El Gobierno nacional busca consenso para renovar la legislación laboral. En esa discusión, aparece un tema que se menciona siempre, pero que sigue sin resolverse: la litigiosidad laboral.
Mientras se revisan las reglas para incentivar el empleo, el sistema de riesgos del trabajo convive con un aumento sostenido de juicios que lo desestructura y que termina impactando en empresas, trabajadores y aseguradoras.
¿Qué es una ART y por qué importa en este debate?
Las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART) son empresas privadas creadas en 1996 para asumir los costos derivados de accidentes y enfermedades laborales. Nacieron para liberar a los empleadores del riesgo económico que implicaba enfrentar esos siniestros por su cuenta y para profesionalizar la prevención, la atención médica y las indemnizaciones. Las empresas pagan una alícuota mensual y, a cambio, las ART cubren la asistencia y, cuando corresponde, la compensación económica. El sistema funciona siempre que los riesgos sean previsibles y que la Justicia aplique reglas claras. Ese es el punto que hoy está en tensión.
La curva que se invirtió: menos accidentes, más juicios
Durante los últimos 20 años, los accidentes laborales bajaron de manera sostenida, de 68 a 33 cada mil trabajadores. Sin embargo, la cantidad de juicios avanzó en dirección opuesta. Pasó de un caso cada mil trabajadores a 13. Según la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, una gran mayoría de los expedientes que llegan a tribunales había sido evaluada previamente por las comisiones médicas como no laboral o como laboral sin incapacidad. Aun así, en los juzgados provinciales terminan apareciendo incapacidades que promedian el 13%. La diferencia entre provincias y hasta entre juzgados de la misma jurisdicción muestra que no hay un criterio uniforme.
La consecuencia se ve en los números. Las ART trabajan con una alícuota promedio del 2,9% del salario, pero enfrentan más de 10 mil demandas por mes. Entre costos judiciales, honorarios y gastos administrativos, cerca de un 1% del salario termina destinado a sostener litigios. Es un volumen que tensiona la estructura de un sistema pensado para cubrir siniestros, no para financiar una litigiosidad creciente. El aumento es constante: 126 mil juicios en el último año contra 120 mil del año previo y 80 mil de tres años atrás.
Por qué el sistema se vuelve imprevisible
La crisis se sostiene en tres trabas principales. Los peritajes médicos no usan un mismo criterio, lo que genera fallos muy diferentes para situaciones similares. Los jueces aplican métodos distintos para actualizar montos, desde índices salariales hasta tasas de interés, lo que vuelve imposible anticipar los costos. Y casi la mitad de las demandas entran fuera del plazo legal, pero igual es aceptada por los tribunales provinciales.
Este combo hace que el riesgo laboral sea difícil de asegurar. Las ART pierden solvencia y el costo potencial vuelve a caer sobre las empresas, que dependen de este sistema para evitar un impacto financiero imposible de absorber por cuenta propia.
La pieza que falta
Actualizar el Baremo, el manual que fija cómo medir las incapacidades, es un paso positivo. Pero la estabilidad del sistema depende de algo más amplio: ordenar los criterios en las justicias laborales provinciales. Se necesita un estándar médico común, reglas claras y únicas para actualizar montos y un cumplimiento firme de los plazos de caducidad. Sin ese acuerdo federal, la litigiosidad seguirá creciendo y erosionará la previsibilidad que requiere cualquier sistema de seguros.
La modernización laboral puede avanzar, pero para que tenga impacto real necesita un sistema de riesgos del trabajo que funcione con reglas estables. Ese es el capítulo que todavía está pendiente y que define buena parte de la competitividad del empleo formal en Argentina.
* Economista de Idesa
