Luego del acuerdo alcanzado el 18 de marzo pasado con los docentes (UEPC), en el Gobierno provincial consideraban que estaba encaminada la negociación salarial con el resto de los gremios. El impacto de la inflación y la caída de la recaudación complicaron la discusión con los estatales, con algunos sectores que ya plantearon un fuerte plan de protesta.
Por la mala experiencia del año pasado, para este 2025, el Gobierno provincial cambió su estrategia: comenzó a discutir salarios con la UEPC, el gremio estatal provincial más numeroso (80 mil), y que más tiempo demoró acordar en 2024.
Si bien cada sector tiene sus particularidades, la gestión del gobernador Martín Llaryora firmó con los docentes un acuerdo sobre estos parámetros: un aumento del 18% para el período febrero-agosto, distribuido de cuotas: 7% en febrero; 5% en abril; 3% en junio y otro 3% en agosto. Las primeras dos cuotas (febrero y abril) fueron remunerativas sólo el 50%.
El secretario General de la Gobernación, David Consalvi, comenzó a negociar con el Sindicato de Empleados Públicos (SEP) y la Unión Personal Superior (UPS), el gremio de los jerárquicos, con la consigna de firmar acuerdos que no supere los aumentos otorgados a los docentes.
Ambas negociaciones están trabadas, por distintos motivos. El SEP pide más blanqueos de adicionales, un arregló por seis meses y que entre en vigencia la nueva Ley de Salud en los hospitales públicos. Mientras que los jerárquicos (UPS) exige que todos los aumentos sean remunerativos para que los cobren en su totalidad los jubilados. Precisamente, el sector pasivo es el más perjudicado por el impacto de la inflación. El acuerdo con los docentes contempla que el 7% de incremento en febrero, y el 5% en abril, sólo la mitad llegará al sector pasivo. Con el índice de inflación de marzo y abril, ese aumento quedará por debajo de la suba de los precios.
Postura oficial
En el Centro Cívico admiten que la inflación de marzo “complicó todo”. Aunque, por ahora, se mantiene la postura de insistir con el ofrecimiento que ya aceptó la UEPC.
En el Gobierno también aducen otra cuestión que impacta en la negociación: la caída de la recaudación. “Los ingresos atados al consumo están planchados”, admiten los funcionarios llaryoristas.
Otro tema que tampoco pasa inadvertido para el oficialismo: hay mucha presión social –y política– para que bajen la presión impositiva, que en este contexto “es imposible”, repiten los llaryoristas.
En este contexto, el Gobierno ve con preocupación los crecientes reclamos de los estatales que aún no acordaron la paritaria. Con fuerte incidencia de los autoconvocados.
Los judiciales aprobaron un plan de lucha que incluye dos días de paro en las próximas dos semanas. Mientras que los hospitales la atención está resentida por las dos horas de asamblea por turno.
Los docentes firmaron el acuerdo, pero el próximo miércoles, la UEPC Capital (opositora a la conducción provincial del gremio docente) se movilizará reclamando la reapertura de la discusión paritaria.
El titular provincial de la UEPC, Roberto Cristalli, aseguró que en julio habrá una “mesa de evaluación” del acuerdo firmado.
En la gestión de Llaryora se reconoce que la situación de los jubilados es lo que genera más reclamos de parte de los estatales.
La eliminación del diferimiento para los jubilados del cobro de los aumentos que reciben los activos, es el principal reclamo de los gremios. “Eso es imposible en este contexto”, responden los funcionario.
Además, hay una negociación en curso con la Anses por la deuda que tiene con la Caja de Jubilaciones. El tema está en la Corte Suprema, y recién dentro de dos semanas habrá la segunda reunión de conciliación.
Si la Anses sigue sin enviar un peso a la Caja de Jubilaciones, el Gobierno no discutirá una eventual reducción del diferimiento, que alcanza a los jubilados provinciales que cobran un haber de más de 1.250.000 pesos. Para eso falta tiempo, y el gobernador Llaryora buscará acordar con los estatales la semana que viene.
Paros y asambleas
En los próximo días serán de reclamos de los gremios estatales que aún no firmaron la paritaria con el Gobierno provincial.
Más allá de que no negocien salarios en el Centro Cívico, el gremio de los judiciales cordobeses que encabeza Federico Cortelletti, aprobó un áspero plan de protesta que impactará en los Tribunales.
El reclamo al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de un aumento salarial incluye un paro provincial de 24 horas para el próximo miércoles, y otro para el viernes 9 de mayo. De no haber una respuesta del TSJ, a mediados del mes próximo habría otro cese de actividades, esta vez por 48 horas.
Por su parte, el SEP se declaró en estado de alerta y decidió asambleas de dos horas por turno, en todas las reparticiones. Esta medida afecta la atención en los hospitales públicos, en los cuales hay medidas de fuerza de otros gremios, como ATE, Atsa, y los autoconvocados.
Más allá que el gremio docente haya firmado la paritaria hasta enero, este miércoles, la delegación Capital del gremio docente realizará una movilización por el centro de la ciudad de Córdoba, reclamando la reapertura de la discusión salarial.
Desde la cúpula provincial del gremio docente aseguran que el acuerdo tiene una cláusula de revisión por inflación en julio. Es decir, que no habrá medidas de fuerza por parte de la conducción provincial.
