“Si la izquierda maneja la asamblea provincial de la UEPC, no hay mucho por hacer. Cualquier oferta que hagamos será rechazada”, se escuchó el jueves por la noche en el despacho principal del Centro Cívico, en una reunión entre el gobernador Martín Llaryora y algunos de sus funcionarios más cercanos.
Esa charla fue horas previas a que la UEPC, el gremio docente provincial, rechazara la última oferta salarial y convocara a un paro de 48 horas para después del receso invernal. Un día antes, el Gobierno ya sabía de la decisión.
En el Centro Cívico están convencidos de que detrás del conflicto está la oposición: la izquierda, el juecismo, el radicalismo y los “desencantados” con los políticos, a quienes sintetizan como “mileístas”. Aunque no sean precisamente militantes de La Libertad Avanza.
Lo que recitan sus funcionarios es lo que el gobernador repite en privado, con mezcla de bronca y desilusión. “El conflicto ya es político, no económico. Si les ofrecemos pagarles el mejor salario docente del país y lo rechazan”, difunden los llaryoristas.
Entre los docentes no hay una postura unificada. Hay miradas políticas disímiles, pero en las bases sobrevuela un común denominador mayoritario que se reflejó en las asambleas escolares: el salario no alcanza.
La versión del Gobierno sobre la supuesta politización del gremio docente es discutible, pero tiene una larga historia en Córdoba.
Hay algunas definiciones políticas que no significan que sean verdades, pero quedaron grabadas como tales.
Por ejemplo, que el radical Ramón Bautista Mestre perdió las elecciones provinciales de diciembre de 1998, contra el peronista José Manuel de la Sota, por el prolongado enfrentamiento con los docentes.
En aquel momento, la UEPC era conducida por la lista Celeste que lideraba Walter Grahovac. El gobernador Mestre implementó un duro ajuste en Educación para enfrentar la crisis que heredó de su correligionario Eduardo Angeloz: impuso el presentismo entre los docentes y cerró muchas escuelas; sobre todo, rurales.
En aquella campaña, el gremio docente jugó decididamente a favor del PJ, que terminó ganando los comicios. Nunca se sabrá la incidencia de la UEPC en aquel triunfo, pero al menos para De la Sota fue importante: dicen que tentó a Grahovac para que asumiera en el Ministerio de Educación.
Ante el rechazo del sindicalista, que por entonces había sido reelegido en el gremio, el flamante gobernador designó a Juan Carlos Maqueda, actual miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En los 25 años de gestiones peronistas que se cumplirán este 12 de julio, la UEPC tuvo momentos de conflictividad con el Gobierno, aunque siempre hubo una convicción que guio al gremio: una postura a favor del Estado. Además del buen vínculo de la mayoría de los gremialistas con los gobiernos peronistas.
Grahovac se convirtió en ministro de Educación recién en 2007, en un momento crítico para el PJ, luego de la ajustada victoria de Juan Schiaretti sobre Luis Juez.
Con Grahovac en el ministerio y los dirigentes con los cuales compartió militancia gremial en la conducción de la UEPC, sumado el delasotista José “Pepe” Pihen al frente del Sindicato de Empleados Públicos (SEP), tanto De la Sota como Schiaretti lograron sortear las diferencias con los estatales.
Tanto es así que los principales sobresaltos que tuvieron ambos mandatarios peronistas no provinieron de los gremios: en 2013, a De la Sota le estalló la Policía de Córdoba; en 2021, Schiaretti tuvo un duro revés con los médicos autoconvocados, que no respondían a los gremios establecidos.
Los cambios del presente
La realidad de hoy tiene algunas variantes. La lista Celeste sigue conduciendo la UEPC a nivel provincial, pero en las elecciones del año pasado cometió un error grave: se dividió en la Capital y le dejó el triunfo servido a una lista liderada por dirigentes de izquierda.
No fue el único traspié del oficialismo: tal vez producto del desgaste de 37 años en la conducción del gremio, también perdió en otras delegaciones importantes del interior.
Hoy Llaryora negocia con la UEPC, pero el gremio no le garantiza que el acuerdo pase la asamblea provincial. Es lo que ocurrió varias veces el año pasado. Y más ahora, con una oposición combativa en la Capital.
Cuando los funcionarios llaryoristas aseguran que el gremio está “tomado por los zurdos”, esquivan parte de la realidad.
La izquierda sacó el 22% de los votos a nivel provincial. No es poco, pero tampoco significa que manejen a la mayoría de los delegados.
Desde el Gobierno aseguran que los docentes cordobeses están entre los mejor pagos del país. Puede ser una realidad estadística, pero no es un dato que se refleje en las asambleas escolares. El disconformismo es mayoritario en las bases de los docentes.
En este contexto, Llaryora está en una encrucijada: no puede ofrecer más plata, porque asegura que comprometería las finanzas provinciales.
Además, el resto de los gremios estatales están pendientes de la negociación con los docentes. Si hay más plata para estos, aquellos pedirán el mismo trato.
El Gobierno intenta politizar el conflicto, porque considera que no puede ofrecerles más aumento.
Todo parece indicar que será una pulseada prolongada. El horizonte se presenta complicado para el gobernador, pero tiene algo a favor: el tiempo. Recién está arrancando su mandato y puede afrontar un conflicto de largo plazo. Habrá que ver si los docentes están dispuestos a resistir tanto tiempo sin cobrar aumentos.
