Según la acusación del fiscal federal Carlos Stornelli, leída este jueves en la quinta audiencia del juicio oral por la causa Cuadernos, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner “recibió sumas de dinero en sus domicilios” provenientes del pago de coimas por parte de empresarios durante su gobierno.
“La principal receptora resultó ser Cristina Elisabet Fernández, quien más allá de ser la Presidenta de la Nación Argentina, era quien tomaba posesión final de la mayoría del dinero otorgado por los privados”, sostiene el requerimiento de elevación a juicio, que la ubica en el centro de la supuesta estructura delictiva.
De acuerdo con la fiscalía, el departamento de la calle Uruguay, en Recoleta, donde vivió la exmandataria, era uno de los principales puntos de “acopio” del dinero, junto con la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
En todos esos lugares, según la acusación, se habrían concentrado los paquetes de efectivo que partían de distintas empresas.
Cristina Kirchner siguió la audiencia por Zoom desde el departamento de San José 1111, donde cumple arresto domiciliario por la condena a seis años de prisión en el caso Vialidad.
En el expediente central de Cuadernos está procesada como presunta jefa de asociación ilícita y por cohecho en 22 hechos.
Cómo describe el esquema la fiscalía
Para la acusación, los pagos ilegales se canalizaban a través de una organización que tenía roles definidos: “Roberto Baratta fue identificado como el comunicador y receptor inicial, Héctor Daniel Muñoz como uno de los intermediarios finales, y Cristina Elisabet Fernández como la destinataria final de fondos”, se leyó en la sala.
Muñoz, ya fallecido, fue señalado como secretario privado de Néstor Kirchner y aparece como el encargado de acercar el dinero a la entonces jefa de Estado.
La fiscalía sostiene que “se encuentra acreditado que Cristina Fernández recibió sumas de dinero en sus domicilios, y a través de Héctor Daniel Muñoz, de parte de los empresarios”.
El esquema, según el requerimiento, se apoyó en los testimonios de imputados colaboradores que “ratificaron la participación e intervención directa de la imputada en la recepción de los sobornos garantizados por los privados” y en las anotaciones del chofer Oscar Centeno, autor de los cuadernos que dieron origen al caso.
Para los investigadores, “gran cantidad de las entregas de dinero fueron, en último término, trasladadas, también por miembros de esa organización, a inmuebles que eran utilizados por Cristina Elisabet Fernández”, entre ellos el departamento de Juncal y Uruguay, señalado como “epicentro de acopio” del dinero retirado de las empresas contratistas del Estado.
Los empresarios y los pagos bajo sospecha
En la lectura del requerimiento se enumeraron parte de los 128 hechos de pago de sobornos incluidos en la acusación.
Entre ellos, supuestos aportes ilegales vinculados a figuras como Carlos Wagner, Enrique Pescarmona, Juan Carlos de Goycoechea, Gerardo Ferreyra, Raúl Glazman, los empresarios Ivánissevich, Romero, Vertúa y Dragonetti, entre otros.
Según la hipótesis fiscal, esos fondos tenían como objetivo que los funcionarios “ejercieran sus influencias” para favorecer a las compañías en licitaciones, contratos de obra pública y otros negocios con el Estado.
El conjunto de maniobras fue encuadrado como una asociación ilícita destinada a ejecutar “planes delictivos” durante los gobiernos kirchneristas.
Uno de los arrepentidos citados en la acusación es el extitular del Occovi, Claudio Uberti, quien relató que, en una visita al departamento de los Kirchner en Recoleta, vio “unas 20 valijas” que, según le habría dicho Muñoz, tenían como destino la casa de la familia en Río Gallegos, donde habría bóvedas instaladas.
El descargo de Cristina Kirchner
Tras la lectura de los cargos, el Tribunal Oral Federal N°7 dio paso al descargo escrito que la expresidenta presentó durante la instrucción y que ahora se incorporó al debate.
“No han conseguido ni siquiera una mínima prueba que acredite los delitos que calumniosamente se me atribuyen”, enfatizó la exmandataria en ese texto.
Cristina Fernández negó “de manera categórica y terminante” haber participado de “algún tipo de asociación ilícita” y rechazó haber cometido delito alguno.
Sostuvo que la investigación fue “dirigida deliberadamente” en su contra y cuestionó que se hayan “arrasado todas y cada una de las garantías que hacen al debido proceso legal” sin que, a su juicio, se hayan reunido evidencias que la involucren.
Cómo sigue el juicio por los Cuadernos
Con la audiencia de este jueves concluyó la lectura de las 678 páginas de la acusación en la causa central.
Ahora el Tribunal, integrado por los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli, continuará con los requerimientos de elevación a juicio en los tramos vinculados, como el expediente por sobornos ligados a la firma Isolux-Corsán.
Luego comenzará la etapa de cuestiones preliminares, en la que las defensas plantearán nulidades y objeciones que deberán ser respondidas por la fiscal Fabiana León y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que actúa como querella.
Recién después se fijará el cronograma para las 86 declaraciones indagatorias previstas, entre ellas la de la expresidenta.
El debate se realiza, por ahora, en modalidad mixta: los jueces se conectan desde la sede del Tribunal y las partes participan de forma remota.
El TOF7 tiene pendiente resolver si acepta el ofrecimiento de la Cámara de Casación para mudar las audiencias a Comodoro Py y sumar mayor presencialidad y más días de debate semanal.
Entre los acusados que siguen el juicio detenidos se encuentran el exministro de Planificación Federal Julio De Vido y el exsecretario de Transporte Ricardo Jaime, ambos condenados por la tragedia de Once y alojados en la cárcel de Ezeiza.
El proceso por la causa Cuadernos, uno de los más grandes por presunta corrupción en la obra pública, recién comienza a desplegar su etapa de debate público.
