En diciembre de 2024, 23 personas fueron contratadas por el Poder Legislativo para prestar alguna tarea, que nunca nadie especifica ni pregunta. Primera rareza: último mes del año, a horas del receso, la siempre mano alegre que firma contratos que pagan otros se dio el lujo de tomar a 23 agentes. Obvio, sin concurso, con pleno clima de motosierra en el Estado y con un clima de época furibundo en contra de los privilegios que gozan quienes se sirven de la cosa pública.
Oh, casualidad: cuatro nombres de esa lista no están en el Excel con los 1.054 contratados que finalmente difundió la vicegobernadora Myrian Prunotto dos meses después de la detención del exconcejal Guillermo Kraisman. De uno de esos nombres se sabe todo. Virginia Martínez, hoy imputada, la empleada que dice que nunca firmó como contratada y cuyo salario Kraisman se presentó a cobrar sin tapujos. Según se ha dicho, su contrato fue dado de baja en enero.
Pero faltan otros tres: una persona de barrio Maipú, en la ciudad de Córdoba; otra de Villa María del Río Seco, y una tercera de barrio Centenario, también de Capital. Estaban en diciembre y hoy no figuran en el listado oficial. ¿Se fueron en comisión a otro lado? ¿Son parientes de alguna figura, que recapacitaron y pidieron no estar? ¿O son otras Virginias Martínez? Hay gente que se sabe que ahí trabaja y no figura, y otros a quienes les llegó la baja hace pocos días. Primera conclusión: la lista del 28 de marzo no es la que estaba al 31 de diciembre pasado.
Segunda conclusión: se confirma que la Legislatura es un aguantadero de la política, una especie de limbo adonde van a parar los perdedores, quienes se quedaron sin puesto o aquellos que terminaron mandato. Seguramente hay muchos que sí trabajan, pero el “sueldito” de la Legislatura es la changa que paga las vacaciones o el auto 0 km. Un ejemplo: en Alcira Gigena, la peronista María Amelia Chiófalo perdió las elecciones en 2023. Ganó la candidata de la UCR, Nanci Foresto, lo que representó la continuidad del partido de Fernando Gramaglia, quien gobernó Gigena hasta diciembre de 2023. Lo curioso es que los dos figuran como asesores: ¡el exintendente con mandato vencido (que no pudo reelegir) y la candidata que perdió! Hay al menos 85 intendentes que se quedaron sin re-re, pero están quienes gobernaban antes y quienes perdieron ahora. Un desquicio por donde se lo mire.
El tercer punto tiene que ver con la dimensión de la Legislatura y su producción. Son 70 legisladores, que tienen 343 asesores directos. Pero además hay 711 asistentes legislativos no permanentes (que no tienen funciones específicas), al menos 287 monotributistas y 389 empleados de planta. Son 1.730, más que la planta de Fiat. La cantidad de empleados arroja un promedio de 25 por legislador: eso es lo que tiene cada uno, una pyme íntegra a su servicio. ¿Para qué?
En 2024 se aprobaron en la Legislatura 79 leyes, de las cuales el 97% fue presentado por el Poder Ejecutivo. Poca iniciativa propia.
De esas 79, 16 fueron aprobación de nuevos radios de comunas y 42 fueron adhesiones a fechas ilustres, beneplácitos varios o nombramientos de espacios públicos, como el puente peatonal que conecta el parque Las Heras-Elisa con la explaza Austria de la ciudad de Córdoba, que pasó a nombrarse Enfermeras Heroínas de Malvinas; bautizar como Gobernador Justo Páez Molina al mirador panorámico de la ruta Nº 34, cerca de Las Jarillas; declarar de interés cultural, religioso y turístico el Camino de Brochero, o designar como “pueblo belgraniano” a Chalacea. ¿Para eso tanta gente?
Todo el combo cuesta –al menos así se presupuestó– $ 36 mil millones en 2025. Es un tercio de lo que cuesta la cárcel de máxima seguridad que se anunció este lunes para mil detenidos.
Se presumía que quien tiene el poder y demoró 68 días en hacer pública la lista iba a meter mano, y eso pasó. En el despacho de Prunotto insisten en que el gasto al inicio de su gestión era del 0,4% y ahora bajó al 0,36%. El tema es que gratis son caros.
