La legisladora del MST-Nueva Izquierda, Luciana Echevarría, denunció en la Justicia al parlamentario oficialista suspendido, Oscar González, por malversación de recursos públicos y falseamiento malicioso de documentos públicos.
La presentación la realizó Echevarría después de que en la Unicameral cordobesa solicitara el pedido de expulsión del cuerpo legislativo, tras el siniestro vial que participó en el que murió una docente y dos menores quedaron heridas. En esta presentación judicial ante la Fiscalía Distrito 3, turno 4, solicitó que se lo investigue por malversación de caudales y efectos públicos y por ocultamiento o falseamiento maliciosos de datos en declaraciones juradas obligatorias.
“Lo que vimos las últimas semanas sobre este impune dirigente es realmente insultante para el pueblo cordobés. Oscar González cometió todo tipo de delitos antes, durante y después del crimen vial que protagonizó contra Alejandra, Alexa y Marina y eso es lo que denuncié. Tanto la utilización discrecional de vehículos asignados por el Tribunal Superior de Justicia para actividades que nada tenían que ver con su función legislativa, como la licencia de conducir obtenida en un lugar sin registro de antecedentes”, dijo Echevarría.
Como pruebas, la legisladora aportó en la presentación la declaración patrimonial de González y dos informes de la Dirección de Catastro con información sobre dos inmuebles.
“Las increíbles mentiras sobre el valor de sus bienes en sus declaraciones juradas constituyen delitos. Es claro que este hombre debería estar preso e inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos”, agregó.
La legisladora de la izquierda ya había cuestionado en el recinto legislativo la declaración de bienes de González, con cifras por debajo de los precios de mercado.
Los bienes que se le cuestionan
“La declaración jurada de González es un verdadero escándalo, declaró que el lujoso palacio que tiene en San Javier es más barato que un aire acondicionado, dijo que un departamento en Nueva Córdoba le costó 35.000pesos; una cochera en el mismo barrio, 20.000 pesos; un lote, 10 centavos y otras cifras desopilantes. Es una burla a toda la sociedad y, además, queda claro que miente porque no puede justificar el origen de los fondos con los que adquirió esos bienes”, expresó.
“Intentaron cuidarlo en la Legislatura y se negaron a apoyar la expulsión que solicitamos. Pero nosotros queremos llegar hasta el final y vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que esta persona no ocupe nunca más un cargo en la función pública y pague por todas sus delitos y faltas”, aseguró.
