“Lo peor que le puede pasar a Oscar es que perdamos las elecciones. Tiene que ser inteligente y descomprimir”, fue la sentencia de un encumbrado funcionario schiarettista sobre la situación del legislador Oscar González, el día del acto de lanzamiento de Martín Llaryora como candidato a gobernador oficialista.
Aquella definición fue un adelanto de lo que sucedería después, con un alto costo político para el PJ.
En aquel momento, sólo habían transcurrido 48 horas del tremendo accidente que protagonizó el entonces presidente provisorio de la Legislatura y que le costó la vida a la docente Alejandra Bengoa y heridas graves a dos adolescentes que aún pelean por sus vidas.
Pese a los gestos de intento de fortaleza política de aquel acto de lanzamiento, se percibió una preocupación latente por el accidente que había protagonizado González. Este estado deliberativo en el PJ se alimentó de manera sideral en los últimos días.
El miércoles pasado, González pidió licencia por seis meses. Antes hubo una negociación entre el ahora licenciado legislador y las máximas autoridades de la Legislatura.
El vicegobernador Manuel Calvo; el presidente del bloque oficialista, Francisco Fortuna, y hasta el ministro de Gobierno y Seguridad, Julián López, tuvieron varios contactos telefónicos con González.
Quien más trabajó para convencerlo de que diera un paso al costado fue Fortuna: entre martes y miércoles pasados, habló más de dos horas con su colega y compañero de generación peronista.
Las fuentes oficiales aseguran que el gobernador Juan Schiaretti no tuvo contactos con el legislador. Se mantuvo distante.
El pedido –con manto de “sugerencia”– fue que renunciara a la banca. González, un experimentado de la política, eligió un camino intermedio: licencia por seis meses.
Es probable que no vuelva a su banca, pero el legislador de Traslasierra se conservó una cuota mínima de negociación, para no quedar a la intemperie, en el llano, un lugar poco deseado para quien desde hace muchos años está bajo el abrigo del poder.
Pero, sin dudas, en lo político quedó aislado. Esta sensación hubiera sido más fuerte si el legislador hubiese sido testigo de la acalorada discusión reservada en el bloque oficialista. La mayoría quería que se le exigiera la renuncia. “Nadie lo defendió”, admitió un peronista.
Finalmente, alumbró un acuerdo para un frágil control de daños. Hacemos por Córdoba votó la licencia hasta el 1º de mayo. Algunos sacaron los pies del plato, algo inédito en los 23 años del PJ en el poder.
Julio Bañuelos y Alfredo Altamirano, legisladores del departamento San Alberto y residentes en Mina Clavero, el lugar donde vivía la víctima fatal del choque, no votaron la licencia. Además, avisaron a sus pares que harían público el pedido de renuncia del parlamentario caído en desgracia.
González es un dirigente que acumuló tanto poder como enemigos internos, en su larga trayectoria. Fue ministro en la primera y en la tercera gestiones delasotistas, también en el mandato inicial de Schiaretti, y llevaba una década como tercera autoridad provincial.
Otros dos históricos peronistas, los exministros delasotistas Carlos Alesandri y Walter Saieg, tampoco votaron su licencia. Sin hacer ruido para no agitar aún más la caliente interna oficialista, se ausentaron al momento de votar.
Las diferencias y no acatar una decisión que se tomó en el más alto nivel del Gobierno son extraños en el PJ.
Esto marca el desafío que tendrá Llaryora de cerrar heridas, de cara a la campaña que ya arrancó para el oficialismo, con muchos contratiempos.
Hora de definiciones
Schiaretti partirá este domingo en una visita oficial a Abu Dhabi, justo cuando Llaryora estará regresando desde Estados Unidos.
El gobernador retomará las actividades oficiales el 21 de este mes, en medio del arranque del Mundial de Qatar. Ya anunció a su mesa chica que diciembre podría ser un mes de definiciones “fuertes”.
No hay que descartar que anuncie la fecha de las elecciones provinciales. También el mes próximo se sabrá si hay o no re-reelecciones para cargos electivos. Hay distintas alternativas. Schiaretti ya dijo que dejará esta decisión a los legisladores.
¿Quién creerá que si se voltea el artículo 7 de la ley 10.406, que impide la “re-re”, no se deba a una decisión que tenga el aval del Centro Cívico? A veces, el voluntarismo es enemigo de la política.
Schiaretti y Llaryora reflotarán el objetivo de ampliar la coalición oficialista convocando a radicales y a dirigentes del PRO que no digieren una eventual candidatura de Luis Juez.
Algunos peronistas desconfían de esta estrategia. “Le facilitaremos la tarea al ‘Petiso’ (por Juez). Les sacaremos a dirigentes que nunca lo aceptarán, pero que tienen pocos votos propios”, argumentó un oficialista.
Como se dijo en esta columna, en un momento de inusual desconcierto en el PJ, las miradas se posaron en la vereda de enfrente. Los oficialismos siempre pueden, o al menos tratan de influir, en el armado opositor.
Y Schiaretti una vez más lo va a intentar. Apelará a dirigentes locales y también a referentes nacionales de Juntos por el Cambio.
Los opositores cordobeses aseguran que aprendieron la lección por la dispersión suicida de 2019. Eso está por verse. Y el PJ los pondrá a prueba.
