Una cerca perimetral de cada vez mayor altura se tiende sobre Córdoba en cada proceso electoral provincial. Es una fuerte decisión política que toma en cada votación el oficialismo local y ha sido una de las claves de la permanencia en el poder del peronismo cordobés durante dos décadas y media, que aspira a llevarla a casi tres.
Es que, en un cúmulo de diagnósticos sobre la elección que se viene, hay como dos visiones contrapuestas. En Hacemos por Córdoba, sostienen que las complicaciones pueden llegar de afuera. Del contexto nacional, de la profundización de la crisis, de un emparentamiento de todos los peronismos sin distinguir matices y diferencias, de una fuerte movida antipolítica, de una tendencia general en favor de Juntos por el Cambio.
A la inversa, en Juntos por el Cambio consideran que los problemas están adentro, en el desgaste de una gestión muy larga, en las situaciones que se han desatado en las áreas críticas, en una necesidad de alternancia.
Por eso, la clásica decisión de alambrar Córdoba ya se está ejecutando por parte del PJ cordobés. Es decir, sacarle lo más posible cualquier componente nacional a la decisión de elegir a la quinta persona que será gobernador de esta provincia desde el regreso de la democracia.
Esa idea tiene un pequeño escollo. La posible incursión del gobernador Juan Schiaretti como candidato nacional, algo que cada vez tiene menos fuerza.
En algún momento, el intendente capitalino y candidato oficialista a la gobernación, Martín Llaryora, había imaginado a Schiaretti yendo a las Paso presidenciales y ensayaba colgar las elecciones provincial y capitalina a esas primarias de agosto para aprovechar la tracción del gobernador como aspirante presidencial.
Pero las Paso siguen en duda y la posible precandidatura de Schiaretti por la estrechísima avenida del medio casi no avanza.
Así que Llaryora volvió a la idea de separar lo más posible la votación cordobesa de la nacional, cuyo cronograma es: elecciones Paso en agosto, elecciones generales en octubre y posible segunda vuelta en noviembre.
Llaryora va a la mesa de toma de decisiones de campaña con la idea de votar cuanto antes. Abril o mayo, dicen alrededor del intendente, a la par que minimizan el hecho de que la ley provincial habilite recién como primer domingo el 18 de junio para elegir gobernador. “No hay costo alguno por cambiar una ley que ya fue cambiada en 2019″, razonan, con el aval de tener dos tercios de la Legislatura.
Los que hablan en nombre de Schiaretti sostienen que un nuevo cambio de norma electoral sólo hay que aplicarlo en caso de emergencia y que junio no es mal mes para votar. Pero reconocen que la decisión no está tomada. Mientras, monitorean los movimientos de la oposición provincial y sus indefiniciones.
Jugar con la fecha de elecciones para favorecer ruidos o rupturas enfrente está siempre como opción.
“Ni en un reglamento se pueden poner de acuerdo, no sé cómo se pueden a llegar a poner de acuerdo si les toca gobernar”, coinciden en el Panal y en el Palacio 6 de Julio sobre el presente opositor.
Juntas o separadas
Schiaretti y Llaryora tampoco se han puesto de acuerdo respecto de unir o separar la elección de gobernador de la de intendente capitalino.
El gobernador insinúa que prefiere dos fechas distintas y el intendente está, al menos por ahora, más inclinado a volver a unificarlas, como en 2019.
Tampoco van a formalizar por el momento el nombre del postulante oficialista a la intendencia. Son cada vez más los anotados y están cada vez más activos todos. Lo mismo, siempre conviene recordar que muchos anuncian que quieren ser candidatos a intendente para no quedar fuera de la lista de concejales o de legisladores.
En ese contexto, el viceintendente Daniel Passerini, que no podría aspirar a la reelección si llega al Palacio 6 de Julio, aparece como el que recibe más señales. El hecho de que algunos integrantes del círculo más íntimo de confianza de Llaryora hayan posteado en redes declaraciones de Passerini promocionando su precandidatura es un indicador.
