La Cámara Federal de Mendoza emitió un habeas corpus exigiendo a la dictadura de Nicolás Maduro información sobre el paradero y las condiciones de detención del gendarme argentino Nahuel Agustín Gallo, secuestrado en Venezuela desde principios de diciembre. La incertidumbre sobre su estado de salud es alarmante, con el presidente de la Cámara, Gustavo Castiñeira de Dios, admitiendo: “No sabemos ni siquiera si está vivo”.
Gallo fue detenido entre el 8 y 9 de diciembre al cruzar la frontera desde Colombia. Su familia afirma que su intención era visitar a su esposa e hijo, pero el régimen venezolano lo acusa de participar en “planes terroristas”. Desde entonces, su paradero es desconocido, con el único reconocimiento oficial proveniente de Diosdado Cabello, figura clave del chavismo.
Qué pide la Justicia argentina
La Justicia argentina, a través de la Cámara Federal de Mendoza, ha tomado medidas contundentes ante la falta de información y la violación de los derechos humanos de Gallo. Se ha ordenado:
- Exhortar al régimen venezolano a revelar de inmediato la ubicación de Gallo, las razones de su detención y la autoridad judicial a cargo de su caso.
- Facilitar el contacto con sus familiares y permitirle asesoramiento legal.
- Abrir una causa penal para investigar una posible “desaparición forzada de personas”.
El fallo judicial busca garantizar el derecho a la vida y la libertad de Gallo, así como su acceso al debido proceso, asesoramiento jurídico y contacto con su familia.
El caso ha generado preocupación en Argentina, con la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciando que el fallo será enviado a Venezuela a través de la vía consular en Brasil.
Castiñeira de Dios ha enfatizado la solidez jurídica del fallo, destacando que tiene peso ante instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos e incluso la Corte Penal Internacional.
La falta de respuesta por parte del régimen de Maduro genera gran inquietud y refuerza las sospechas de que Gallo podría ser utilizado como herramienta de negociación política. La comunidad internacional observa con atención el desarrollo del caso, esperando que Venezuela cumpla con sus obligaciones en materia de derechos humanos.
