La Justicia asentó un nuevo revés a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al rechazar el pedido de su defensa para evitar la ejecución de sus bienes, una medida ordenada tras su condena en la mediática Causa Vialidad. La decisión fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2.
Los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso fueron contundentes al desestimar el planteo de la exmandataria. Según los magistrados, la denuncia de “arbitrariedad” presentada por la defensa no es más que una “discrepancia con la decisión del tribunal de cumplir con lo anunciado”: intimar a las partes a abonar la suma determinada en la sentencia definitiva, actualizada por un organismo técnico como el Cuerpo de Peritos Contadores de la CSJN.
Los jueces señalaron que ninguno de los argumentos introducidos logra anular lo decidido, sino que sólo exponen el desacuerdo de la parte con una postura judicial contraria a sus intereses.
En cuanto al argumento de una supuesta “doble vara” en el cálculo del monto, el Tribunal Oral Federal 2 aclaró que calificar un método como “razonable” no implica que sea “ideal”, sino que sirvió para resolver una cuestión puntual y dar respuesta a una necesidad concreta de actualización de ciertos conceptos.
Además, la sentencia remarca que el pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión es ya “inconmovible por haberse agotado las vías recursivas”. Los miembros del tribunal fueron tajantes, afirmando que “forzar una supuesta excepción dirigida específicamente a una persona –en este caso, Cristina Elisabet Fernández de Kirchner–, es hacer decir a los fallos algo más –y distinto– de lo que dicen”.
Los argumentos de la defensa de Cristina Kirchner
La expresidenta, en su presentación, volvió a cuestionar el método utilizado por el cuerpo de peritos de la Corte Suprema para calcular el monto a devolver. Argumentó que la cifra “se tomó como definitiva sin debate previo, afectando el derecho de defensa y el principio de juez natural”.
Cristina Kirchner insistió en que “no tuvo ni tiene en su patrimonio cosas que hayan servido para cometer el hecho enjuiciado en autos, ni tampoco bienes o ganancias que resulten el producto o el provecho del referido episodio, y por ende, sean decomisables”.
La defensa centró su argumento en que los peritos utilizaron el índice de precios al consumidor del Indec sin justificar su elección, y no, por ejemplo, tasas bancarias.
La defensa, a cargo de Beraldi, aseveró que la suma resultante es “técnicamente inadecuada, genera valores artificialmente altos y es contraria a precedentes”. Recordaron que en otros expedientes vinculados a Vialidad, como Hotesur-Los Sauces, se utilizó la tasa pasiva del BNA, lo que, según su óptica, “arrojaría cifras 100 veces menores”. Por ello, solicitaron la suspensión de la medida “hasta que haya sentencia firme sobre el monto”.
Todo lo expuesto, según Cristina Fernández de Kirchner, representa un trato “desigual y arbitrario”. La expresidenta adelantó que, de considerarlo necesario, recurrirá a la Corte Suprema de Justicia de la Nación y a “organismos internacionales competentes en materia de derechos humanos” para revertir la medida.
Cabe destacar que, si bien el Tribunal Oral Federal 2 rechazó su pedido, la Cámara Federal de Casación Penal aún tendrá que determinar si la cifra ordenada por el TOF 2, respecto al dinero que los condenados deben devolverle al Estado, es correcta. Además, Casación deberá resolver si es correcto el índice usado para actualizar el monto a devolver, el cual fue cuestionado por la defensa de la expresidenta.
