La mayoría de los materiales vinculados a la obra pública están al rojo vivo.
Algunos insumos subieron más del 60% en los últimos 12 meses y otros escasean a la espera de nuevos ajustes.
A las complicaciones autóctonas de aumentos y desabastecimiento, se suma ahora la guerra en Europa, contexto que presiona aún más sobre los precios de todos los derivados del petróleo (desde asfalto, hasta aceros y plásticos).
Las redeterminaciones del valor de las obras, en el caso de la Provincia y la Municipalidad capitalina, se estaban realizando –en promedio– unas tres veces por año. Esa frecuencia subió a cuatro y hasta a cinco, según el tipo de trabajo.
El impacto de la suba de precios también alteró la lógica de los anuncios, donde en algunos casos ya se habla de “montos iniciales”, atendiendo al constante ajuste.
Como muestra, basta decir que el Presupuesto 2022 de la Provincia, en el que el Ministerio de Finanzas proyectó 71.800 millones de pesos para rutas, autovías y mantenimiento de caminos, ya quedó viejo.
Entre septiembre del año pasado, cuando se elaboró la ley de leyes, y enero último, el índice obra pública (IOP) ya subió casi un 12%.
El IOP es el mecanismo que utiliza la Provincia para actualizar el remanente de las obras a medida que la inflación va licuando los contratos iniciales.
Todo el proceso se lleva a cabo dentro del Ministerio de Obras Públicas.
Bajo la órbita de esa cartera, que dirige Ricardo Sosa, hay actualmente activas 131 trabajos, entre los que corresponden a Caminos de las Sierras, a Vialidad y a Arquitectura. A esos hay que sumarles las obras del Ministerio de Servicios Públicos, entre otras reparticiones.
Índice de Obra Publica
Perspectivas y pedidos de cambio
En el Panal preocupa el aumento del dólar oficial, que podría reimpulsar más el costo de algunos productos que el año pasado, con el tipo de cambio más controlado, moderaron el alza del IOP y lo colocaron por debajo del índice de precios al consumidor (IPC).
“Hay que tener en cuenta que en el IOP está la mano de obra, por ejemplo, que está bastante planchada, además de algunos commodities que no subieron tanto en 2021, pero que ahora se están despertando”, confiaron desde la cartera que organiza las redeterminaciones.
El proceso de redeterminación en la Provincia, hasta marzo de 2021, se iniciaba cuando el IOP superaba el 5%. Ese porcentaje se duplicó desde entonces y ahora rige, como en la Municipalidad, un “gatillo” del 10%.
Desde la Cámara Argentina de la Construcción Filial Córdoba, su titular, Luis Lumello, le dijo a La Voz que están tratando de “volverlo al 5%”.
“En este contexto inflacionario, incluso cuando se respeten los plazos para la tramitación y el pago de las readecuaciones, el cobro de los aumentos se obtiene recién cinco meses después”, explica.
Cómo se determina el nuevo precio
El sistema funciona así: la Dirección de Estadística y Censos de la Provincia releva los precios de un conjunto de 46 productos y servicios comúnmente utilizados en las obras públicas, desde cemento y hierro, hasta el costo de la mano de obra.
A fines del mes siguiente, publica el listado actualizado y, con esos datos, las empresas calculan si su obra superó el 10% y, de ser así, piden el ajuste.
“El proceso, si no hay demoras, tarda 90 días desde que presentamos el expediente. Es decir, cobramos con suerte en julio el aumento que ya pagamos en febrero”, apunta. Lumello explica que “todo lo que subió, hasta un 9,99%, no se cobra nunca, no se recupera”. “Por lo menos, necesitamos que vuelvan al 5%”, analiza.
Cuando la Provincia determinó el cambio del porcentaje del gatillo de las redeterminaciones, en el decreto argumentó que una de las razones era el “significativo dispendio administrativo producto de la tramitación de numerosas adecuaciones de precios en el curso de la ejecución de las obras públicas provinciales”.
En otras palabras, gastos burocráticos.
La norma detallaba que “el elevado volumen de trámites implica, por las indefectibles intervenciones y procedimientos, plazos más extensos que los deseados en los reconocimientos de los mayores costos, algo que que, en definitiva, termina por contrarrestar el objetivo de lograr la recomposición oportuna de las ecuaciones económico-financieras de los contratos”.
Desde la Cámara entienden que el procedimiento es casi automático y no debiera llevar demasiado tiempo ni costos, gracias a que el índice es eficiente.
