La fiscal federal Fabiana León y el titular de la Unidad de Información Financiera (UIF), Paul Starc, sentaron este viernes una postura firme e innegociable en la causa de los cuadernos de la corrupción durante el kirchnerismo: rechazar de plano que empresarios acusados eviten el juicio oral y público mediante pagos económicos.
Según publica Infobae, con una declaración que resuena en los pasillos de Comodoro Py, la fiscal León afirmó: “No hay precio que se pueda poner al daño institucional que se han causado; en esta fiscalía no se vende impunidad”.
Esta contundente expresión fue dirigida a los más de 40 ejecutivos (específicamente 47 empresarios y el ex jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina) que habían ofrecido desde sumas millonarias hasta bienes exóticos, como un departamento en Miami y un barco, para extinguir la acción penal y eludir el debate judicial.
Antes de la fiscal, Paul Starc, titular de la UIF, ya había advertido que aceptar tales propuestas significaría “mercantilizar la corrupción” y “habilitar la impunidad de quienes detentan poder económico”.
Los argumentos de la fiscal
En su exposición, la fiscal León rechazó de manera categórica la posibilidad de extinguir la acción penal mediante acuerdos reparatorios.
Argumentó que el instituto de la reparación integral exige una “víctima concreta y un daño mensurable”, además de un “consenso real” entre el imputado y la víctima.
En este sentido, afirmó que “sin consenso real, no hay reparación integral posible”.
León enfatizó que en este tipo de procesos de corrupción, no existe una víctima individual con la que se pueda negociar y que los pagos unilaterales equivaldrían a “abrir un mercado de impunidad”.
La fiscal fue más allá, sosteniendo que “no puede haber arreglos a espaldas de la sociedad. Sería repugnante hacerlo de tal modo. Sería repugnante en sí mismo como al concepto mismo de República”.
Asimismo, calificó los ofrecimientos monetarios de algunos imputados como “patéticos” y señaló que, al dividir la suma ofrecida por los doce años que duró la investigación, el monto resultaba “ridículo”.
Subrayó que, en los delitos de corrupción, el daño no es meramente patrimonializable ni transable, ya que afecta directamente “la confianza pública y la legitimidad del Estado”.
La fiscal concluyó que aceptar estos acuerdos unilaterales implicaría “banalizar el proceso penal, privatizar el interés público y abrir un mercado de impunidad”.
Reafirmó que no se cumplen los tres requisitos materiales para la extinción de la acción penal por reparación integral: no hay acuerdo real, no existe una víctima individual y no es posible una reparación plena del daño institucional causado.
Tras escuchar la firme posición del Ministerio Público Fiscal, el Tribunal Oral Federal 7 llamó a un cuarto intermedio hasta el próximo martes 16 de septiembre.
En esa jornada, se escucharán las palabras finales de las defensas antes de que el tribunal delibere y tome una decisión sobre esta cuestión fundamental en una de las causas de corrupción más importantes de la historia argentina
