Por ahora, nadie quiere mover el peón que de inicio a la partida. La posibilidad de que se caiga el tapón legal a la re-reelección de intendentes, legisladores, concejales y tribunos de cuentas está descartada en 2021, pero sigue viva.
Quien inicie la jugada sabe que, en el contexto actual, quedará emparentado con el Frente de Todos, que buscar quitarle a 93 intendentes bonaerenses el límite legal que les impide buscar una segunda reelección consecutiva en 2023. Justamente por esto, el Gobierno provincial hizo saber a través de distintos funcionarios y legisladores que “no hay margen” para intentar este año –y vale remarcar “este año”– una suspensión de ese ítem del Código Electoral.
En Córdoba, la limitación a la re-re abre interrogantes en localidades importantes para esquemas de poder del peronismo y Juntos por el Cambio: entre otros intendentes, los de San Francisco, Santa Rosa de Calamuchita, Colonia Caroya, Estación Juarez Celman, Mendiolaza, Saldán, Salsipuedes, Unquillo, Cruz de Eje, Huinca Renancó, Dean Funes, Villa Nueva, General Deheza, La Carlota, Cosquin, Santa María de Punilla, Malagueño, Brickmann y Totoral no podrán presentarse para un nuevo período en 2023.
Entre los legisladores, se destacan los nombres de referentes como Francisco Fortuna, Oscar González, Orlando Arduh, Elisa Caffaratti, Mariana Caserio, Antonio Rins o José Pihen, entre otros, quienes también están por ahora vedados para postularse para el mismo cargo en el próximo turno electoral.
“Hay una presión real de los intendentes. Pero no creo que ningún bloque inicie por sí mismo el reclamo para suspender la ley o para tomar como primer período el 2019-2023. Si lo hacemos, el costo político tiene que ser compartido”, reconoce a La Voz un jefe comunal del PRO que pretende postularse en 2023, aunque por ahora está impedido de hacerlo. El CoMuPro, el foro que nuclea a los intendentes amarillos y varios vecinalistas, declinó opinar: “Hay posturas contrarias, debemos seguir debatiendo”, explicaron al ser consultadas sus autoridades.
En el peronismo hubo planteos idénticos, pero estos no emergieron a la superficie: “Es un gran problema político que casi 300 intendentes, la mayoría de Hacemos por Córdoba, queden a la deriva en un año en el que se jugará el futuro de la administración”, reconocen en El Panal, aunque mantienen la decisión de no re discutir (”por ahora”) el límite a las reelecciones.
Debate radical
El radicalismo comenzó a tratar el tema formalmente, confirmó el presidente del partido, Marcos Carasso. Él no está alcanzado por el límite, ya que General Cabrera, la ciudad que conduce, impide en su carta orgánica la “re-re”. Carasso dijo que el Comité Central hará una ronda de consultas en los próximos días, particularmente con el Foro de Intendentes, y luego dará una opinión.
El intendente de Río Tercero, Marcos Ferrer, hoy principal referente de los jefes comunales radicales tras su rol en el triunfo de Juntos por el Cambio, rechazó de plano la posibilidad de suspender o postergar la norma que restringe las reelecciones.
“Estoy absolutamente en contra de una discusión en ese sentido; atrasa 20 años. Hay generaciones de buenos dirigentes perdidas porque no se producen los recambios necesarios. Es imposible enriquecer el debate en la política si los actores son siempre los mismos, y en muchos casos son los mismos hace mas de 40 años”, opinó al ser consultado por La Voz.
El jefe del bloque de legisladores radicales, Marcelo Cossar, opinó en un mismo sentido: “Rechazo cualquier intento del Gobierno provincial por permitir una nueva reelección a los intendentes que actualmente ejercen su segundo mandato, como así también a los legisladores. La permanencia por largo tiempo de los funcionarios en un mismo cargo conduce a la personalización de la política y al debilitamiento de la calidad institucional, demorando también los procesos de recambio que deben tener todas las fuerzas políticas, incluyendo mi partido”.
Y agregó: “Sabemos que Hacemos por Córdoba es propensa a cambiar las reglas de juego electoral, como lo hizo en 2018, pero nos gustaría más verlos tratar, debatir y aprobar proyectos como el de ficha limpia, en lugar de ser voceros de quienes pretenden eternizarse en un cargo electivo”.
El jefe de la bancada de la primera minoría, Orlando Arduh, quien no podrá presentarse a otro período como legislador por la norma en discusión, dijo que “las leyes están para ser cumplidas”, pero pateó la pelota a los intendentes y el Gobierno provincial: “Si hay una suspensión o prórroga deberá ser por pedido de la Mesa Provincia-Municipios; si la Mesa decide y fundamenta algún tipo de prórroga, seguramente acompañaríamos, pero debe ser una decisión de la Mesa”.
Daniel Salibi, que no integra el Foro de Intendentes de su partido sino el colectivo Mu.Co.Ra. (Municipalidad y comunas radicales), dice que los jefes comunales siguen “esperando que el Ministerio de Gobierno los convoque para analizar el tema, porque debe ser una decisión consensuada”. “Hay que analizar cómo lo toma la opinión pública”, agrega.
En lo medular, da a entender que, “por el contexto sanitario”, avalaría la suspensión “por única vez” del límite a las reelecciones: “Muchos intendentes no pudieron realizar su plan de gobierno por haberse abocado a la pandemia”, dice Salibi.
La vía judicial
Si no hay salida política a la “encerrona”, queda, en el campo de las hipótesis, la “interpretación de la ley”: un planteo para que el Tribunal Superior de Justicia declare inconstitucional el artículo 7 de la ley 10460, sancionada en diciembre de 2016, el que estableció estableció que el período 2015-2019 debe considerarse como primero para establecer el límite de dos consecutivos para ser electo intendente, legislador o concejal.
Es decir: “las reglas de juego se cambiaron con el partido iniciado”, sería el planteo que apuntaría contra la aplicación retroactiva de las normas.
“Es el criterio que se aplicó con Eduardo Angeloz cuando se le permitió su tercer mandato: no puede haber leyes con efecto retroactivo”, dice uno de los intendentes electo en 2015 que no descarta la vía judicial para quedarse más allá del 2023. Él entiende que como primer período debe considerarse el actual, mientras que el segundo sería el que llega hasta 2027.
En una estrategia judicial similar, se plantearía que algunos legisladores fueron electos en la lista sábana y en el período siguiente se presentaron en el tramo departamental, o viceversa, por lo que serían elecciones distintas y el límite no correría.
Ambas, vale reiterarlo, son especulaciones teóricas. Por ahora.
