En otra instancia de conciliación en la Justicia tras el amparo presentado por La Voz del Interior, el procurador del Tesoro de la Provincia, Mariano Armando Andruet, presentó el martes un nuevo documento con datos sobre los contratados de la Legislatura de Córdoba.
La información fue entregada en la Cámara Contencioso Administrativa de 1ª nominación e incluyó en esta presentación las categorías o niveles en que revisten 128 personas contratadas que, según la Provincia, son “empleados legislativos de planta no permanente afectados a las 30 comisiones permanentes y a ocho comisiones especiales constituidas (de las 29 creadas por ley)” con que cuenta la Legislatura de Córdoba.
Los niveles van de 1 a 7, de los cuales el primero es el de mayor rango.
Los nombres de los contratados por la Unicameral cordobesa habían sido difundidos el viernes 28 de marzo, cuando en el sitio web de la Legislatura se dio a conocer una lista que incluyó un total de 1.054 asistentes legislativos, tras un pedido de acceso de información pública y un amparo por mora presentado por La Voz.
Sobre este total de contratados, se informó en esa oportunidad que 343 asesoran y reportan a alguno de los 70 legisladores provinciales, mientras que otros 711 contratados no tenían descripta su asignación.
Hasta este martes por la tarde, el portal de datos abiertos de la Legislatura de Córdoba, sitio donde los ciudadanos pueden acceder a esta información, tiene esta misma nómina publicada con los nombres, aunque sin precisar en qué categoría está el personal, ni adónde se desempeñan los 711 trabajadores, ya sea en comisiones, bloques o direcciones.
En la Justicia, en cambio, el 11 de abril último (también en una instancia de una audiencia de conciliación), el procurador del Tesoro de la Provincia, Andruet, presentó un informe parcial con el detalle de 128 contratados que prestan tareas en comisiones, sin que se completaran las tareas asignadas a la totalidad de los 711.
En esa oportunidad, se hizo notar que la información no indicaba los niveles de cada uno de los 128 contratados.
Para brindar esa información, tal como La Voz del Interior lo había requerido en el pedido de acceso a la información pública y luego en el amparo por mora, se solicitó un plazo adicional de cinco días hábiles, que venció este lunes, pero la Provincia hizo uso de la facultad de ingresar la documentación en las dos primeras horas del siguiente día, o sea este martes.
Sin embargo, resta que se informen las áreas y categorías o niveles de 583 contratados por la Unicameral, los que no fueron designados ni como asesores de legisladores ni como asistentes de comisiones, por lo que en la Justicia no se informó el área en la que trabajan.
Hasta la fecha se conoce: la nómina de 343 asesores que reportan a legisladores y otros 128 que trabajan en comisiones, sin que se complete la información del total de 1.054 personas.
El pedido de información
El pedido de acceso a la información fue presentado por La Voz el 12 de febrero pasado, y en él se solicitó de manera explícita que se diera cuenta del “nombre y apellido”, además de “las categorías” de los contratados con que cuenta la Legislatura de Córdoba.
En esa instancia, y pese a la insistencia de este medio, no hubo una respuesta oficial antes del vencimiento del plazo de 10 días hábiles que establece la ley 8.803, de Acceso al Conocimiento de los Actos del Estado.
Por ello, el 26 de febrero se planteó ante la Justicia un amparo por mora. La solicitud había sido presentada a la vicegobernadora Myrian Prunotto, máxima autoridad de la Legislatura, mediante una nota firmada por el director periodístico del diario, Carlos Jornet, y la editora de Política, Virginia Guevara. La semana pasada, Jornet y Guevara ingresaron un pedido de ampliación de información para conocer a qué tareas están asignados los 583 contratados que no reportan a las comisiones ni directamente a los legisladores.
Los estándares internacionales en materia de acceso a la información pública tienden a una política de transparencia activa, que no dependa de un requerimiento concreto, sino que ponga la información más completa a disposición de la comunidad para facilitar el control ciudadano sobre el accionar del Estado.
