“Quiero desterrar eso de que el fin justifica los medios”. Si bien no es una sentencia firme, sí tuvo firmeza la frase del titular del Juzgado de Control N°10 Juan Manuel Fernández López, al ser consultado por La Voz sobre el criterio de la Justicia provincial sobre las protestas piqueteras.
El magistrado en los próximos días deberá decidir si da lugar al pedido de un grupo de vecinos del centro de la ciudad de Córdoba ante el “avasallamiento y las perturbaciones permanentes, irrestrictas e ilegítimas” que habrían provocado las manifestaciones.
Tras dos audiencias en las que participaron el fiscal General de la Provincia, Juan Manuel Delgado, el secretario de Seguridad, Claudio Stampalija, la jefa de Policía, Liliana Zárate y los funcionarios municipales Juan Manuel Aráoz (Tribunal de Faltas) y Daniel Varizat (asesor letrado), el juez los volverá a reunir antes de tomar una resolución judicial para que el gobierno provincial actué contra los piquetes.
Solo resta que la Municipalidad presente en la Justicia el informe sobre el impacto de las manifestaciones en el ejercicio de sus funciones y en los bienes y el espacio públicos.
“Se llegó a un punto crítico, este habeas corpus marcó un antes y un después”, sostuvo Fernández López. “No recuerdo que se haya planteado anteriormente la búsqueda de una solución con esta profundidad en Córdoba”, agregó el juez.
Por estos días se está definiendo si en el futuro seguirá habiendo piquetes, cortes y acampes en el Centro de Córdoba o si la Policía deberá impedirlos siempre. La intervención judicial ocurrió por una presentación de vecinos que pidieron que la Justicia impida que las manifestaciones provoquen inconvenientes en la vida de cientos de miles de ciudadanos y causen daños económicos a comerciantes.
Fernández López señaló que están haciendo un seguimiento de las manifestaciones piqueteras –como se hizo público el jueves de la semana pasada– e insistió en que se debe “atacar penalmente a los referentes de las organizaciones” que promueven los cortes de calles. “No hay que confundir a la sociedad, porque molestar a los otros no es la única forma de protesta, hay otros métodos”, advirtió el magistrado al recordar que Mendoza logró prohibir los piquetes.
El fiscal que suele intervenir en las protestas céntricas, Ernesto De Aragón, tiene una opinión muy diferente. Cultor de la mesura sostuvo a La Voz que “no hubo una gravitación en las manifestaciones piqueteras” y lamentó que los piqueteros no hayan acampado el 15 de febrero como sucedió en Buenos Aires “para mostrar que se puede hacer en un marco de respeto”.
La principal diferencia que radica en los pasillos judiciales refiere a nivel de tolerancia contra los piqueteros. “De Aragón todavía discute si es o no un delito. No se puede distorsionar el texto de la ley”, sostuvo Fernández López.
Para Fernández López “no hay colisión de derechos” porque el único derecho que se vulnera es el “de los vecinos a la libre circulación, a que transite libremente una ambulancia, a que un comerciante pueda abrir su negocio”.
La Justicia provincial tiene en claro que todos los días existen cortes y tomas de espacios públicos en la ciudad de Córdoba y se debe tomar con prontitud una decisión al respecto. “La sentencia judicial tendrá efecto autoritativo, deberá ajustarse a derecho y ser aplicable materialmente, es decir que no se aleje totalmente de la realidad”, consideró Fernández López.
¿Operativo policial desmedido?
Sobre la denuncia de los referentes de la Unidad Piquetera respecto de que el operativo policial del 15 de febrero fue desmedido, De Aragón reconoció que en el último acampe de 2022, que contó con el aval judicial, los manifestantes no respetaron lo acordado: “Colocaron las carpas donde quisieron” y al pedirles que se reubiquen “decidieron no mover un dedo” y por lo tanto en la última manifestación se “ajustaron los controles” para evitar que se vuelva a vulnerar el derecho a la libre circulación. “Los piqueteros tienen una actitud caprichosa si no se hace las cosas como ellos quieren”, expresó.
De Aragón respondió a las críticas de los piqueteros que manifestaron internamente que la Policía los quiso “encerrar como pájaros”. “Se les ofreció todo el cantero central del Bv. Chacabuco y una extensión de ser necesario, pero no aceptaron la delimitación y se victimizaron”.
