Antes de cumplir dos meses en el poder, el presidente Javier Milei decidió dinamitar todos los puentes hacia cualquier idea de consenso y apeló al “casta o pueblo”. Un formato preliminar de la intención de gobernar por decreto y buscar legitimidad a fuerza de referendos.
Tras constatar la evidencia de que la “ley ómnibus” con la que aspiraba a refundar el país bajo matriz libertaria no tenía aval en el Congreso Nacional, anoche anunció desde Jerusalén que continuará su programa “con o sin apoyo” del Poder Legislativo. Urge que La Libertad Avanza explique a qué se refiere el Presidente.
Milei reaccionó como si lo hubiese sorprendido que los legisladores a los que despreció desde el momento mismo en que juró el 10 de diciembre y los gobernadores a los que trató de extorsionadores –los únicos que tenían diálogo con el Gobierno– restringieran el alcance de la extraordinaria delegación de facultades que había solicitado.
El amateurismo de las espadas legislativas del Gobierno, la incapacidad en la generación de acuerdos y la inflexibilidad de Milei a la hora de ceder en materia fiscal ante las provincias no se condicen con la debilidad extrema que La Libertad Avanza tiene en el Congreso. Ese era el riesgo principal de su proyecto desde el día uno. Y eso fue lo que ocurrió ayer en el Congreso.
Cuesta creer el nivel de impericia exhibido en los últimos días: fueron errores tan groseros que parecieron adrede. El viernes pasado quedó en claro en la votación en general que el tratamiento en particular iba a suponer la caída de numerosos artículos: sólo tenían que cambiar de opinión 15 diputados y desde los sectores “dialoguistas” advertían que no habría acompañamiento a libro cerrado.
El Gobierno tuvo tiempo desde el viernes hasta ayer a la tarde para buscar consenso para los artículos clave. Durante todo el fin de semana los gobernadores y jefes de bancada esperaron en vano que hubiese una convocatoria oficial, que no llegó. Recién ayer por la mañana el ministro Guillermo Francos convocó a las apuradas y por Zoom a los gobernadores de Juntos por el Cambio. Evidentemente, el Gobierno entendió que ahí había obtenido un acuerdo que luego se corroboró inexistente.
El gobernador de Córdoba, Martín Llaryora, ni siquiera fue convocado a esa reunión. Desde la semana pasada, condicionó el apoyo de los legisladores del peronismo cordobés a la coparticipación del Impuesto Pais. Había aceptado por momentos dejar de lado ese reclamo si obtenía garantías de que la Anses giraría los recursos que le corresponden a la Caja de Jubilaciones de Córdoba, pero pasaron los días y ese objetivo ayer tampoco estuvo asegurado.
Los diputados de Llaryora hicieron sentir ese desacuerdo a la hora de votar. Pero esos cinco votos –Natalia de la Sota se opuso también en la votación en general– no tienen la capacidad de definir la suerte de la “ley ómnibus”, como tampoco fueron suficientes los ruegos presidenciales en el Muro de los Lamentos para lograr lo que nunca se procuró a través de la negociación.
