La Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación admitió el amparo por mora presentado por La Voz del Interior SA contra la Vicegobernación de Córdoba. El recurso fue presentado el viernes pasado, vencido el plazo legal para la respuesta de un pedido de información pública que había sido presentado el 12 de febrero a la máxima autoridad de la Legislatura de Córdoba, la vicegobernadora Myrian Prunotto.
Los datos que solicitó La Voz se relacionan con la cantidad de empleados que tiene la Legislatura. Sobre todo, se pidió información respecto de la cantidad de contratados, sus nombres y su distribución entre los bloques y los legisladores provinciales.
El interés periodístico sobre el tema surge del escándalo que rodeó la detención del dirigente peronista Guillermo Kraisman y de una empleada municipal cuando intentaban extraer un millón de pesos con un DNI de otra persona en una sucursal Bancor. La cuenta estaba a nombre de una supuesta contratada de la Legislatura de Córdoba que, al parecer, nunca había pisado la Unicameral. Tras ese episodio, la Vicegobernación informó que eran más de mil los contratados, además del personal estable, pero nunca explicó a qué se dedican esos empleados ni cómo están asignados.
La Cámara receptó el amparo por mora el viernes y hoy lo admitió. Además, citó y emplazó a la demandada para que, en el término de cinco días, “produzca informe sobre el objeto del amparo, pudiendo en el mismo término solicitar participación y contestar la demanda”. Fueron notificadas también la Provincia de Córdoba y la Procuración del Tesoro.
El recurso de amparo por mora fue presentado el viernes 28, dos días después de que venciera el plazo de 10 días hábiles que la ley provincial 8.803 (Ley de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado) fija como límite para la respuesta oficial a la requisitoria ciudadana. Esa norma también, sancionada en 1999 a instancias del entonces gobernador José Manuel de la Sota, establece que el plazo puede prorrogarse 10 días más si así lo solicita y fundamenta la dependencia a la que se le pide información, lo que en este caso no ocurrió.
El jueves 27, un día después de vencido el plazo, un e-mail del prosecretario administrativo de la Unicameral, Darío Yacob, adujo que los datos no serían brindados ya que –en virtud de la ley 10.618 de Procedimientos Administrativos– debieron ser solicitados por Cidi, algo que no establece la ley 8.803.
En ningún momento se hizo referencia a esa condición de ingresar por Cidi la nota cuando el pedido de información fue receptado en la Mesa de Entradas de la Legislatura de Córdoba. No obstante, este medio debió insistir –tuvo que intevenir la secretaria de Prunotto– para que el pedido de información fuese recibido, ya que inicialmente el personal de la Mesa de Entadas se negó a darle curso.
