Arminda Banda Oxa, quien fue empleada doméstica de Victoria Donda, le inició el jueves pasado un juicio laboral por $ 827.518 tras tenerla en negro durante 10 años, entre 2007 y 2016.
En la demanda, Banda Oxa le reclamó a la funcionaria no solo por los años de irregularidades, sino también porque, cuando finalmente Donda regularizó la situación en 2016, le pagó durante cinco años el mismo monto: 5.000 pesos mensuales. Finalmente, Banda Oxa se consideró despedida en enero de 2021.
Luego de que fracasara la conciliación laboral obligatoria, la mujer de 62 años presentó la denuncia contra la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi) en el Tribunal de Trabajo para el Personal de Casas Particulares, con sede en el Ministerio de Trabajo de la Nación.
Cuando salió a la luz la discusión con la empleada doméstica, Donda difundió un comunicado donde aseguró que “los aportes laborales y los pagos salariales fueron hechos en tiempo y forma. Así consta en los registros de ANSES y AFIP”.
Aun así, en los recibos de sueldo a los que accedió Clarín, la funcionaria tuvo registrada a su empleada doméstica por 48 horas mensuales y un pago de $5.000, hasta diciembre de 2019. En los mismos certificado Donda reconoció que le pagaba ese salario desde julio de 2016, aunque sin especificar cuál era la carga horaria en ese entonces.
En enero de 2020, Donda tenía registrada a su empleada en ANSES por 50 horas semanales y le pagaba “en blanco” $5.000 mensuales, pese a que el mínimo establecido en esa época era de $134 la hora. Es decir, que tendría que haberle pagado por lo menos $6.700.
En un período de 55 meses, Victoria Donda le pagó a Banda Oxa el mismo sueldo, pese a que la escala salarial pasó de $ 51 a $ 158,95 la hora, en ese período.
Durante 2020
En el escrito, Banda Oxa sostuvo que Victoria Donda Pérez no le pagó varios meses, desde marzo de 2020, cuando comenzó a regir el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) decretado por el presidente Alberto Fernández.
“A partir de dicha medida y atento a la falta de prestación de servicios, la empleadora comienza a no abonar mis salarios (ni siquiera la parte que se hallaba registrada por debajo de los salarios mínimos legales), motivo por el cual incrementé mis quejas verbales a fin de solucionar los incumplimientos que me aquejaban”, afirmó Banda Oxa en la denuncia.
“Sorprendió la negativa de Donda Pérez a abonar mis insuficientes salarios durante el período de restricciones, toda vez que la demandada no sufrió restricción salarial alguna y, además, contaba con libertades para movilizarse y cancelar mis salarios sin inconveniente alguno, dada su condición de funcionario público”, planteó la empleada doméstica.
Banda Oxa relató en la denuncia que luego de “ejercer innumerables presiones”, en julio de 2020 Donda le abonó $ 10.000, “correspondiendo a los meses de abril y mayo”. Luego de pagarle, la funcionaria “intentó convocarme a prestar servicios (a pesar de la prohibición legal imperante), señalando que podía trasladarme en el vehículo oficial que el INADI pone a disposición de la Sra. Donda Pérez, toda vez que se encontraba vedado el acceso al transporte público para mi actividad”, declaró la mujer.
Ante la negativa a violar el aislamiento, la empleada doméstica aseguró en su denuncia que Donda no le pagó por varios meses hasta que finalmente abonó “la suma de $21.500”, con la que “pretendió cancelar con ese monto los salarios de los meses de junio, julio, agosto, septiembre y octubre de 2020”.
“Agotada de tantos incumplimientos y de las dificultades que debía enfrentar a una edad avanzada para poder hacerme de mis ingresos, a lo que cabe agregar la falta de pago de aportes por todo el primer período de la relación laboral en la que me encontré sin registro alguno, decidí intentar jubilarme”, contó Banda Oxa.
Fue en el momento que la mujer solicitó que se regularice su situación previsional de los 10 años en los que había prestado servicios “sin registro alguno”, entre 2007 y 2016, Victoria Donda se negó y le pidió que renunciara, “a cambio de conseguirme un Plan Social o bien una contratación en el INADI, instituto estatal que ella dirigía” .
“Ante dichos ofrecimientos, que tomaron estado público en el marco de una causa penal que se inició al respecto, decidí formalizar mi reclamo” de regularización del contrato de trabajo, a fines de 2020, “habida cuenta que la empleadora evidentemente jamás iba a satisfacer mis reclamos de modo legítimo”, planteó la empleada doméstica.
La funcionaria rechazó el reclamo y, entonces, Banda Oxa se consideró “injuriada y despedida”, el 12 de enero de 2021.
Victoria Donda fue sobreseída de la denuncia penal que inició Banda Oxa por el ofrecimiento de un puesto en el Inadi o un plan social para conseguir su renuncia. El juez Sebastián Casanello desestimó el juicio por “inexistencia de delito”.
