La jueza federal María Eugenia Capuchetti rechazó este lunes un pedido de prescripción en la causa que investiga presuntos sobornos pagados por la empresa brasileña Odebrecht a exfuncionarios argentinos para la ampliación de dos gasoductos.
Entre los imputados se encuentran el exministro de Planificación Julio De Vido, y el exsecretario de Energía Daniel Cameron.
La decisión de la juez revitaliza una investigación que ha atravesado múltiples instancias judiciales desde su inicio en 2007.
El planteo de prescripción fue presentado inicialmente por la defensa de Marcio Faria Da Silva, exejecutivo y delator de Odebrecht, argumentando que los supuestos delitos habrían ocurrido entre 2004 y 2006, o, según otras fuentes, entre 2013 y 2014, superando en ambos casos el plazo máximo de seis años para la acción penal.
A este pedido se sumaron otras defensas y la Fiscalía.
Sin embargo, la jueza Capuchetti consideró que no se cumplen las condiciones para declarar la prescripción, permitiendo que la investigación continúe su curso.
Contexto del caso Odebrecht en Argentina
El escándalo de corrupción de Odebrecht, una de las mayores constructoras de Brasil, tuvo repercusiones en varios países de América Latina, incluyendo Argentina.
En diciembre de 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht pagó aproximadamente 35 millones de dólares en sobornos a funcionarios argentinos entre 2007 y 2014 para obtener contratos de obras públicas.
En Argentina, las investigaciones se centraron en proyectos como la ampliación de los gasoductos TGN y TGS, y la construcción de plantas potabilizadoras de AySA. Estas obras fueron adjudicadas durante la gestión de De Vido en el Ministerio de Planificación.
Las pesquisas buscan determinar si se pagaron sobornos para asegurar dichas adjudicaciones y quiénes fueron los beneficiarios de estos pagos ilícitos.
Implicaciones de la decisión judicial
La negativa a declarar la prescripción por parte de la jueza significa que la causa seguirá adelante, manteniendo bajo investigación a exfuncionarios y empresarios implicados. Este fallo subraya la intención del Poder Judicial de esclarecer uno de los casos de corrupción más resonantes de los últimos años en el país.
La continuidad de esta causa es observada de cerca tanto a nivel nacional como internacional, dado el alcance del escándalo Odebrecht y sus implicaciones en la transparencia y legalidad de las contrataciones públicas en Argentina.
Odebrecht y Córdoba
La decisión de Capuchetti no solo impacta a nivel nacional, sino que también pone en foco las implicaciones del caso en Córdoba, donde la empresa brasileña tuvo una participación significativa en proyectos de infraestructura.
En Córdoba, el escándalo dejó su huella, especialmente en relación con los proyectos de gasoductos troncales. Durante la administración de José Manuel de la Sota se licitaron estas obras, y aunque inicialmente no se adjudicaron a Odebrecht, la empresa brasileña mostró interés en participar.
Posteriormente, durante la gestión de Juan Schiaretti se realizaron nuevos concursos en los que Odebrecht sí resultó adjudicataria de seis de los 10 tramos de los gasoductos.
Sin embargo, las sospechas de irregularidades surgieron cuando se reveló que la empresa habría pagado sobornos para obtener contratos en diversas partes del país. En Córdoba, aunque las obras de gasoductos fueron licitadas en 2015, la Justicia provincial archivó una causa, argumentando que los supuestos sobornos se habrían pagado hasta 2014 (antes de la licitación de las obras en cuestión).
