La ley de emergencia en discapacidad ya está lista para ser promulgada. El Senado giró este lunes la norma al Poder Ejecutivo tras el contundente rechazo al veto de Javier Milei, quien está obligado a acatar. En el Congreso, la oposición permanece en estado de guardia y exige reasignar las partidas que sean necesarias para cumplir con la compensación a los prestadores y las demás disposiciones.
“La emergencia en discapacidad es ley y hay que ponerla en marcha. El Senado ya envió la comunicación correspondiente al Ejecutivo”, informó el diputado Daniel Arroyo, autor del proyecto original, al encabezar este martes una reunión de la Comisión de Discapacidad que sirvió para mantener el tema en agenda. “Vamos a hacer un seguimiento desde esta comisión”, agregó el legislador de Unión por la Patria.
Arroyo explicó que ahora el jefe de Gabinete deberá reasignar partidas presupuestarias para volcarlas en la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), que deberá ejecutar la ley. Esto, explicó el diputado, permitirá entre otras cosas “reordenar el nomenclador” a través de una compensación a los prestadores al mes diciembre de 2023 y la actualización de los aranceles por inflación hacia adelante.
La oposición también avanza en otros frentes. Diputados de Democracia para Siempre, la UCR, Encuentro Federal y la Coalición Cívica encabezados por una radical crítica, Mariela Coletta, le enviaron una nota a Miguel Pichetto, titular de la Bicameral Mixta Revisora de Cuentas, para pedir que la AGN (Auditoría General de la Nación) audite los contratos de la Andis con la droguería Suizo Argentina.
“Resulta imprescindible llevar adelante un control externo del funcionamiento de la Andis que despeje dudas sobre su labor en general y, muy específicamente, sobre el presunto pago de sobornos en los contratos suscriptos con la droguería Suizo Argentina”, indica la misiva. Cabe recordar que la AGN no tiene auditores designados por el Congreso y se sostiene con el cuerpo técnico.
¿Cambios en la Andis?
La comisión liderada por Arroyo también avanzó con un proyecto del diputado Juan Marino (Unión por la Patria) para normalizar, democratizar y transparentar la Andis, que está intervenida por Alejandro Vilches, tras las denuncias de pago de coimas reveladas en los audios del extitular del organismo, Diego Spagnuolo.
“La Andis está funcionando cada vez peor. Vilches no tiene firma, siguen las colas desde las 4 de la mañana en la Andis, de personas a las que igual les dan de baja la pensión, y surgió el escándalo de las 1.000 bajas diarias que habían definido de manera arbitraria, coaccionando a trabajadores de Andis a dar esas bajas a cambio de horas extra”, advirtió Marino.
En el mismo sentido, los peronistas Eduardo Valdés y Victoria Tolosa Paz exigieron dejar de lado las suspensiones de las pensiones. “¿Qué pasa con los funcionarios que premiaban empleados para dar de baja pensiones? Esa gente sigue ahí y tiene que atender a quienes fueron damnificados por su acción criminal. Spagnuolo dijo en los audios que le ordenaban dar de baja las pensiones sin auditorías médicas”, advirtió Valdés.
El proyecto de Marino propone reemplazar la actual conducción unipersonal y discrecional de la Andis por una Comisión Directiva Colegiada de siete miembros: un presidente y un vicepresidente designados por el Ejecutivo; dos vocales en nombre del Cofedis (Consejo Federal de Discapacidad) y otros tres vocales en nombre de las asociaciones civiles abocadas al tema.
Alejandro Vilca (Frente de Izquierda), vicepresidente de la comisión, acompañó la idea. “Tiene que haber un órgano democrático que le de participación a las organizaciones de discapacidad”, coincidió. Además, pidió hacer agregados al proyecto para “reincorporar a más de 400 trabajadores despedidos de la Andis desde que asumió el Gobierno” y “disponer el pase a planta permanente de todos los empleados”.
Un libertario, el tucumano Gerardo Huesen, intentó frenar el dictamen y reclamó que el proyecto sea analizado primero en asesores, tras quejarse de un debate “muy arrebatado”. “Dan lástima. Quieren sacarle rédito político al tema”, denunció. Pero Arroyo siguió adelante y pasó el proyecto a la firma. De todos modos, el oficialismo podrá paralizar el trámite en la otra comisión interviniente, la de Asuntos Constitucionales, que preside Nicolás Mayoraz.
