Al menos 85 exintendentes que estuvieron impedidos de buscar una re-reelección en 2023 están contratados por la Legislatura de Córdoba, según se desprende de un relevamiento que hizo La Voz con el listado que el viernes publicó el Poder Legislativo.
El número podría variar, puesto que la nómina no incluye el DNI de los contratados, por lo que el cruce se hizo sobre la base de los nombres y la consulta a fuentes del Gobierno provincial.
Para estos exintendentes, la Legislatura funcionó como una bolsa de trabajo. Todos estaban impedidos de buscar una re-reelección en los comicios de 2023 por la entrada en vigencia de la ley 10.406, que modificó el Código Electoral y puso ese límite.
Así, ensayaron distintas estrategias para conservar el poder territorial. Algunos, por ejemplo, postularon a sus hijos, esposas u otros familiares de confianza.
Sin embargo, pese a esto, muchos perdieron. En ese contexto la Legislatura funcionó como un gran contenedor.
Aunque el grueso corresponde al peronismo y sus aliados, también hay exintendentes del radicalismo.
Un caso curioso, por así llamarlo, es el de Claudio Tripiana, el exjefe comunal de Los Pozos. Fue elegido intendente en 2015 por Unión Vecinal, con el apoyo de la justicialista Tania Kyshakevych. Enfrentó al radicalismo, aunque es afiliado a ese partido. Cuando no pudo ser re-reelecto, impulsó a su hermano Leonardo, que ahora es el jefe comunal por la UCR.
Claudio está contratado como asesor del legislador radical Sebastián Peralta, del bloque Construyendo Córdoba. Escena de cordobesismo implícito.
Otro ejemplo de cómo funciona el contenedor de la Legislatura es el caso de Dique Chico, la localidad del departamento Santa María: dos exjefes comunales están contratados. El anterior, Alfredo Nilo, y también quien lo antecedió, Abel Cistaro.
La enemistad entre ellos es tal que ambos cruzaron denuncias en la Fiscalía de Alta Gracia: Nilo acusó a Cistaro de usurpación de cargo. Luego, Cistaro acusó a Nilo de malversación de fondos. Hoy conviven en la Unicameral.
De los exintendentes contratados por la Legislatura, 70 son peronistas, 13 son radicales y dos son de la Unión Vecinal: Orlando Brusa, de Ballesteros, y Carolina Jara, de la vecina Ballesteros Sud. Ambos, en el inicio de sus gestiones (2015), coquetearon con el PRO, jugaron en Unión por la Patria y terminaron en Hacemos Unidos por Córdoba.
70 peronistas, una “Legislatura propia”
Además Nilo, los exintendentes peronistas impedidos para presentarse a una “re-re” que están contratados son: Claudio Peña (Villa San Isidro), César Abramenia (Villa Gutiérrez), Elio Aguirre (Atahona), Gustavo Aimar (Colonia Videla), Gerardo Allende (Santa Eufemia), Edgar Altamirano (Panaholma), Ulises Altamirano (Luyaba), Oscar Alvarracín (Lucio V. Mansilla), Jorge González Arroyo (El Arañado) Silvio Artuso (Assunta), Carlos Baigorria (Porteña) y Juan Horacio Becerra (Los Mistoles).
La lista sigue con Carlos Benítez (Huanchilla), Carola Bertotti (El Rastreador), Víctor Blengino (Colonia San Pedro), César Briguera (San Marcos Sierras), Gustavo Bustos (Chañar Viejo), Carlos Calvo (Los Cisnes), Jorge Carbelo (Media Naranja), Edgardo Castro (Cañada de Río Pinto), Miguel Cerutti (Riobamba) y Claudio Chavero (Santa Rosa de Calamuchita).
La nómina incluye también a Carlos Cuello (Las Peñas), José De Lucca (Villa del Totoral), Jorge Díaz (La Playa), Martín Echaniz (Villa Rossi), Rosana Fava (Pacheco de Melo), Jorge Ferratto (Villa San Esteban), Rodolfo Filipponi (Pascanas), Cynthia Frus (Ana Zumarán), Lorenzo Gauto (Colonia Barge), Edgardo Girotti (Lozada), Franco Gómez (Rafael García) y Carlos González (Esquina).
