La Justicia de Córdoba le otorgó este jueves la libertad a Guillermo Kraisman. Lo hizo mediante una resolución del juzgado de Control a cargo del juez Gustavo Hidalgo.
Kraisman estaba preso desde enero de este año, luego del escándalo por haber tratado de cobrar el sueldo de una empleada (Virginia Martínez) de la Legislatura de Córdoba. La acusación es “defraudación en grado de tentativa”.
La libertad significó para el dirigente peronista una caución de 20 millones de pesos.
De todas maneras, la causa en su contra ya fue elevada a juicio y ese proceso se mantiene. La diferencia es que no esperará preso en Bouwer sino en libertad.
Juicio
En agosto pasado, la Fiscalía de Instrucción en lo Penal Económico de Segunda Nominación, a cargo de Franco Mondino, pidió la elevación a juicio contra el exconcejal y exfuncionario justicialista, en el marco de la causa que investiga la contratación de una supuesta “empleada fantasma” en la Legislatura provincial.
El fiscal lo considera probable autor responsable del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública en grado de tentativa.
El expediente se inició en enero, cuando Kraisman y Luciana Castro fueron detenidos en una sucursal de Bancor intentando retirar cerca de un millón de pesos de la cuenta sueldo de Martínez, quien figuraba como empleada de la Legislatura pero que –según la investigación– nunca prestó servicios allí.
Martínez negó conocer a Kraisman o haber tenido vínculo laboral con la Legislatura, pero el fiscal Mondino detectó contradicciones en sus declaraciones, lo que derivó en la imputación por falso testimonio.
La Justicia también investigó a la madre de Martínez, Patricia Defunchio, quien tenía una relación con Kraisman como vecinos. Se siguió la pista si esta mujer fue quien habría facilitado un Documento Nacional de Identidad vencido a Kraisman, con el que intentó, junto con Castro, cobrar el salario en la entidad bancaria.
A fines de julio, el fiscal Anticorrupción, quien ya había indagado a Defunchio por ser presunta partícipe necesaria de tentativa de defraudación a la administración pública, pidió el sobreseimiento luego de la realización de una pericia psiquiátrica que determinó que es “inimputable”.
