El proyecto de ley de financiamiento de Universidades Nacionales que debate el Congreso Nacional implicaría un gasto adicional para este ejercicio de $ 738.595 millones, equivalente a 0,14% del PBI, según estimó la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC).
La iniciativa ya tiene media sanción de la Cámara de Diputados y espera por su tratamiento en el Senado que podría concretarse la próxima semana.
La ley es un nuevo desafío al Poder Ejecutivo dado que pega directamente en el corazón de la política económica, ya que obliga a un mayor gasto y expone nuevamente al presidente Javier Milei a un veto antipático o a recortes en otras áreas de gobierno.
El informe de la OPC se divulgó este jueves en medio de la discusión legislativa y cuando la Cámara Baja ya había dado su voto positivo. Fue a pedido de la presidencia de la Comisión de Presupuesto y Hacienda del Senado.
Según detalló el trabajo el aumento del gasto en $ 738.595 se compone de la siguiente manera: $ 441.600 millones (0,08% del PBI) adicionales para recomposición salarial del personal docente y no docente; $ 210.742 millones (0,04%) por actualización por IPC anual 2023 de los gastos de funcionamiento, y $ 86.254 millones (0,02%) por la actualización bimestral por IPC 2024 de esos mismos gastos. (Esta división obedece a que la ley con media sanción propone actualizar los créditos presupuestarios para gastos de funcionamiento al inicio del ejercicio 2024 por la variación anual del Indice de Precios al Consumidor (IPC) de 2023 y luego, bimestralmente, ajustar el monto resultante por el IPC descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año).
A su vez, la subdivisión de los gastos de funcionamiento tienen el siguiente desglose: $ 228.906 millones adicionales para “Asistencia para el funcionamiento universitario” (servicios y demás gastos corrientes); $ 40.859 millones para “Fortalecimiento de la Ciencia y Técnica en Universidades”, $ 19,530 millones para “Asistencia a los Hospitales Universitarios” y $ 7.700 millones para “Fortalecimiento de la Actividad de Extensión Universitaria”.
Con relación a los salarios, las remuneraciones de los docentes demandarían un presupuesto adicional de $ 277.187 millones, mientras que las de los no docentes insumiría $ 164.413 millones extras.
Los números que ofrece la OPC muestran que en el caso del financiamiento universitario el costo es aproximadamente un tercio de lo que demanda la ley de movilidad jubilatoria que el presidente Javier Milei, se apresta a vetar.
Desde el oficialismo defienden la actual estructura presupuestaria marcando que 2024 contempla partidas para las universidades por $ 3 billones contra $ 1,4 billones del ejercicio 2023, lo cual implica un alza de 120%, que estaría en línea con la inflación proyectada para el año. Cabe recordar que el ejercicio de este año se ejecuta con el presupuesto 2023 prorrogado, con actualizaciones discrecionales por parte del Poder Ejecutivo.
Para esquivar esta discrecionalidad y marcarle la cancha al gobierno libertario, es que la oposición avanzó en un proyecto de ley que en la Cámara de Diputados fue aprobado con 143 votos afirmativos, 77 negativos y 1 abstención.
Este jueves se reunió la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores que quedó a cargo de Eduardo “Wado” De Pedro, mientras que aún resta definir la vicepresidencia que estará a cargo de la Unión Cívica Radical. Se acordó que el martes próximo se trate el proyecto en un Plenario de Comisiones de Presupuesto y Hacienda y se habría alcanzado un acuerdo entre los presidente de los bloques para que se debate el jueves en el recinto.
De Pedro reveló que dialogó con el presidente del bloque de La Libertad Avanza, el jujeño Ezequiel Atauche, quien se comprometió a realizar el plenario el martes desde las 17. La situación del bloque oficialista no resulta cómoda ante la minoría que expresa y mucho más tras la salida del formoseño Francisco Paoltroni, con lo cual se expone a otro revés para el Ejecutivo.
En otro orden, la senadora por Río Negro, Mónica Silva (Juntos Somos Río Negro), pidió también se trate el proyecto de la esencialidad educativa que no avanzó en diputados.
A su turno, la cordobesa Carmen Alvarez Rivero (Juntos por el Cambio) destacó el proyecto de enseñanza de matemáticas que se implementó en la provincia de Chubut.
