El fiscal Andrés Godoy decidió cambiar la carátula del caso en el que están detenidos el puntero del peronismo Guillermo Kraisman, quien ocupó diversos cargos públicos, y la exfuncionaria municipal Luciana Castro; por lo que la investigación será seguida por el fuero penal económico (anticorrupción).
Tras la investigación, Godoy agravó la calificación legal asignada inicialmente a la causa: estafa en grado de tentativa.
En el caso de Kraisman se le imputó el “uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal en grado de tentativa en calidad de coautor”.
Por su parte, Castro debe ser investigada por la de “falsificación de documento privado” y “uso de documento nacional de identidad correspondiente a otra persona y defraudación calificada en perjuicio de la administración pública en concurso ideal en grado de tentativa”.
“Luego del diligenciamiento de diversas medidas de prueba, se pudo determinar que la maniobra perpetrada por los imputados tenía como objetivo procurarse dinero perteneciente al erario público”, informó el Ministerio Público Fiscal. Como Castro se desempeñaba al momento de intentar la presunta estafa como funcionaria pública, el expediente fue girado al fuero anticorrupción.
El caso
El escándalo se inició el 17 de enero, cuando Kraisman –histórico jefe del PJ en la seccional 12– y la funcionaria municipal de su confianza Luciana Castro llegaron a una sucursal del Banco de Córdoba para intentar cobrar el salario y el aguinaldo de una otra mujer, Virginia Martínez, portando el DNI de la misma.
Martínez tenía un contrato en la Legislatura provincial, y Kraisman y Castro procuraban apropiarse del salario de la mujer. Sin embargo, Martínez asegura que jamás trabajó en la Unicameral y que nada sabía de la existencia de un contrato a su nombre.
Kraisman tiene una larga trayectoria en el peronismo de la ciudad de Córdoba y hasta fue convencional en la asamblea constituyente que redactó la Carta Orgánica de la Ciudad. Luego fue concejal y funcionario municipal hasta que en septiembre del año pasado lo apresaron intentando robar fiambre en un supermercado, por lo que fue expulsado por Daniel Passerini del gobierno municipal.
En el fuero penal económico, la causa podría tomar otro vuelo si la Justicia se decide a ampliar la pesquisa sobre la eventual contratación de “ñoquis” en la Legislatura provincial.
