El escándalo que desató el contrato de una “empleada fantasma” en la Legislatura de Córdoba no deja de impactar en el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba. Por un lado, la vicepresidenta de la Unicameral, Nadia Fernández, debió reconocer que autorizó y luego dio de baja el contrato de la “asesora” Virginia Martínez.
Pero la mujer, a través de su abogado, aseguró “que no pisó” nunca la sede legislativa y que tampoco conoce a la legisladora.
La trama se inició el 16 de enero, cuando el exconcejal, exfuncionario y durante largos años asesor legislativo Guillermo Kraisman intentó cobrar el primer sueldo de Martínez como contratada. Para esto usó un DNI de esta supuesta empleada en compañía de Luciana Castro, otra de las personas investigadas.
Kraisman y Castro quedaron detenidos y sin lograr el objetivo de retirar $ 1 millón de la cuenta de Martínez, con ingreso a la Legislatura como asesora del bloque oficialista en diciembre y dada de baja el 8 de enero.
El exconcejal es un hombre de las entrañas del PJ de la Capital. “El Puma” o “el Viejo loco”, como ahora lo apodan, terminó detenido y acusado por este caso por una presunta tentativa de estafa. Desde su entorno aseguraron a La Voz está dispuesto a acogerse a la ley del arrepentido y “encender el ventilador” en cuestión de días si advierte que le “sueltan” definitivamente la mano.
Pero, ¿qué tiene para contar Kraisman? ¿Y por qué hasta ahora no salió a cuestionar a sus pares de militancia en la Legislatura?
Desde su defensa sostienen que “no hubo delito” y que, en todo caso, fue Kraisman quien “conectó a Martínez” para cobrar el dinero y repartirlo a otro puntero del PJ de la Capital. “Si no existió un ardid, un engaño, no hubo delito por parte de Kraisman y eso quedará demostrado. Hubo un acuerdo que hicieron Martínez (la empleada fantasma), con su madre y un militante de barrio Cárcano, un acuerdo de ellos”, dijeron desde la defensa del exfuncionario, apartado de la gestión de Daniel Passerini después de que en 2024 intentara robar bondiola en un supermercado.
“No existió una defraudación ni hay elementos para un delito, porque fue un acuerdo que existió antes y durante”, se insistió al explicar que Kraisman acompañaba, pero no era parte de ese reparto de dinero.
En la jerga de algunos legisladores a esto lo llaman “la ayuda a los compañeros”, es decir contratados para los militantes: dinero del Estado para las cajas de la política. Aunque con la aclaración de que en ésta, Kraisman “no se quedaba con nada”, según la defensa.
Esta estrategia es la que sostendrá el exconcejal, dispuesto, por ahora, a “no ir en contra” de las espadas políticas del PJ de la Capital.
“Lo que firmó Fernández también podría haber terminado siendo autorizado por cualquier otro legislador. Nadia controla todo, trabaja en todo y es rigurosa. Estaba ella, pero podrían haber firmado Myrian Prunotto o Facundo Torres (presidente provisorio). Ella es la que está en la Legislatura; el resto, más en el interior”, dijo un cercano a Fernández.
Sin embargo, esto es una bomba que podría generar un efecto en cadena si Kraisman habla. O si finalmente se conoce cómo ingresan los contratados y quiénes y cuántos son los asesores de cada legislador, datos que la Legislatura se niega a proporcionar, lo que motivó un pedido de amparo judicial presentado por La Voz y que debería ser resuelto esta semana.
“Nunca fue a la Legislatura”
Desde el entorno de Martínez, aseguraron que la mujer “nunca militó en el PJ ni en otro espacio” y que “tampoco conoce a la legisladora Fernández”. Sí explicaron que su madre vive en el mismo edificio que Kraisman y que tenían vínculo, pero que entre madre e hija no hay una relación cercana.
“Es una víctima de todo esto. Ella no es de la política, trabaja en una empresa privada, nunca fue a la Legislatura”, dijeron.
Gustavo Castellano, abogado defensor de Martínez, dijo a este medio que la mujer no fue a la Legislatura y que tampoco pidió ser contratada. También confirmó que solicitó ante la Fiscalía Anticorrupción de Franco Mondino los ingresos y cámaras de la Legislatura para “demostrar” que su clienta no estuvo en el lugar.
En el marco de la causa, Castellano pidió en la Justicia constituirse como querellante, mientras que ante la Legislatura elevó un pedido de información pública para que se le entregara el listado de contratados de diciembre. “Esto último nunca fue contestado, se vencieron los plazos sin que la vicegobernadora informe, por lo que presentamos un amparo por mora en la Justicia, acorde a la ley 8.803 (Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado)”, precisó.
“Martínez nunca fue a trabajar porque nunca firmó, no existió un acto administrativo. No conoce a la legisladora Fernández, ni habló ni le ofreció nada; es una mujer apolítica... Y ella ya hace muchos años que no vive en el edificio de Kraisman. Lo conoce porque es vecino de la madre...”, aseguró.
También dijo que el DNI con el que el exconcejal se presentó al banco no era la última credencial actualizada y que Martínez desconoce cómo llegó a manos de Kraisman.
“Nos preguntamos entonces por qué, si en la Legislatura se dio de baja el contrato, Kraisman días después intentaba cobrar. Fue un cobro malhabido, usaron un DNI vencido, que carecía de valor, por lo que usaron a una persona para un dinero malhabido”, reiteró.
Los dichos de Martínez, quien ya fue citada a declarar, se contradicen con los de la legisladora, quien aseguró que autorizó su ingreso y luego su baja porque la mujer no cumplía con su tarea y sus horarios. “No hay ánimo de ocultar nada... Siempre estuvimos a disposición de la Justicia. No hubo una empleada fantasma”, insistió Fernández, quien aseguró que realizó sus aportes a la Justicia.
