima.
Sin embargo, la defensa de Martínez insistirá esta semana con la posibilidad de constituirse como querellante. Pedirá, además, que se muestren las cámaras de la Legislatura para demostrar que la mujer no conocía tener un contrato y que, por lo tanto, nunca concurrió a la Unicameral. “Ella nunca trabajó y no conoce a la legisladora”, se insistió.
Qué pasa en la Legislatura
El oficialismo reiteró que Fernández dio de baja el contrato de Martínez porque la mujer no cumplía con sus tareas legislativas ni respetaba los horarios. Y que desde “un principio” puso a disposición del fiscal Mondino la información para que se investigue la causa.
El opositor Rodrigo Agrelo (Encuentro Vecinal) adelantó que insistirá con un proyecto de su autoría –que data de diciembre de 2023– con el que reclamará “transparencia de los gastos legislativos y publicación del listado de empleados de la Legislatura cada lunes de modo actualizado”.
Las autoridades de la Unicameral no precisaron hasta la fecha quiénes son los 1.072 contratados reconocidos por la Vicegobernación.
La presidenta del interbloque de Juntos por el Cambio, Alejandra Ferrero, planteó la necesidad de que exista un portal de transparencia actualizado. “Me parece gravísima la acusación porque todos los ciudadanos deberían tener acceso a la información. Esto salpica a todos por igual, es un desprestigio y debe aclararse por todos los que hacemos las cosas bien y los que trabajamos de manera decente”, expresó.
