Cuando el radical Carlos Felpeto, por entonces intendente de Carlos Paz, acudió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para reclamar que se lo habilite a participar por tercera vez consecutiva en una elección municipal, chocó contra la férrea negativa de los vocales, quienes argumentnaron que la alternacia es “el mecanismo adecuado para evitar la perpetuación de las personas en la ocupación de cargos electivos”.
Aquel fallo, elaborado por el Alto Tribunal en 2011, sentó jurisprudencia, corriente contra la cual bracea 11 años después un grupo de intendentes del departamento Río Cuarto, quienes insistirán en pedirle a la Justicia que habilite lo que la ley impide: competir por una re-reelección más. La última, prometen.
En febrero de 2011, Felpeto, acompañado por el Comité Provincia de la UCR, se presentó ante el TSJ con la intención de impugnar dos claúsulas de la Carta Orgánica Municipal, que había sido sancionada en esa ciudad cuatro años antes, en 2007.
La claúsula transitoria
La carta magna comunal establecía (en la claúsula transitoria novena) que los mandatos del período 2003-2007 debían “ser considerados como primer período a los fines de la reelección”, por lo que Felpeto finalizaba en 2011 su segundo período consecutivo. Como se recordará, la ley provincial 10406, sancionada en diciembre de 2016, fija que debe considerarse primer período el que abarca desde 2015 hasta 2019.
Felpeto planteó que esa norma transitoria “violaba principios de retroactividad de las leyes, igualdad y no discriminación para ser elegidos”. El caso parece calcado al actual planteo de los jefes comunales del sur provincial.
Ante la impugnación de la claúsula transitoria, los vocales Domingo Sesín, María Cafure de Battistelli, Aída Tarditti, Luis Rubio, Armando Andruet, Mercedes Blanc de Arabel y Carlos García Allocco dijeron que esa técnica legislativa es “conveniente” para “regir la coyuntura que se presenta entre el tránsito entre un régimen que pierde vigencia y aquel que lo ha de sustituir”.
La alternancia en el cargo
Luego, los vocales se abocaron analizar del meollo de la cuestión: si restringir las reelecciones afecta o no al derecho constitucional de ser votado. Entonces, concluyeron que limitar la reelección “se presenta como un estándar razonable en pos de la efectiva concreción de la periodicidad de funciones, propia de un sistema democrático y republicano de gobierno”.
Enterraron así una jurisprudencia anterior: la que le valió a Eduardo César Angeloz ser “habilitado” en 1991 para competir por un tercer período. ¿Qué cambió? En 1994 fue reformada la Constitución Nacional, imponiendo como criterio una única reelección para los cargos ejecutivos.
En ese sentido, y en una posición que podría caber ante este nuevo planteo de intendentes, los vocales del TSJ remarcaron: “La adopción del principio democrático de alternancia en el mando se postula como un mecanismo adecuado para la perpetuación de las personas en la ocupación de cargos electivos”.
La fuerza de ese criterio es tal que en 1999, cuando Carlos Menem intentó anular la claúsula transitoria que establecía que el período 1989-1995 era el primero, chocó de frente contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Menem no pudo hacerlo.
No a la “re-re”
Finalmente, los integrantes del máximo Tribunal de la Justicia cordobesa concluyeron ante el planteo de Felpeto que “no es admisible sostener que las normas limitadoras de la reelección son lesivas de principios constitucionales ya que justamente buscan preservar uno de los caracteres fundantes de nuestro sistema de gobierno establecido por la Constitución”, dijeron al empoderar al principio de la alternancia.
“Sólo configuraría una violación (al principio de igualdad frente al derecho político de ser elegido) si se le impidiera el acceso a un cargo a algún candidato hallándose en idéntica sutuación que otro”, dijeron los vocales del TSJ. “Ello no acontece (en el caso de Felpeto), toda vez que la veda a la posibilidad de reelección por más de un período se extiende a todos aquellos qque pretenden acceder a la intendencia (de Carlos Paz)”, remarcó el Tribunal Superior en ese fallo.
Agregaron los vocales: “La proscripción se configura cuando a un individuo se le prohíbe el acceso a un cargo por razones personales, raciales, ideológicas; en cambio, la inhabilidad para acceder a un tercer período consecutivo es de índole funcional, establecida para armonizar con el sistema de renovación”. No son palabras de los vocales del TSJ, sino que hicieron propios los conceptos del por entonces ministro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Gustavo Bossert, quien rechazó los fundamentos de Menem en 1999.
Aunque cada caso es particular, los pilares del razonamiento de aquel Tribunal Superior de Justicia parecen firmes: la Constitución Nacional es la misma y el planteo de los intendentes, idéntico al que los vocales le rechazaran a Felpeto hace 11 años.
Por ahora, la ley provincial que cuestionan los intendentes también impide a los legisladores provinciales presentarse para un tercer período consecutivo. Sin embargo, no hay jurisprudencia del TSJ al respecto.
Un observador de Tribunales advierte que en la Constitución Nacional no se restringe la competencia permanente para los parlamentos. Resta saber si alguno de los legisladores afectados por la normativa que aprobó con su mano al levantarla el 1 de diciembre de 2016, regresará sobre sus pasos y hará una presentación por barandilla.