Asimismo figuran entre los contratados los exintendentes peronistas Raúl González (Rayo Cortado), Daniel Guzmán (Tala Cañada), Pedro Lauret (Avellaneda), Lorenzo López (Rosario de Saladillo), Sergio Ludueña (Rincón), Marcelo Luque (General Roca), Walter Maidana (Tosno), Julio Mantovani (Villa Amancay), Francisco Martínez (La Población) y Silvia Martínez (Los Molinos).
Aparecen igualmente en el listado Jorge Merlo (Valle de Anisacate), Marcelo Migliore (Ballesteros Sud), Andrés Miguillón (Villa Ciudad de América), Rubén Moine (San Basilio), Matías Montoto (Huerta Grande), Néstor Nievas (Arroyo de los Patos), Carlos Ochoa (Simbolar), Mauro Oviedo (Las Calles), Mauricio Pajón (Ausonia), José Paredes (Los Hornillos), Néstor Pasero (Las Peñas Sud), Ricardo Reynoso (Chaján), Carlos Rodríguez (Plaza de las Mercedes) y Juan Romero (Sauce Arriba).
Finalmente, están en la lista del personal contratado Miriam Signorile (Pincén), Domingo Soria (Guanaco Muerto), Alejandro Sosa (La Rancherita), Hugo Suárez (Los Cedros), Noel Tomatis (Las Acequias), Eusebio Torres (Dalmacio Vélez), Víctor Vera (Tancacha), Ulises Viale (Impira), Cristian Villalón (Manfredi), Héctor Villarreal (Gutemberg) y José Villegas (Puesto de Castro).
Hay tantos exintendentes del peronismo contratados como asesores como cantidad de legisladores: 70. A ese bloque falta sumar a los dos exintendentes del vecinalismo filo peronista.
Los 13 radicales
En el caso de los exintendentes radicales, además de Tripiana, el listado está compuesto por Daniel Salibi (Mendiolaza), Fernando Brasca (La Puerta), Fernando Gramaglia (Alcira Gigena), Mauricio Jachula (El Brete), Nelson Luján (Villa del Prado), Favián Luna (Candelaria Sud), José Muguerza (Guatimozín), Luis Poloni (Chucul), Emiliano Ribodino (Toro Pujio), David Sánchez (Cruz de Caña), Daniel Tappero (Carrilobo) y Víctor Zuin (Justiniano Posse).
De estos 12 intendentes que no podían presentarse a una re-reelección, sólo dos debieron traspasar el poder a jefes comunales de otro signo político: Salibi perdió ante Adela Arning, del PRO; y Favián Luna tuvo que entregarle la comuna de Candelaria Sud a Claudio Dante Luna, su hermano peronista. Sí, leyó bien: su hermano.
Otro dato curioso: cuando Salibi perdió el poder en Mendiolaza, fue cobijado por la Unicameral. Allí también está contratado Nicolás Martínez Dalke. Ambos se habían enfrentado en 2019, cuando el radical ganó por última vez por un puñado de votos.
La partida para contratados subió 370%
Los datos indican que durante el primer año de presidencia de Prunotto hubo un incremento de los recursos para el pago de salarios. En 2023, la Legislatura ejecutó en el pago de haberes 4.278 millones de pesos para la planta permanente y 3.685 millones para el personal contratado. Fueron 7.963 millones de pesos durante el último año de Schiaretti y Manuel Calvo al frente de la Provincia.
En 2024, ya con Martín Llaryora instalado en el Centro Cívico y Prunotto sentada en la silla principal de la Legislatura, el pago de salarios al personal efectivo demandó 10.908,8 millones de pesos, y para los contratados se utilizaron 14.317,3 millones, una suma total de 25.226,1 millones de pesos, es decir un salto de 217 por ciento, cuando la inflación acumulada ese año fue de 118 por ciento.
Si se analiza sólo la partida para el pago de personal contratado, el incremento fue de 370 por ciento, mientras que la partida para el personal efectivo tuvo un aumento de 155 por ciento, cercano a la inflación.
Este informe fue editado el domingo a las 15, tras ampliarse o precisarse algunos datos.
