Un día después de que el Senado rechazara investigar a Javier Milei por la promoción de $Libra, fue la Justicia la que comenzó el proceso contra el presidente y los empresarios vinculados al proyecto de la criptomoneda. El fiscal federal Eduardo Taiano dio inicio este viernes a una investigación para determinar si el jefe de Estado y los actores privados cometieron los delitos de estafa, tráfico de influencias, abuso de autoridad y cohecho.
La jueza federal María Servini, que había recolectado 112 denuncias contra Milei, delegó la investigación en el fiscal Taiano, quien consideró que hay elementos suficientes para avanzar en la causa penal contra el presidente y ordenó las primeras medidas de prueba. Por el momento no indagará a su hermana, la secretaria general Karina Milei, ni al asesor Santiago Caputo.
Los otros investigados serán los empresarios cripto Hayden Mark Davis (Kelsier Ventures) y Julian Peh (Kip Network); Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, organizadores del foro tecnológico Tech Forum donde expuso Milei; y Sergio Morales, asesor del directorio de la Comisión Nacional de Valores y también participante de ese evento realizado en octubre de 2024 en el hotel porteño Libertador.
El fiscal intentará “establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar que rodearon a la creación y lanzamiento de $Libra y qué participación tuvieron” el presidente y los empresarios. Para eso, requirió colaboración de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia “en la preservación y recuperación de evidencia”, y además solicitó informes al Banco Central, la Comisión Nacional de Valores, la Inspección General de Justicia (IGJ) y empresas privadas.
La causa se inició el pasado lunes a raíz de una denuncia formulada por el exdiputado Claudio Lozano, que relata cómo la cotización de la criptomoneda tuvo una suba exponencial (de U$S0,01 a U$S5) gracias a la difusión que le dio Milei en redes sociales el viernes 14 de febrero.
Sin embargo, “a las pocas horas, esa cotización se desplomó, debido a operaciones de venta que habría concretado el equipo creador del token, principales tenedores del activo, y otros actores que habrían accedido a información privilegiada respecto del lanzamiento, lo que habría posibilitado el retiro de aproximadamente U$S100 millones”.
Según la denuncia original, la maniobra ahora bajo investigación habría generado una “pérdida de valor en las tenencias de más de 40.000 personas que habían comprado el token, luego de la publicación del presidente”.
La postura del PRO
Tras los primeros movimientos del fiscal Taiano, el PRO, con Mauricio Macri a la cabeza, reivindicó la investigación judicial y rechazó el avance de una requisa en el Congreso. “La Justicia debe investigar, el Congreso legislar. Nuestro rol es exigir que la Justicia investigue y no intentar reemplazar a la Justicia”, aseveró el partido en un comunicado.
El PRO sostuvo que las comisiones investigadoras del Parlamento no están pensadas para investigar delitos, sino como “un medio para cumplir las funciones propias del Poder Legislativo: elaborar leyes y ejercer el control institucional”. A su vez, sostuvo que “la búsqueda de la verdad no debe prestarse a maniobras de oportunismo político” y reclamó una investigación judicial “pronta y exhaustiva”.
El bloque de senadores del PRO (con excepción de la larretista Guadalupe Tagliaferri) fue uno de los que rechazó este jueves la creación de una comisión investigadora en la Cámara alta. El proyecto había sido presentado por un grupo de radicales, pero fue boicoteado desde la propia UCR, bajo presión de los gobernadores, y fracasó por tan solo un voto.
En Diputados, el PRO tampoco acompaña ninguna ofensiva parlamentaria contra Milei, y la UCR también toma distancia. En el bloque de Rodrigo De Loredo solo hubo un pedido de acceso a la información presentado por la bonaerense Karina Banfi, quien había utilizado el mismo mecanismo para indagar sobre el uso de los fondos públicos que hacía la exprimera dama Fabiola Yáñez.
La resistencia del PRO y la UCR está apalancada en los gobernadores: Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Alfredo Cornejo (Mendoza) e Ignacio Torres (Chubut) encomendaron a sus legisladores no complicar a Milei, al igual que el mandatario cordobés Martín Llaryora. Pese a ello, parte del arco opositor trabajará para definir una estrategia a partir del 1ro de marzo, cuando comiencen las sesiones ordinarias.
Ofensiva opositora
La opción del juicio político es la que menos posibilidades de prosperar tiene. El proyecto fue ingresado formalmente por Unión por la Patria el jueves, pero no tiene posibilidades de prosperar porque, salvo la izquierda, ningún otro bloque lo acompaña. El kirchnerismo no tiene la mayoría necesaria para dictaminar en la comisión (le faltan tres firmas) ni mucho menos los dos tercios que se necesitan para acusar a Milei en el recinto.
Por otra parte, la creación de una comisión investigadora, propuesta por el bloque radical Democracia para Siempre, podría correr la misma suerte que en el Senado. Mientras hay diputados que se resignan a esa idea, otros quieren insistir, como la cordobesa Natalia De la Sota, del sector más duro de Encuentro Federal.
“El Congreso de la Nación tiene facultades para controlar sin superponerse con el Poder Judicial. Hoy ganó la falta de compromiso, pero hay que insistir. Es necesario aprobar una comisión que investigue los hechos gravísimos que involucran al Poder Ejecutivo”, enfatizó De la Sota, en una argumentación contraria a la del PRO.
Ante las dudas por la comisión investigadora, cobró fuerza la posibilidad de ir por la interpelación a funcionarios. El proyecto que hay sobre la mesa pertenece a Nicolás Massot (Encuentro Federal) y pide que se presenten a dar explicaciones en el recinto Karina Milei; el jefe de Gabinete, Guillermo Francos; el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y el vocero Manuel Adorni.
En Diputados, el último antecedente de una interpelación data de julio de 1995, cuando concurrieron los ministros de Economía, Domingo Cavallo, y de Trabajo, Armando Caro Figueroa, a informar sobre la desocupación. En el Senado, la última interpelación fue en abril de 1996: también Cavallo respondió preguntas sobre temas impositivos.
La semana próxima el Congreso volverá a estar de receso, pero Unión por la Patria activó una reunión informativa en Diputados con especialistas en informática y tratamiento automatizado de la información, para hablar sobre el manejo de las criptomonedas y la prevención de estafas. Será en la Comisión de Comunicaciones e Informática, que preside el cordobés Pablo Carro, el martes a las 15.
