La Justicia Federal de Quilmes llevó adelante 24 allanamientos en comedores, merenderos y depósitos de organizaciones sociales que están involucrados en presuntos casos de extorsión contra beneficiarios del programa de Potenciar Trabajo y defraudación a la administración pública.
En ese marco, en varios allanamientos hallaron alimentos vencidos y en mal estado que fueron recibidos en el mes de enero y no se entregaron a quienes estaban destinados.
El expediente está a cargo del juez Luis Armella y el secretario Diego Quiroga y cuenta con alrededor de 40 imputados. Pertenecen a las organizaciones Movimiento Evita, Barrios de Pie, Libres del Sur, Polo Obrero, La Dignidad Confluencia, MTD Teresa Rodríguez, y CTD-Aníbal Verón, entre otras, según detalló Infobae.
Secuestraron a documentos, planillas de asistencia a movilizaciones, cuadernos, computadoras y otros objetos relacionados a la causa.
Además, en un depósito que le pertenece a la organización piquetera de izquierda MTD-Teresa Rodríguez ubicado en la localidad de Florencio Varela hallaron “alimentos podridos”: había leche en polvo, harina, pan, yerba y polenta.
De acuerdo a lo indicado por los responsables del lugar, estos alimentos fueron entregados “en enero por la provincia de Buenos Aires y no tuvimos tiempo de repartirlos”. La Justicia todavía no se refirió a si ese es el verdadero origen de la comida o no.
Desde el juzgado pidieron la intervención del Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, ya que en otros comedores también hallaron alimentos, aunque no tantos como en el depósito mencionado anteriormente. Se pidió también que la dirección de Bromatología de la localidad tome muestras para realizar análisis.
La investigación contra los dirigentes sociales es por “extorsión” y “facturas truchas”, comenzó en el juzgado federal de Sebastián Casanello y en la fiscalía de Sergio Pollicita y tiene al menos una derivación de máxima importancia en el juzgado federal de Luis Armella.
Se investiga a más de 80 responsables y referentes de merenderos, comedores y otros lugares, además de cooperativas de trabajo que utilizaban la misma metodología.
La mayoría de las organizaciones investigadas integran la Unión Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y entre ellas destacan el Movimiento Evita, que encabeza Emilio Pérsico; Barrios de Pie, de Daniel Menéndez y la Corriente Clasista y Combativa de Juan Carlos Alderete, reiteró Infobae.
Además, la Justicia también ordenó pesquisas a organizaciones piqueteras de izquierda como el Polo Obrero, referenciado en Eduardo Belliboni, Libres del Sur, su principal líder es Silvia Saravia, el Frente de Trabajadores Combativos (FTC) y, entre otros, el MTD-Movimiento Teresa Rodríguez.
Vale mencionar que al juzgado de Armella recayeron en mayo dos expedientes en los cuales Casanello se declaró incompetente porque las llamadas al 134, el número habilitado por el Ministerio de Seguridad de la Nación para realizar denuncias por las presiones que recibían los beneficiarios de planes sociales, habían surgido de domicilios de localidades bonaerenses como Berazategui, Florencio Varela, Quilmes y Avellaneda, cuya jurisdicción correspondía al Juzgado Federal Quilmes.
Entonces, el magistrado y su secretario, Diego Quiroga, dividieron las dos causas en 44 expedientes agrupados en movimientos sociales, agrupaciones políticas, piqueteras, etc.
Las diligencias judiciales y de investigación en el campo se canalizan a través de Prefectura Naval argentina, una de las fuerzas federales.
